Riesgos políticos contra la seguridad jurídica

La más graves son las que tienen como fin desmantelar las instituciones republicanas con intenciones autoritarias. En los últimos años, la trama típica de este ejercicio manipulador del poder han sido los procesos constituyentes o las resoluciones de los tribunales constitucionales tendentes a eliminar los límites a las reelecciones presidenciales, debilitar los frenos y contrapesos de la división de poderes y quitar independencia al poder electoral.

Ilustración de lo anterior fue cuando, en noviembre del 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia falló a favor de las intenciones del mandatario de reelegirse indefinidamente, después de que el presidente Evo Morales perdió el referendo del 2016, con el que intentó anular lo establecido en la Constitución acerca de que no se podía gobernar durante más de dos períodos consecutivos.

Así sucedió también en enero del 2014 en Nicaragua. La mayoría de los parlamentarios sandinistas aprobaron una reforma constitucional que cambió 40 artículos para, además de la reelección indefinida, permitir la elección del presidente en primera vuelta con mayoría simple y otorgarle a este, entre otros abusos, la facultad de emitir decretos con fuerza de ley.

Ni que decir de los excesos autorizados en las dos constituyentes instituidas por el chavismo en Venezuela, la primera de ellas en 1999 y la segunda, en el 2017. Esta última fue instaurada con la clara intención de burlar el resultado de las elecciones parlamentarias del 2015.

Otros son los cambios políticos con el propósito de modificar el sistema en provecho de intereses particulares, lo cual es el último grado en la escala de corrupción, pues algo peor que transgredir la ley es ajustarla a una interesada conveniencia. Como bien lo decía Saramago, refiriéndose a un ex primer ministro italiano: “No es que desobedezca leyes, sino, peor todavía, las manda fabricar para salvaguarda de sus intereses públicos y privados, de político empresario”.

En tercer orden, están las decisiones políticas que alteran las reglas del juego de la actividad productiva, especialmente, cuando esas medidas son de naturaleza absolutamente invasiva, como lo es prohibir totalmente actividades económicas, ejemplo de ello fueron los muchos años en que la venta de seguros fuera del alcance público estuvo prohibida, pese a ser una actividad económica que no era estratégica para el país.

O como cuando se prohibió la importación de aguacate Hass mexicano en la administración de Luis Guillermo Solís.

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La cuarta clasificación corresponde a las decisiones políticas que aumentan el costo de legalidad. Uno de los más graves problemas es la manía de la clase burocrática, claramente mediocre, que tiene la superstición de que la solución para resolver los desafíos es imponer cada vez más trámites, requisitos y condiciones al ciudadano, cuya consecuencia es el aumento del “costo de legalidad” o valor o precio, ya sea en horas de trabajo o en dinero en que las personas incurren para cumplir las exigencias que las autoridades públicas les demandan para operar.

Son los infinitos requisitos, permisos, patentes, impuestos, cargas públicas, tasas, multas, pagos profesionales, tiempos de espera y demás gestiones menores que se exigen para trabajar, emprender o sostener una empresa.

Mucho de ese costo de legalidad se difumina en acciones estériles, que no agregan valor real de encadenamiento, pues no derivan en la creación de algún bien social tangible. Peor aún, en muchas ocasiones, además de infecundo, bloquea y obstaculiza la productividad. Como afirma Hernando de Soto, así como las sociedades prósperas son aquellas donde es más fácil llevar a los hechos ideas, anhelos y aspiraciones empresariales que imaginan, en sentido contrario, las sociedades se empobrecen cuando es difícil materializar los sueños.

Es una relación proporcionalmente inversa: cuanto más fácil sea ejecutar nuestras quimeras, mayor prosperidad social, y cuanto más difícil sea la ejecución, menor será la prosperidad.

La quinta clasificación de acciones que atentan contra la seguridad jurídica emprendedora corresponde al abuso en el gasto público en bienes y servicios que no son inversión, o peor aún, la corrupción. Según el último informe del BID, la corrupción en América Latina le cuesta anualmente a la región $220.000 millones, cifra con la que se pudo haber solucionado la pobreza extrema en el subcontinente.

La sexta clasificación corresponde a las políticas que limitan las libertades fundamentales de los individuos, por ejemplo, cuando estaba prohibida la educación superior privada, vedando a la gente del derecho a la libertad educativa.

Por último, figuran las decisiones políticas que se toman sin respetar los procesos de gradualidad y que alteran la estabilidad institucional y económica. Sobre las leyes subliminales del poder, Robert Greene advertía sobre el peligro de excederse en los procesos de cambio o reforma.

Los cambios sin gradualidad generan caos e inestabilidad, incluso aquellos que se ejecutan de buena fe, por ejemplo, la imposición del paquete fiscal del 2018, aprobado con los votos de diputados del Partido Liberación Nacional, de los socialcristianos, del PAC y otras fracciones.

La reforma fiscal estableció el impuesto sobre el valor agregado (IVA) partiendo de un 13 %, lo que rompió la tradición de gradualidad que nos caracterizaba. Los impuestos nacieron siempre con una base impositiva razonable para, con el tiempo, ir en aumento, como pasó con el impuesto de ventas, que comenzó en un 5 %. El shock tributario originó en el 2019 una drástica caída en nuestros indicadores económicos.

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El autor es abogado constitucionalista.