EscucharEl Instituto Nacional de Infraestructura Vial y la Unops han sido caras ocurrencias para el país. El primero, por no pasar de ser una propuesta y, el segundo, porque ha resultado inoperante para acelerar el rezago en infraestructura y la reducción de costos, y porque no ha sido transparente.
La Unops, dependencia de las Naciones Unidas para la construcción de infraestructura se ha amparado en inmunidades para no hacer públicos sus procesos de contratación pese a tratarse de fondos de los contribuyentes y en un área donde, por el caso Odebrecht, hoy más que nunca se requiere transparencia.
Amparados en un convenio con el Conavi y las inmunidades otorgadas por la Carta de las Naciones Unidas, la Unops le ha negado a la Contraloría General de la República y a los oferentes el acceso irrestricto a los expedientes y las adjudicaciones, impidiendo el control de la primera y el debido proceso, a los segundos.
Como consecuencia, la Contraloría anuló la adjudicación de la ampliación del puente sobre el río Virilla, en la ruta 32, las obras en la intersección en la rotonda de las Garantías Sociales y el colector del río María Aguilar. Quedan también pendientes de resolver recursos ante la Sala Constitucional.
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Curiosamente, similar reticencia a compartir información (financiera) ha tenido el ICE, que con la protección del Consejo de Gobierno se ha negado a hacer públicos sus números, acogiéndose a una inconveniente norma que le permite hacerlo a las instituciones que se encuentran en competencia con el sector privado.
Tampoco ha habido celeridad, lo que no ha impedido que el gobierno le haya girado decenas de millones a la Unops pese a la escuálida ejecución. La inoperancia ha sido tal que esta legislatura ha tenido que aprobar dos leyes de expropiaciones porque la primera no funcionó.
Lo peor del caso es que estamos ante una compleja disyuntiva: por un lado, no funcionó y, por el otro, hay millones de dólares ya desembolsados. ¿Ahora qué hacer? La Unops ha sido en Costa Rica una institución inoperante, a diferencia de otros países donde sí ha funcionado por contar estos con una débil institucionalidad. En nuestro caso, no lo ha hecho; además, en detrimento de la transparencia y el debido proceso. Aquí se evidencia que el tomar atajos no siempre es una buena estrategia.
La autora es politóloga.
