Thelmo Vargas. 24 marzo

La deuda del sector público costarricense es la suma de lo que debe el Gobierno Central, el Banco Central, el ICE y los demás entes públicos (por razones metodológicas se excluye la de los bancos estatales y la del INS). La más alta es la primera y, según informó recientemente este medio, el año pasado el Ministerio de Hacienda pagó en intereses bastante más de un millón de millones de colones (¢1 seguido por doce ceros). El pago de intereses supera lo que el gobierno dedica a inversión en obra física y, claro está, estos se comieron recursos que pudieron haberse dedicado a mejorar edificios y comedores escolares, reforzar la seguridad ciudadana o a caminos vecinales, entre muchos otros propósitos de interés social.

Cada semana, el gobierno tico incurre en obligaciones por intereses que superan los ¢20.000 millones y cada hora no sé cuánto. El endeudamiento de nuestro sector público es demasiado alto. ¿Demasiado alto?, ¿con base en qué hace usted esa afirmación?, podría preguntárseme. Con base —respondería— en que a como están las cosas, en un plazo no muy lejano, los intereses terminarán comiéndose todos los recursos del presupuesto nacional. En efecto, importantes indicadores de las finanzas públicas muestran que esa deuda tiende a tornarse explosiva; impagable. Veamos.

Nuestro Gobierno Central tiene un nivel de deuda que ronda el 50 % del PIB, y la tasa de interés que opera es cercana al 6 % anual

Deudas perpetuas. Si la tasa de interés fuera un 10 % y Juan dispone de ¢100.000 anuales para el pago de intereses, él podría asumir una deuda perpetua hasta por ¢1 millón. Año con año pagaría los intereses incurridos y nunca abonaría al principal. Esto, ciertamente, no es lo usual en créditos para personas físicas ni empresas comerciales, pues normalmente el prestamista exige también amortización, pero no es improcedente suponer que muchos gobiernos sí asumen deudas que para todo efecto práctico son perpetuas, pues si bien pagan los bonos a su vencimiento, proceden de inmediato a colocar otros por el mismo monto y hasta por cantidades superiores para atender nuevas necesidades.

En las finanzas públicas, el resultado fiscal primario, definido como la diferencia entre los ingresos y los gastos excluyendo intereses, y que suele expresarse como proporción del PIB, es lo que el gobierno dispone para el pago de intereses sobre su deuda. Si el resultado de esa resta es positivo (es decir, si se está en presencia de un superávit primario) es señal de que el fisco puede pagar los intereses sobre las obligaciones contraídas siempre y cuando, claro está, el pasivo se mantenga dentro de cierto rango, como en el caso de Juan, quien no podría cubrir los intereses de una deuda superior al millón de colones.

Un resultado primario cero o negativo (déficit) indica que el gobierno no tiene recursos sanos para pagar los intereses en que incurre por su deuda y que, para hacerlo, como en un esquema Ponzi, debe pedir prestado cada vez más.

La deuda pública varía en función de varios elementos. El primero es el resultado primario: un déficit contribuye a elevarla, un superávit a bajarla. También varía en función directa de la tasa de interés (r) que apareje el pasivo, e inversa de la tasa de crecimiento de la economía (g). El que la economía crezca por encima de la tasa de interés ( g > r) ayuda a reducir el endeudamiento público y por ello las reformas fiscales no solo deben buscar bajar un determinado déficit primario, cuando tal sea el caso, sino hacerlo por vías que no lesionen la tasa de crecimiento económico.

Por último, el cambio de la deuda de un año a otro también depende directamente del saldo inicial, pues conforme más alto este sea, mayor es la carga de intereses que se acumulan para el período siguiente.

El ajuste necesario. Nuestro Gobierno Central tiene un nivel de deuda que ronda el 50 % del PIB, y la tasa de interés que opera es cercana al 6 % anual. La economía del país crece a una velocidad que promedia un 4 % anual. Pero el fisco no opera con superávit, sino con un déficit primario cercano al 3 % del PIB. Lo que esto indica es que, en las condiciones imperantes, el gobierno de Costa Rica no tiene capacidad para sostener el actual nivel de endeudamiento y este tiende a subir año con año.

Para mantener el endeudamiento actual es necesario realizar un “ajuste” que equivalga, aproximadamente, a un 4 % del PIB. Como diría el recordado Pilo Obando: “¡Chingo de ajuste!”. Sí, señor.

En ausencia de un ajuste fiscal como el citado, habría al menos dos formas de estabilizar las finanzas públicas: la primera consiste en adoptar un conjunto de reformas que hagan a nuestra economía crecer a una velocidad del 10 o 12 %. La otra es que al gobierno le lluevan del cielo recursos financieros que le permitan constituir un fondo de inversión soberano, por un monto equivalente al 67 % del PIB y que reditúe un 6 % anual.

Esto último le produciría un nuevo y permanente ingreso del 4 %, como el que obtiene el Estado panameño del canal, que compensaría el desajuste arriba mencionado. “¡Chingo de supuestos!”. Sí, señor.

Pero tal vez no sea mucho aspirar a un ajuste más realista, que consista en liberar de ataduras la economía del país para que en el futuro cercano pueda crecer al 7 % anual, lo que coadyuvaría a mejorar la calificación de riesgo del país, a rebajar la tasa de interés y, también, elevaría automáticamente la recaudación.

Por el lado del gasto (salarios, pluses, pensiones de lujo, transferencias, etc.) se adoptarían medidas para rebajarlo en 1 o 1,5 puntos porcentuales del PIB y se confiaría activamente en la concesión de obra pública (que no impacta las finanzas estatales) para el financiamiento de las obras de infraestructura que exigen el desarrollo del país y la calidad de vida. Este menú también llevaría al ajuste buscado. “Eso sí me suena”. Qué dicha.

¿Cómo es que gobiernos de países con altos déficit primarios, y sin acuerdos políticos para adoptar los ajustes requeridos, logran colocar títulos de deuda (bonos) en los mercados financieros? Creo que por al menos tres razones. La primera es que el fenómeno conocido como “el triunfo de la esperanza sobre la experiencia” (que opera en las personas con tres o más divorcios y cuatro o más matrimonios) lleva a muchos inversionistas a creer que en un futuro cercano los gobiernos sí efectuarán los ajustes necesarios.

Otra razón es que en los mercados de deuda pública operan inversionistas prudentes, que solo invierten en títulos cuyo vencimiento sea a corto plazo, los cuales no están expuestos a la incertidumbre que acarrean los de plazos mayores.

La tercera razón podría ser que quienes actúan por cuenta y en nombre de los inversionistas institucionales (por ej., bancos y aseguradoras en la rama de vida) siguen la regla Après moi,le déluge (“después de mí, el diluvio”), dicho que unos le atribuyen al rey de Francia Luis XV y otros a su amante madame de Pompadour. Esta conducta suele imperar en medios donde los agentes obtienen importantes comisiones y bonificaciones por los resultados inmediatos, mas no por los de largo plazo. No en vano lo que pueda ocurrir en el futuro distante les importa un comino.

Recién leí que en un sitio público en Berlín hay un simpático reloj que muestra, segundo a segundo, el comportamiento de la deuda pública alemana. Como allí el gobierno opera con superávit, no déficit, el dato actual es que cada segundo que pasa la deuda se reduce en $123. No siendo este el caso en Costa Rica, y mientras no se haga un ajuste fiscal responsable, quizá lo mejor que podamos hacer sea pedir al reloj que no marque las horas, porque vamos a enloquecer y porque su tictac nos recuerda un irremediable dolor. Que haga esta noche perpetua, para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca.

El autor es economista.