Eduardo Ulibarri. 14 marzo

El miércoles pasado el Congreso guatemalteco suspendió, por falta de cuórum, una votación para otorgar impunidad a los responsables de crímenes de guerra. Pero la amenaza sigue: la “amnistía” podría ser aprobada la próxima semana. Meses antes, el presidente, Jimmy Morales, suspendió, arbitrariamente, el acuerdo que ampara a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Fue una vendetta por procesarlo bajo cargos de corrupción y un ardid para frenar otros casos. La Cicig, que desde el 2007 ha desmembrado 60 estructuras criminales y obtenido más de 300 condenas, se mantiene, pero en circunstancias muy limitantes y riesgosas. Su convenio vence en setiembre; su futuro dependerá del próximo gobierno.

Este lunes 18 comienza, oficialmente, la campaña para las elecciones generales del 16 de junio. Dos decenas de candidatos disputarán la presidencia; unos, como la exfiscala Thelma Aldana, son esperanzadores; otros, corruptos, ineptos o siniestros. Algunos de este bando han activado maniobras para frenar la candidatura de Aldana y abrir el camino a quien parece su principal contendora: la ex primera dama Sandra Torres, de oscuros antecedentes y aliados.

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Tanto el freno momentáneo a la ley de impunidad como la persistencia de la Cicig, han sido producto de una convergencia de presiones sociales e internacionales; de jueces valientes y probos, de una prensa activa y de políticos que mantienen su sentido del deber. Pero existe otra convergencia que no cesa de presionar para imponer su control. La cabeza más visible es el presidente, pero sus verdaderos motores son altos mandos militares, bloques empresariales atados a privilegios, políticos sumergidos en la corrupción, funcionarios abiertos a ella y omnipresentes estructuras narco.

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La gran pregunta es cuál de esas dos coaliciones virtuales obtendrá la presidencia y logrará un balance de fuerzas legislativas que le permita gobernar. La situación es tan turbia y fluida, que ningún pronóstico resulta posible; ni siquiera puede asegurarse que una presidenta dispuesta a actuar para bien logre hacerlo. Los riesgos y desafíos de Guatemala son enormes. Contener la corrupción y la impunidad no será la solución definitiva, pero sí una condición indispensable para avanzar en serio.

El autor es periodista.