Por: Eduardo Ulibarri.   Hace 5 días

La resolución de la Sala IV es clara: el inciso del Código de Familia que permite el matrimonio solo a parejas heterosexuales es inconstitucional. Por tanto, ha legalizado el matrimonio igualitario y ha acatado la opinión consultiva sobre el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo dispuso, en una decisión simultánea, sobre las normas que reducen los alcances de las uniones libres entre personas del mismo sexo.

Devolver el asunto a los diputados, aunque no puedan cambiar el fondo de la decisión, solo traerá consecuencias negativas

Sin embargo — ¡sorpresa!— decidió mantener la vigencia de esos preceptos por 18 meses. Lo más lógico, sencillo y transparente habría sido eliminarlos de inmediato, por limitar derechos individuales y violar la Constitución. Así votaron los magistrados Nancy Hernández y Fernando Cruz. Mi reconocimiento. El resto optó por la vía difícil y decidió “instar” a la Asamblea Legislativa a que utilice ese plazo para “adecuar el marco jurídico nacional” a la sentencia.

Me temo que ocurrirá algo muy diferente. Devolver el asunto a los diputados, aunque no puedan cambiar el fondo de la decisión, solo traerá consecuencias negativas: 18 meses más de debate innecesario y distractor, manipulación político-religiosa de un caso ya saldado, oportunidad para que los sectores más conservadores de la Asamblea chantajeen iniciativas clave (plan fiscal incluido), contaminación del proceso para elegir vacantes en la propia Sala y exacerbamiento de ánimos en distintos grupos sociales. Todo menos una “adecuación” racional de las leyes.

Pero hay más. Si los artículos limitantes de los derechos igualitarios son inconstitucionales y, por tanto, no se pueden aplicar a casos individuales, la Sala IV se verá muy pronto inundada de acciones impulsadas por parejas del mismo sexo para que se reconozcan legalmente sus vínculos. Habrá presa de casos, lentitud en su resolución y, peor aún, más discriminación: contra quienes no tiene recursos para asumir los costos legales de consolidar sus derechos.

Preparémonos, entonces, para 18 meses más de “guerras culturales” tóxicas. Y si uso el plural es porque a este tema se añadirá otro que debió saldarse desde hace décadas: la regulación del aborto terapéutico. No sé qué estaría en la mente de los magistrados, pero el resultado, dentro de su indudable acierto, también fue el peor posible.

Correo: radarcostarica@gmail.com Twitter: @eduardoulibarr1

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).