No me atrevo a emitir un juicio certero sobre las implicaciones constitucionales del caso, aunque, tras leer los artículos pertinentes, me luce que Alvarado tiene razón. Abordo la dimensión política y el grave impacto institucional que tendrán la decisión en sí misma y el choque a que está conduciendo.
Hacer que el presidente se presente al plenario, destinar todo el día para la actividad y paralizar el resto del trabajo legislativo se justificaría políticamente ante una catástrofe nacional. Pero se trata de algo muy distinto: una investigación puntual, importante, pero de implicaciones acotadas, y que hasta ahora no ha revelado las perversiones que algunos atribuyen a la desaparecida UPAD. Extremarla sin justificación es trivializar un instrumento excepcional, que ahora se convertiría en norma: un precedente funesto. En el mejor de los casos, vulnerará la solemnidad legislativa; en el peor, alterará el balance entre poderes y convertirá el espectáculo fabricado en instrumento de castigo anticipado y degradación presidencial.
Bastaría otro recinto para facilitar lo sustantivo: que Alvarado rinda cuentas, a lo que dice estar anuente. Pero al optar por la teatralidad de un virtual linchamiento público y generar un choque constitucional innecesario, no solo se castigará la integridad de la presidencia, sino también de la Asamblea y la institucionalidad democrática en general. Además, se abrirán múltiples sospechas sobre las intenciones, rectitud, integridad y transparencia de los actores involucrados. Flaco favor al país e imprudente impulso a quienes se esfuerzan en debilitar la democracia. ¿Será aún posible frenar esta mala jugada?
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