En su pulso con la cúpula gremial pública, el gobierno enfrenta dos límites que no puede pasar: la integridad de la reforma fiscal y la garantía del orden público.
Lo primero implica mantener el texto en discusión legislativa. Si lo retirara, iríamos sin remedio hacia el barranco económico, social y hasta político, porque su mensaje sería “hasta aquí llegue”, pero le faltan tres años y seis meses. Mantener el orden público se traduce en asegurar la libertad de movilización, abrir puertas de instituciones, proteger a quienes sí trabajan y detener el vandalismo. Mientras más tiempo pase sin lograrlo, más se debilitará en ese ámbito definitorio del Estado que es el ejercicio legítimo de la autoridad.
La huelga, en sí misma, ha sido limitada. Su efecto real se ha centrado en la educación y la salud. Duelen mucho, pero constituyen apenas una parte del sector público. Ni siquiera el impacto en el suministro de combustibles es producto directo del paro, sino de bloqueos, agresiones y sabotajes de pequeños grupos. Impedir que la ropa de los hospitales se lave y que los educadores entren a sus clases, cerrar comedores, bloquear carreteras o amenazar a diputados, son parte de la misma táctica.
Si el apoyo al movimiento fuera amplio, sobrarían estas acciones ilegales. Pero como es parcial (y, quizá, declinante), son su principal herramienta de presión gubernamental y agresión ciudadana. Quizá los sindicalistas piensen que la conjunción de ambas ablandará tanto el gobierno que lo hará renunciar a la reforma.
Sin duda, el Estado está en una coyuntura riesgosa, pero manejable, y de la que podría salir fortalecido. De seguir la incertidumbre y el desorden, los sindicalistas aumentarán su poder y los ciudadanos reducirán su fe en la capacidad estatal de protegerlos. Se debilitaría no solo la legitimidad gubernamental ante todos y ante los diputados que deben votar la reforma. El riesgo de tirar la toalla se acrecentaría.
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Sin embargo, con buenas estrategias, serena firmeza y riesgos calculados, es posible retomar el control público, restaurar la confianza ciudadana, limitar el movimiento a sus reales dimensiones, reafirmar la autoridad y negociar (si conviene) desde una posición firme. Aún apuesto, aunque sin certeza, a este desenlace.
radarcostarica@gmail.com; @eduardoulibarr1
Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).