La verdad es otra: estamos ante un movimiento que, simple y llanamente, ha tomado a los usuarios de la salud como rehenes para mantener, con total desdén por el bien común, un conjunto de privilegios injustos, insostenibles e ilegales. El doctor Solano y demás dirigentes gremiales lo saben. Pero no les importa porque desde estos móviles actúan. Y el ministro ha optado por la prudencia extrema.
Si de alguna privatización podría hablarse, es de la que se produce al desdeñar para qué existe la Caja y convertirla –o intentar hacerlo– en un engranaje para trasladar a sus empleados crecientes rentas del Estado y los cotizantes, sin mejor desempeño a cambio.
Los gremios exigen que la entidad incumpla totalmente la regla fiscal y la norma para que los incentivos laborales crezcan en montos fijos, no porcentuales, a lo que obliga la reforma tributaria; es decir, violar la ley. Además, insisten en que se mantenga el perverso “enganche”, según el cual los salarios de los profesionales en salud suben cada vez que se incrementan los de cualquier otro grupo de empleados públicos. Es decir, para lo que les conviene (privilegios) son parte integral del Estado, pero para lo que no, porque les pone límites, están fuera. ¿Privatización?
Esas pretensiones no fueron frenadas con contundencia y a tiempo ni por el presidente ejecutivo, Román Macaya, ni por la Junta Directiva; más bien, se sacudieron el conflicto y lo delegaron tanto hacia arriba (el Ejecutivo) como hacia abajo (los usuarios). Y aquí estamos. Ahora, además, don Román argumenta que los cambios en incentivos, ordenados por la reforma y vigentes en todo el país desde el 1.° de julio, demorarán 20 meses en ser aplicados, el tiempo que les tomará ajustar sus “sistemas”. ¿Desde cuándo la incompetencia administrativa permite irrespetar la ley? Como dice el refrán, “tras cuernos, palos”. La situación es surrealista y ofensiva, pero, sobre todo, intolerable.
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El autor es periodista.
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