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Ritos burocráticos

Una palabra de más en la certificación de un contador público desató los vientos de la tramitomanía

Sufrí la ordalía de actualizar mis datos en un banco estatal del que soy un modesto cliente. Me apersoné con temor al contagio, apurado porque bloquearon mis cuentas y mis acreedores daban signos de impaciencia. Llevé cédula de identidad, licencia de conducir, por si acaso, y copias de ambas. Además, dos constancias, una certificación de ingresos expedida por un contador público autorizado y recibos de luz, agua y teléfonos. También, constancias de estar al día en el pago de impuestos nacionales y municipales, boleta de vacunación contra la covid-19 y otros documentos que he olvidado.

Pertrechado de tan abrumador contingente de elementos de prueba, estaba persuadido de que todo saldría bien, que conseguiría desbloquear las cuentas, apaciguar a mis acreedores y volver sano y salvo a casa.

Pero me perdió una palabra de más en la certificación del contador: aunque argumenté hábilmente, no convencí al oficial bancario de lo insospechable de los datos que aquel batiburrillo de papeles demostraba. Fue necesario volver al contador, obtener otra certificación a satisfacción del banco, retribuir su trabajo, devolverme a las oficinas y comenzar de nuevo.

Seis horas después de empezar tan orondo mi aventura bancaria, salí de las oficinas exhausto, mas con la promesa de que, después de pasar los documentos el filtro del encargado de mi cuenta, en otra agencia, posiblemente aprobaría el examen final de la responsable de levantar el bloqueo.

No me quejo: al cabo de la jornada, las cuentas fueron desbloqueadas. Recordé entonces que en mis tiempos universitarios, cuando quise obtener un carné para sustituir otro que había perdido, la empleada a cargo rechazó mi petición si no presentaba el extraviado; que ahora mismo a mucha gente se la ha desoído porque sus cédulas de identidad habían vencido, pese al decreto que prorrogó su vigencia; o que una sociedad de seguros exige la cédula de identidad del difunto para atender peticiones legítimas de terceros supérstites, aunque disponga de una constancia de defunción y nadie conozca el paradero de este personalísimo documento.

Todo esto es peccata minuta. Peor le va al ministro que a diario deshoja la margarita a la espera de que la enigmática e impredecible auditoría del Estado refrende contratos de obras públicas, oportunamente.

carguedasr@dpilegal.com

El autor es exmagistrado.

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