Ante las insistentes —y cada vez más urgentes— alertas y certezas sobre la futura insolvencia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), no basta con que nos planteemos qué hacer para salvarlo. La pregunta clave es cómo hacerlo. Y esto implica abordar el futuro de las pensiones como un deber impostergable del Estado, que trasciende a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y los instrumentos a su disposición.
De las cuatro, las variables a que podrían echar mano —aumentar la edad de retiro, mejorar los rendimientos del fondo, reducir los beneficios o subir las cuotas—, solo la primera tiene una lógica abrumadora y un potencial relevante: con el enorme incremento en la esperanza de vida y en la salud de la población adulta, no hay razón para mantener edades que responden a otras realidades sociodemográficas. El incremento de los rendimientos es necesario, pero su impacto, de producirse, sería marginal. Y reducir beneficios, que ya son bajos, implicaría una regresión en la política social.
Queda entonces, como factor de mayor peso, elevar el monto de las cuotas. Pero el efecto de esta decisión, lejos de solucionar, podría agravar el problema. Como las que paga el Estado como tal son tan reducidas, el peso del incremento, que caería sobre trabajadores y patronos, haría más onerosas las cargas sociales, que, en esencia, son impuestos al trabajo. De hacerlo, se encarecerían los costos de producción, se generaría aún más informalidad y bajaría el ritmo de afiliación, lo cual, además de aumentar la vulnerabilidad de cientos de miles de trabajadores fuera del sistema, afectaría los ingresos del régimen. Caeríamos entonces en un peligroso círculo vicioso.
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¿Cómo evitarlo? No existen fórmulas mágicas o sin costos. Pero cada vez parece más necesario que sea el Estado, vía ingresos generales, el que asuma las crecientes obligaciones del IVM. ¿Más impuestos? No necesariamente. Los recursos podrían salir de reordenar sus prioridades de gasto y reformar los regímenes especiales. Pero en caso de que fueran necesarios, es mejor que, en lugar de gravar el trabajo, con los enormes perjuicios asociados, optemos por las rentas, el capital o el consumo. Sería lo más consecuente para el crecimiento económico y la protección social.
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El autor es periodista.