EscucharEl Ejecutivo anunció un recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría. Su intención es revertir las objeciones planteadas al proyecto de Ciudad Gobierno. También manifestó el propósito de acercarse para explicar los beneficios de la iniciativa.
Las ventajas de desarrollar un complejo donde se concentrarían unas 35 instituciones públicas y sus 10.000 funcionarios, en las inmediaciones de plaza Víquez, parecen evidentes desde la primera formulación de la idea durante la administración Alvarado.
La concentración simplificaría la relación del ciudadano con la administración, facilitaría la coordinación interinstitucional, insuflaría dinamismo a una zona deprimida de San José y evitaría el pago de alquileres, entre otras ventajas. El informe de la Contraloría no niega la conveniencia del proyecto, sino los medios propuestos para su ejecución y la inobservancia de leyes aplicables a la contratación pública.
La administración de Alvarado no logró cerrar los estudios previos, pero estuvo cerca, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La intención era obtener un crédito para financiar la construcción por las vías habituales de la contratación de obras, pero el nuevo gobierno varió el esquema.
Ahora, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y no el BID, proporcionaría el financiamiento y fungiría como desarrollador, administrador y arrendador bajo la modalidad de arrendamiento operativo de inmuebles por construir. La Contraloría objeta el uso de esa figura, entre otras razones, porque el Estado no puede ser arrendatario de terrenos de su propiedad. La obra tampoco puede desarrollarse sin concurso público, bajo procedimientos expeditos reñidos con la legislación nacional. En síntesis, la Contraloría exige apego al principio de transparencia, incluida la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Hay otras objeciones, como la ausencia de algunas piezas en el expediente. También, hay un recordatorio sobre la necesidad de aprobación legislativa del préstamo. Las razones de ley contenidas en el informe difícilmente serán vencidas por argumentos sobre la conveniencia y utilidad del proyecto. El informe de la Contraloría no objeta la iniciativa, solo pide hacerla bien y, precisamente por su utilidad y conveniencia, la administración debe pensar en rectificar, pues no le será fácil convencer.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
