Eduardo Ulibarri. 8 octubre

Desde que plantearon sus 15 exigencias al Ejecutivo, los autoproclamados líderes de los bloqueos hicieron imposible, por lo extremas y absurdas de algunas, que fueran atendidas, y así tener justificación para continuar con su estrategia. Quedó de manifiesto que esta se reduce a generar violencia, aunque sea a costo de la viabilidad política y credibilidad del movimiento; sobre todo de sus cabecillas, cuatro jinetes del apocalipsis que son ejemplos supremos de “los mismos de siempre”, en la versión más retro posible. Lo difícil es escrutar cuál será su objetivo ulterior, si existe.

Vaciados de propósitos sustantivos y sin representación social genuina, los bloqueos se convirtieron en un fin en sí mismos. De aquí a que cualquier liderazgo —real o ficticio— perdiera control, el camino era muy corto. Lo que comenzó como una serie de actos delictivos (cerrar vías e impedir la libertad de circulación son delitos) se ha transformado en un serio problema delincuencial.

José Miguel Corrales, el más vocal de los cuatro jinetes, reconoce que la dinámica perversa puesta en marcha se les salió de las manos y que narcotraficantes y delincuentes se han adueñado de varios puntos. Algo similar ha dicho el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, quien el miércoles en la tarde, antes de que fuera incendiada en Abangares una buseta de la Fuerza Pública, ofreció este balance: 12 patrullas destrozadas, un centenar de policías heridos (la mayoría levemente) y el robo de implementos a varios de ellos. Peor aún es el impacto sobre la población, la producción y el bienestar general.

Estamos, esencialmente, ante un serio problema de orden público. Por no actuar a tiempo para restaurar el libre tránsito, y más bien centrarse en administrar los bloqueos, el gobierno proyectó un mensaje de desamparo ciudadano y pérdida de autoridad. No es de extrañar, entonces, que de la violencia oculta que es impedir el tránsito, se pasara a la abierta de los ataques, las quemas y los “peajes”.

Hoy el control del orden es más difícil; por ello, más urgente. Las exigencias sustantivas de múltiples sectores se atienden en la mesa de diálogo; la violencia casi anárquica debe frenarse con acciones policiales prontas, bien pensadas y ejecutadas. Forman parte del acto de gobernar.

Twitter: @eduardoulibarr1