Eduardo Ulibarri. 27 febrero

Un propósito adecuado. Una metodología robusta. Una implementación torpe y fallida. Como consecuencia, un plato servido para todo tipo de reacciones: desde la justificada preocupación por el riesgo de invasión a la intimidad personal, hasta la feroz cacería de brujas. La posibilidad de lo primero hay que censurarlo y corregirlo con decisión; lo segundo, evitarlo con serenidad. Esta es mi síntesis sobre el malogrado intento de institucionalizar la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Su propósito declarado está en línea con las mejores prácticas de la administración moderna: fortalecer “un enfoque de toma de decisiones de política pública fundamentadas en la evidencia que aporta el análisis de los datos”, según el decreto de creación. Pero la ruta escogida tuvo dos grandes fallas: 1) autorizar, sin salvaguardas, la obtención de “información de carácter confidencial” en poder de las instituciones; y 2) concentrar las decisiones en el despacho del presidente de la República.

¿Será posible salvar lo bueno del esfuerzo, enmendar lo malo y fortalecer el análisis sistemático de datos para orientar las decisiones públicas?

Si el decreto hubiera exceptuado explícitamente de sus alcances los datos vinculados con la intimidad personal, las inquietudes habrían sido menores. Si hubiera establecido una instancia o filtro contralor, capaz de evitar posibles malos usos, habría generado una estructura de gobernanza que armonizara los beneficios de la inteligencia de datos con las garantías de los derechos individuales. Y, si antes de su publicación se hubiera sometido a consultas públicas, los temores habrían sido atendidos en su origen.

Nada de lo anterior se hizo. Se abrió así campo para los temores fundados, señal de cuán profundos son nuestros instintos democráticos, pero también para la desinformación, las teorías conspirativas y los linchamientos virtuales, evidencia de gran deterioro en el debate público.

Más allá de la desconfianza justificada, el ruido político oportunista y la inevitable investigación judicial, ¿será posible salvar lo bueno del esfuerzo, enmendar lo malo y fortalecer el análisis sistemático de datos para orientar las decisiones públicas? El presidente, tras reconocer los crasos errores, ha reafirmado su voluntad de seguir adelante con el método. Espero que haya la sensatez suficiente para hacerlo dentro de un marco institucional eficaz y legítimo.

Twitter: @eduardoulibarr1

El autor es periodista y analista.