Eduardo Ulibarri. 30 enero

El activismo de varios sectores agrícolas se ha intensificado en los últimos días, y no por buenas razones.

El 20 de este mes, los productores de azúcar solicitaron subir más allá del 49,67 % actual los tributos a la importación para “proteger el mercado local”. Dos días después, el gobierno anunció un Plan Nacional de Aguacate, destinado a que se duplique el área de siembra y, en pocos años, la producción nacional atienda toda la demanda interna. Siguieron varios reclamos y exigencias de la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) y la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), entre ellos, la “activación” de mecanismos de defensa comercial contra la importación de diversos productos. Y a esta liga hay que añadir los productores de arroz, que gozan de salvaguardas de casi el 50 % como barrera contra la competencia externa.

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El objetivo declarado de estas iniciativas es “defender” la producción nacional. Su resultado, sin embargo, es agredir a los consumidores —finales o intermedios— con precios más altos y distorsionar la economía con rentas artificiales que favorecen a sectores específicos, en menoscabo de otros.

Los casos más dramáticos son los del arroz y el azúcar, por su antigüedad y peso en la canasta básica. El más sonado ha sido el del aguacate. Desde que se prohibió importar la variedad Hass desde México y otros países, en junio del 2015, con excusas fitosanitarias, se generó escasez y aumentaron los precios. Este guion parece inspirar a la ANA y Cadexco, con sus pedidos de salvaguardas no arancelarias. Sobre el plan para aumentar la siembra, nadie ha dicho por qué impulsar el aguacate, no otros productos, y cómo afrontar el impacto ambiental que genera: según la organización Water Footprint Network, se requieren 2.000 litros de agua por cada kilo producido.

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Estos casos demuestran que, en materia agrícola, el gobierno contradice las políticas generales destinadas a impulsar la competencia, la productividad y la transparencia, y a reducir las distorsiones y el costo de vida. Es legítimo que los grupos de presión impulsen sus intereses. Pero de aquí a que capturen políticas públicas y procesos de decisión clave, hay mucha distancia; también, enormes perjuicios para los consumidores, la economía y hasta la higiene democrática.

Twitter: @eduardoulibarr1

El autor es periodista y analista.