Eduardo Ulibarri. 25 abril

La semana hábil que termina hoy ha reflejado de forma ejemplar, como ninguna otra durante el primer año de gobierno —y, quizá, muchos otros— las reales dimensiones del quehacer legislativo. El resultado es bueno. No me refiero a las 24 funciones enlistadas en nuestra Constitución, sino a tres que las envuelven: legislar, ejercer control político y airear reclamos y pugnas entre partidos. Veamos los hechos por parte:

1. Legislar: la Comisión de Asuntos Sociales dictaminó el proyecto para regular las huelgas en servicios públicos; la de Asuntos Económicos avaló una autorización reducida para el endeudamiento externo. Pronto el plenario decidirá. 2. Control político: la de Ingreso y Gasto Públicos emitió un duro informe sobre la gestión fiscal de Luis Guillermo Solís y recomendó inhabilitarlo para ejercer cargos oficiales por cuatro años; además, ante la petición de una diputada, la Contraloría abrió procesos administrativos a varios funcionarios. 3. Reclamos y pugnas: tanto ese informe como el revuelo por la develación prematura del retrato de Solís han permitido al PAC y a la oposición mostrarse los puños sin, por ello, entrabar el avance de proyectos.

Este último aspecto es particularmente relevante, y nos lleva a rasgos y desafíos legislativos clave. Las principales fracciones —con disidencias inevitables— han sido capaces de avanzar en iniciativas fundamentales. Hasta ahora, la más sustantiva es la reforma fiscal, pero en el menú hay otras que demandan un abordaje similar, como la reforma al régimen de empleo público. Bien por el país que haya ocurrido así, y ojalá la ruta se mantenga. Sin embargo, por esto los partidos enfrentan un reto: si coinciden en legislación, ¿cómo diferenciarse y evitar ser etiquetados como “lo mismo” por sectores populistas polarizantes?

Es frente a esta pregunta que las modalidades de control político activadas hasta ahora cobran relevancia. Por un lado, permiten dirimir diferencias reales y ventilar reclamos justificados por parte de la oposición, en particular, el PLN; por otro, evitan que el costo de hacerlo sea bloquear legislación relevante promovida por el Ejecutivo. No dudo que algunas cabezas calientes opositoras reclamen más “sangre”. Sería un error atender sus reclamos. Esta semana lo confirma.

Twitter: @eduardoulibarr1

El autor es periodista.