Eduardo Ulibarri. 16 agosto

La reforma fiscal dio tranquilidad a los mercados financieros y bajaron los intereses, pero no aumentaron los créditos. Su puesta en marcha dará frutos a mediano plazo, pero tendrá un efecto recesivo inmediato. Los principales mercados para nuestras exportaciones se desaceleran. En estas circunstancias, la reactivación económica no será mágica ni inmediata, pero podría dinamizarse si se activa un componente clave: la confianza. Solo así los bajos intereses se traducirán en inversiones, estas en producción y luego en empleo.

Pero he aquí que, de pronto, con la complicidad de sus jerarcas y el aval del Poder Ejecutivo, la CCSS se postra ante los privilegios de sus empleados y suscribe un acuerdo ilegal que ahora pretende blanquear con un juicio contra sí misma, que durará varios años. Resultado: un severo drenaje del precario capital de confianza acumulado durante inicios del gobierno, que multiplica la inquietud.

¿Cómo generar confianza cuando, impunemente, una institución actúa contra la legalidad, contra decretos firmados por el presidente de la República, contra los criterios de la Procuraduría y la Contraloría, contra las ministras de Planificación y Hacienda (y otros más), contra el proyecto de ley sobre empleo público, contra la opinión de la Defensoría, contra las posturas de los sectores productivos, contra el criterio de los principales partidos opositores y, colofón de lo anterior, contra los intereses de la población y una elemental solidaridad social?

El golpe a la seguridad jurídica, indispensable para todo inversionista cuerdo, es letal; además, genera la sensación de un liderazgo presidencial en retroceso, sumido en la confusión e incapaz de articular una estrategia para movilizar lo mejor del país, otra clave para la reactivación y, más aún, para la estabilidad democrática.

¿Habrá posibilidades de frenar esta carrera en reversa? Por ahora, no veo propósitos de enmienda en una cúpula gubernamental reactiva y sumida en buscar excusas para endulzar la amarga rendición. Entretanto, las posibilidades de impulsar la producción se ven más difíciles, con el inevitable resultado de desempleo, informalidad y precariedad laboral. Esta mezcla es más peligrosa y cruel que una huelga; un suculento plato para la demagogia populista, siempre al acecho.

Twitter: @eduardoulibarr1

El autor es periodista.