Carlos Tiffer. 2 febrero, 2019

Costa Rica ocupa un lugar destacado en la región latinoamericana en los índices de progreso social, que incluye variables como oportunidades, salud, educación y bienestar económico, entre otras. Además, es conocido como un país que valora la paz y protege la naturaleza. No obstante, hace varios años también presenta una peligrosa y seria realidad: la inseguridad personal de sus ciudadanos.

No se trata de percepción o imaginación, es un asunto con datos serios que evidencia un aumento generalizado de los delitos, especialmente los que afectan la integridad personal, la propiedad y la vida.

Solo los agentes públicos de los cuerpos de seguridad y, en casos calificados, agentes privados, deberían contar con la posibilidad de poseer armas de fuego

Epidemia. De todos estos delitos, sin duda los más graves y de mayor impacto son los delitos contra la vida, en los cuales deben incluirse no solo los delitos de homicidios (dolosos), sino también las muertes por accidentes de tránsito (culposos). Ya hace algunos años, Costa Rica ingresó a la categoría de epidemias en homicidios dolosos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al tener una tasa igual o superior a 10 muertos por cada 100.000 habitantes. El año pasado finalizó con una tasa cercana a 12, que representó 586 muertos, mientras que las pérdidas en accidente de tránsito fueron 445, para una tasa cercana a 9.

Habría que señalar que, pese a estas alarmantes cifras de muertes, el año pasado se registró una leve reducción en comparación al 2017: 17 homicidios dolosos menos y 13 homicidios culposos menos por accidentes de tránsito. Esto sin tomar en cuenta las muertes por suicidios y los fallecimientos que se encuentran en investigación, porque aún no se ha determinado la manera de la muerte.

Esta realidad convierte a Costa Rica en un país violento, con una cultura que podríamos resumir de "rápidos y furiosos”, lo que obligaría a prestar especial atención a esta cultura de violencia, sus causas y, principalmente, formas de prevenirla. Pero no solo desde un punto de vista cuantitativo Costa Rica debe atender este fenómeno de violencia, sino, muy particularmente, desde un punto de vista cualitativo, como son los medios de comisión de tales conductas, la forma y modo en que se ejecutan estos delitos.

Lo anterior resulta relevante en cualquier estrategia para reducir las muertes violentas. Aquí es donde adquiere especial importancia la cuestión de las armas de fuego y, desde luego, para la reducción de los homicidios dolosos.

Armas de fuego. La oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) tiene documentado desde hace muchos años que cerca del 70 % de los homicidios en el mundo se cometen con armas de fuego. Costa Rica no es la excepción. Durante el periodo 2003-2014, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en dos de cada tres homicidios (66 %) el medio utilizado se relaciona con armas de fuego.

Otro dato irrefutable es que en los países o lugares en donde existe mayor facilidad y apertura para la obtención de armas de fuego, mayor será la cifra de homicidios. Los ejemplos son ampliamente conocidos: Japón en Asia y Holanda en Europa son países con prohibiciones prácticamente absolutas para que los ciudadanos puedan adquirir o poseer armas de fuego y tienen una de las tasas de homicidios más bajas a nivel mundial. En contraposición están otros países con una alta tradición en la posesión de armas de fuego, como México o los Estados Unidos.

Esta importante información se encuentra bien estudiada y documentada por criminólogos estadounidenses y canadienses, en donde se han comparado las cifras de homicidios, por ejemplo, entre ciudades como Vancouver y Seattle, equiparables en general en términos de edad, ingresos y origen étnico. El 50 % superior del índice de homicidios en Seattle se debe a la facilidad para obtener armas de fuego.

Proyectos de ley. De ahí que resulta un sinsentido que estemos “reformando” la ley de armas y explosivos para que las personas físicas puedan inscribir “solo tres” armas de fuego y, según el Proyecto de Ley 20509, las personas jurídicas podrían inscribir el número de armas que consideren necesarias, según la finalidad.

Reformar significa, en sentido estricto, mejorar, y este proyecto de ley es un verdadero paso de cangrejo. Se trata de más de lo mismo al creer que armando a los ciudadanos podrán defenderse de la delincuencia.

Costa Rica cuenta con importantes antecedentes históricos y tradición pacifista, como la abolición y proscripción del Ejército, así como los esfuerzos conocidos a nivel mundial para la protección de la flora y fauna, como, para en materia de armas de fuego, dar un ejemplo al mundo, en especial a la región más violenta, América Latina, y establecer una prohibición absoluta en la adquisición y posesión de cualquier arma de fuego.

Solo los agentes públicos de los cuerpos de seguridad y, en casos calificados, agentes privados, deberían contar con la posibilidad de poseer armas de fuego.

Está claro que la distinción tradicional entre armas lícitas y prohibidas no ha funcionado. Por lo que el aumento de las penas, por sí solo, a la posesión ilegal de armas no será suficiente como lo pretende el otro proyecto de ley (20508).

Sin duda, la sola prohibición de las armas de fuego no puede significar una reducción de los homicidios. Ya se sabe que la violencia, en general, y los delitos, en particular, tienen una explicación multifactorial; se requiere, también, incidir en los otros factores de riesgo. Pero también es cierto que las armas de fuego son uno de los factores más relevantes en la proliferación de la violencia y los homicidios. De ahí que sería un paso en la dirección correcta para el inicio del cambio de la cultura violenta, de “rápidos y furiosos”, iniciar con una proscripción a nivel constitucional sobre las armas de fuego. Eso sí sería una verdadera reforma legal.