La reunión donde se suscribió este primer convenio ambiental del hemisferio se celebró en Escazú en setiembre del 2018. Costa Rica y Chile fueron los impulsores. Ayer, Día de la Tierra, entró en vigor, tras completarse las ratificaciones necesarias. Entre ellas brillan por su ausencia la nuestra y la chilena, cuyo gobierno ni siquiera lo ha firmado. Argumenta que contiene «ambigüedades» que podrían chocar con su legislación.
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El nuestro sí lo suscribió, pero tardó dos años y medio en enviarlo para la ratificación legislativa. Al fin lo ha hecho. Para sorpresa de nadie, algunos diputados quieren bloquearlo. No aportan razones, sino frases hechas; por esto, sospecho que su móvil se nutre de ignorancia, mezquindad y anacronismo.
Los cuatro pilares del acuerdo son garantizar el acceso a la información y favorecer en acceso la justicia en temas ambientales, propiciar la participación en decisiones «que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud» y proteger a sus defensores. Todo lo anterior ya está plenamente reconocido por nuestra legislación y la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Es decir, hemos sido pioneros en los cuatro pilares. Por esto, impulsamos el Acuerdo, y por esto resulta vergonzoso que otros 12 países hemisféricos se adelantaran en ratificarlo. El déficit es tanto político como —y no exagero— moral.
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Nuestro futuro, y el del mundo, será ambientalmente responsable o no será. Este acuerdo es un paso en la dirección adecuada; una forma de que otros se comprometan con lo que Costa Rica ya practica y, así, aporten al objetivo global compartido. Enterremos la miopía y el oportunismo. Guardemos el espejo retrovisor. Pongamos la vista en el horizonte y, sobre todo, en los derechos de las nuevas generaciones.
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