EscucharEl país apostó desde el 2008, al aprobar la Ley General de Telecomunicaciones y la creación de Fonatel, por un sistema de comunicaciones e Internet basado en el principio solidario de acceso universal.
Pese a contar con recursos, que es siempre la justificación para no actuar, la Sutel es la entidad con el superávit más grande en el país, el cual alcanza ¢228.000 millones, lo que motivó al ministro de Hacienda a incluirla en el proyecto que tomará los presupuestos no ejecutados de varias instituciones.
El envío de los niños y jóvenes a sus hogares por la covid-19 desnudó el mal aprovechamiento de estos recursos. Mientras las escuelas privadas continúan dando clases en línea, la mayoría de los alumnos de escuelas y colegios públicos no cuentan con los recursos para recibir educación de forma remota.
Según datos del INEC, mucho más recientes que los brindados por la Sutel, en cuyo portal el último informe accesible es el del 2018, el 86,3 % de las viviendas tienen acceso a Internet. Este es un dato que induce al error si desagregamos la información.
La encuesta nacional de hogares del 2019 indica que, de la totalidad de las viviendas en el país, es decir, 1.578.161, reciben el servicio de Internet un 89,3 % de las viviendas urbanas y solo un 78,6 % de las rurales, lo cual muestra la situación de desventaja de estas últimas, que se agrava aún más cuando vemos quiénes cuentan con por lo menos una computadora en el hogar, sin conocer sus características, nivel de velocidad de la conexión y grado de obsolescencia.
Quizás, lo más representativo de una sociedad totalmente inequitativa es el tipo de acceso a Internet: mientras en la zona urbana el acceso es por cable coaxial (51 %) y fibra óptica (9,6 %), en la rural estas dos categorías ascienden respectivamente al 25,6 % y al 4 %. En los dispositivos móviles, en la zona urbana ascienden al 32,5 % y en la rural, al 62,7 %.
En palabras claras y tristes, los porcentajes desnudan la terrible desigualdad que sufren miles de niños y jóvenes para quienes estudiar sin computadora, sin conexión o con conexión precaria a través de un dispositivo móvil invalida el mandato nacional de acceso solidario universal. Lo triste es que la Sutel tenga recursos desaprovechados por más de 10 años y haya creado, así, más barreras al desarrollo.
La autora es politóloga.
