El Programa Macroeconómico 2019–2020 parte de un supuesto fiscal a partir del cual se gestan dos escenarios. Que entre el 2019 y el 2020 el gobierno obtendrá recursos por colocación de eurobonos y por créditos multilaterales. Si se cumple, irá menos al mercado interno a pedir prestado, con lo cual suavizará la presión alcista sobre las tasas de interés, amén de que dejará más recursos disponibles para los sectores productivos. El crecimiento estimado para el presente año sería un 3,2 %.
En el segundo escenario, el gobierno se financiaría internamente, dejaría menos recursos para el sector productivo, las tasas subirían, desestimularía la producción y el crecimiento sería un 2,1 %. En cualquiera de los dos supuestos, el crecimiento estará en función del comportamiento de la tasa de interés (será la femme fatale de la película).
Lo bueno es que la economía todavía muestra un indicador de crecimiento positivo, lo no tan bueno es que sus tasas de variación son cada vez menores; la economía crece, pero cada vez más débilmente.
Por un lado, como señaló la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), en el 2018, las exportaciones de bienes crecieron un 6 %, las de zonas francas un 13 % y las de fuera de zonas francas solo un 2 %. Aumentaron las exportaciones de piña, dispositivos médicos, medicamentos y partes electrónicas; disminuyeron las de banano, azúcar y jugos de frutas. Las exportaciones de servicios crecieron un 5 %.
Hubo mejora en viajes, telecomunicaciones y servicios empresariales, y desmejora en transporte. Algo meritorio: el aparato exportador representa la tercera parte de la producción interna, un 34 %. El reto: cómo el plan de reactivación económica propiciará un mayor crecimiento de las empresas fuera de las zonas francas.
Consumo. El menor ritmo de crecimiento económico responde a un menor consumo familiar debido a un decaído sentimiento de confianza (de 0 a 100 puntos, en mayo del 2018, 45 puntos; en agosto, 35 puntos; en noviembre, 28 puntos; y, en febrero 2019, 35 puntos) y la incertidumbre para la toma de decisiones y el deterioro del ingreso disponible por los niveles de endeudamiento, sobre todo, en un contexto de presiones alcistas en tasas de interés y más volatilidad en el tipo de cambio.
En esta misma secuencia, el consumo del Gobierno ha amainado tanto por las medidas de contención anunciadas como por la desactivación parcial en los sectores salud y educación dada la huelga. El Programa Macroeconómico reflejó que el crecimiento para el 2018 era de un 3,1%, pero la huelga le restó un 0,4 %, por lo cual cerró en un 2,7 %.
A fines del enero 2019, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) manifestó “la necesidad de medidas urgentes para impulsar el crecimiento económico”, la Cámara de Comercio reclamó al gobierno “acciones concretas contra la informalidad” laboral y, en febrero pasado, los gremios esperaban soluciones del gobierno para reactivar las actividades económicas.
Inter nos: ¿Acaso en cinco meses Zapote no ha coordinado y comunicado lo suficiente como para que el sector empresarial plantee reclamos de profundo calado?
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reveló que unas 56.000 microempresas cerraron el año pasado, con la consecuencia de una menor actividad productiva y pérdida de 170.000 puestos. ¿Qué ofrecen las Propuestas de Acciones para la Reactivación Económica de la administración Alvarado para minimizar cierres y estimular aperturas de microempresas cuya expectativa es generar trabajos?
El desempleo, en el último trimestre del 2018, se ubicó en el 12 % (un año antes fue un 9,3 %). Según el INEC, el 43 % de los desocupados están entre los 15 y los 24 años, con la ingrata característica de tener la secundaria incompleta. Uno de los pilares de todo plan de reactivación es minimizar la deserción de la educación primaria y secundaria.
Fiscalidad. El déficit primario (ingresos menos gastos) fue de un 2,4 % (unos ¢845.000 millones). El déficit financiero, que incorpora la cancelación de intereses (ingresos menos gastos menos intereses) cerró en un 3,6 % (cerca de ¢1,2 billones). Ambos deben reducirse, pero, especialmente, el segundo. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas están en una espiral nefasta de endeudarse para cancelar gasto corriente (remuneraciones, transferencias y deudas), que no retorna a la sociedad los beneficios de un mayor gasto productivo, o sea, en inversiones (obra pública).
Si esto último ocurriera, estimularía el crecimiento económico, lo cual fortalecería la recaudación impositiva, las funciones prestacionales del Estado, las oportunidades laborales y el bienestar social.
La precariedad hacendaria se viene acumulando desde años, por ello, las autoridades tramitan un permiso legislativo para pedir prestado en el exterior $6.000 millones (eurobonos, unos ¢3,6 billones), distribuidos en un sexenio. Se usarán para financiar el déficit y cancelar deudas. Con ello, el gobierno usaría la “tarjeta de crédito internacional”, no con fines productivos, sino para seguir pagando deudas.
Algunos legisladores, atinadamente, condicionan la aprobación a una mejora en las cifras fiscales. Asimismo, el Ministerio de Hacienda indicó que las emisiones, a partir de la segunda, podrán efectuarse solo si se cumple la regla fiscal. Ojalá.
Las calificadoras internacionales degradaron la nota de crédito a las emisiones costarricenses, como diríamos los pedestres, nos sonaron. Recordemos: los mercados internacionales no perdonan, cobran.
Desconocemos cuándo la Asamblea aprobará la emisión (¿este año, el siguiente?). Mientras tanto, es imperativo mejorar los resultados hacendarios a corto y mediano plazo con el objetivo de levantar la calificación de riesgo soberana para favorecer la eventual colocación de eurobonos.
Si mejora, la emisión se vendería con un mejor perfil de riesgo, en condiciones y plazos más favorables para el país.