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Según la Unops, solo la ONU puede auditarle, pues goza de “privilegios e inmunidades”.
La Contraloría rehusó el refrendo al contrato por $44,6 millones entre el Instituto Nacional de Seguros y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para actualizar las plataformas informáticas de la entidad estatal porque la operación carece de transparencia.
La Directiva del INS declaró confidencial la negociación y solicitó a la Contraloría ratificar el secreto del convenio, pero la División de Contratación Administrativa más bien le reprochó la ausencia de una cláusula de acceso a la información necesaria para ejercer la fiscalización.
Según la Unops, solo la ONU puede auditarle, pues goza de “privilegios e inmunidades” que la eximen de los controles internos. El INS, por su parte, se ha caracterizado en estos meses por el secretismo. Además de mantener en silencio la millonaria contratación, pretendió declarar confidencial un aumento salarial retroactivo para que no les generara bulla en ese momento, según dijo la presidenta ejecutiva, Mónica Araya.
La Contraloría hizo bien. Costa Rica debería negarse a tratar con entidades foráneas si la condición es el secreto. Los peligros de la falta de transparencia sobrepasan en mucho las posibles ventajas, aun cuando se trate de donaciones. La ciudadanía tiene derecho a saber hasta las razones de un obsequio. Después de todo, el caballo de Troya fue regalado.
En el 2008, el gobierno intentó mantener secretas las condiciones de venta de $300 millones en bonos de deuda pública a China, que exigió discreción para no alertar al resto del mundo sobre el trato favorable concedido a Costa Rica. La Sala Constitucional rechazó el compromiso adquirido con el gobierno extranjero por violatorio del principio de acceso público a la información financiera del Estado.
Desafortunadamente, en la misma época se consolidó un portillo para evitar la fiscalización de fondos donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Si el dinero ingresa a las arcas del Estado, está sujeto a controles, pero, si el banco hace las contrataciones y paga directamente a los proveedores, las transacciones están exentas de fiscalización. Así se contrató a personal de la Casa Presidencial y diversos servicios, algunos de cuestionable utilidad pública.
El BCIE sigue haciendo donaciones y no siempre sabremos el motivo. Sobre todo, es imposible entender por qué los detalles de la donación de recursos a un Estado para fines de utilidad pública no pueden ser conocidos por el público.
agonzalez@nacion.com
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
