EscucharEl proyecto de Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (condominios) nació con el pie izquierdo. Le salieron tantas objeciones que el Gobierno decidió sacarlo de consulta pública. Pero no lo va a abortar. Por esa razón, es necesario continuar la discusión. Mal haríamos en cerrar los ojos.
Las objeciones legales van desde aparentes choques con la Constitución, por los derechos a la libertad y propiedad que garantiza, hasta delegación impropia de potestades del INVU a las municipalidades y potenciales conflictos con leyes vigentes sobre el régimen de condominios. Las económicas señalan el alza del costo de los fraccionamientos que se trasladaría al comprador y encarecería las viviendas, como bien señaló la Cámara de la Construcción. Sin embargo, no se han discutido a fondo los aspectos filosóficos involucrados, que son, a mi juicio, los más complejos de cara a la sociedad que tenemos y queremos preservar.
Digámoslo sin tapujos: la izquierda objeta los condominios con tapias protectoras, jardines, albercas y campos de juego para niños por considerarlos excluyentes, contrarios a la sociedad igualitaria que pregonan. Esa es, en el fondo, la cuestión. Aunque el proyecto no los prohíbe abiertamente, sí destila saña, resentimiento, encono social. Olvida principios básicos arraigados en la sociedad. Costa Rica, como otras naciones libres, supo equilibrar la libertad individual con límites razonables a la propiedad, trascendentales para estimular la inversión y crecimiento. Las restricciones han sido, en general, inteligentes para no segar el esfuerzo individual.
Sin libertad de emprender, la sociedad no prospera; tampoco si asfixia al propietario. Sin garantías, la gente no invierte, no asume riesgos ni genera empleos. ¿Qué esperan del fruto del esfuerzo, trabajo e inversión? Que les permitan maximizar su satisfacción (equilibrio del consumidor en microeconomía). Unos querrán ahorrar para luego adquirir más bienes y servicios. Otros sacrificarán algo de consumo para edificar moradas individuales. Pero habrá quienes preferirán habitar en condominios, sobre todo de clase media.
El problema no es que existan desarrollos, “chozones” o vehículos de lujo, sino que no todos puedan comprarlos. Es la disparidad de ingresos. ¿Por qué no tratar de enriquecer al pobre en vez de empobrecer al rico? Atacar las causas, no los efectos.
Cuando el poder público decida lo que el ciudadano puede hacer, o no puede hacer, con su ingreso, se habrá perdido la sociedad que tenemos.
(*) El autor es abogado y economista. Fue presidente del Banco Central y consejero en el Fondo Monetario Internacional. Es, además, profesor de Economía y Derecho económico en la Universidad de Costa Rica.
