Eduardo Ulibarri. 19 julio

Sin descuidar otros desafíos que deben afrontarse, ni oportunidades que pueden potenciarse, Costa Rica avanzaría sustancialmente si un gobierno tuviera como motor dos palabras: buena gestión. Su activación es más compleja de lo que parece: para mejorar el gerenciamiento público, las prácticas organizacionales, las cadenas de autoridad-responsabilidad y el seguimiento de los mandatos institucionales y decisiones oficiales, es necesario ajustar, aceitar o sustituir herrumbrados engranajes. Pero, precisamente por la complejidad y los beneficios potenciales, se debe insistir.

La noticia positiva es que, aunque la buena gestión no es un activador explícito del gobierno, sí parece tomársela en serio.

Los casos de mala ejecución estatal abundan y generan justificado enojo, desencanto y atención pública. Los de su mejora, en cambio, pasan casi inadvertidos, y a menudo se convierten en blanco de quienes reditúan sus ineficiencias y distorsiones. Por esto, la tarea no es solo tecnocrático-administrativa, sino también legal y política. Y desde esas dimensiones debe abordarse.

Recordemos algunos casos de costosa y pobre gestión, con serios perjuicios para el bienestar general: la añeja carretera a San Ramón, la “pifia” de la conexión vial con Moín, el fideicomiso para infraestructura educativa, la debilidad ejecutora del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), las listas de pacientes en la Caja y de proyectos en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el fiasco del etanol en Recope, los traspiés del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y las “filtraciones” en varios programas de apoyo social. Si ellos, y muchos más, se corrigieran plenamente, el impulso al desarrollo y el ahorro de recursos serían enormes.

La noticia positiva es que, aunque la buena gestión no es un activador explícito del gobierno, sí parece tomársela en serio. Cuatro ejemplos en proceso: la decisión de no emprender obras de infraestructura sin que la preingeniería, las expropiaciones y otros requisitos estén resueltos; los esfuerzos de afinamiento estratégico y administrativo del SBD, el cambio de procedimientos en Setena y la consolidación en el IMAS de los programas de ayudas condicionadas para estudiantes.

¿Bastan? Sin duda no. ¿Tendrán éxito? Difícil asegurarlo. Pero indican, por lo menos, un mejor rumbo. Sistematizarlo, socializarlo y ponerlo como un eje de la acción política ayudaría mucho.

El autor es periodista.

Twitter: @eduardoulibarr1