Costa Rica puede superar la crisis en la que se encuentra en materia de seguridad, siempre y cuando empecemos por ser rigurosos en el análisis del problema y tengamos la humildad de admitir que ha habido respuestas en el pasado que nos dan pistas de por donde transitar hacia el futuro.

Por: Laura Chinchilla Hace 5 días

El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, publicó en este espacio un artículo titulado “¿Qué se necesita para disminuir los homicidios?”. Por las imprecisiones que contiene, y con el afán de aportar, con rigor, a uno de los más preocupantes problemas del país, me permito las siguientes reflexiones.

Lo que dicen las estadísticas criminales de Costa Rica: lo primero que llama la atención del escrito del ministro es su afirmación de que el crecimiento de los homicidios se inició en el 2012, cuando fue precisamente en ese año y el siguiente (2013) cuando el país alcanzó la tasas más bajas de homicidios de los últimos nueve años (vea gráfico).

Después de una tendencia hacia la baja en el período 2010-2013, la tasa de homicidios empezó a experimentar un crecimiento constante a partir del 2014. El crecimiento entre el 2013 y el 2017 ha sido de un 37,9 %, lo que en términos de vidas humanas significa cerca de 190 muertes adicionales por asesinatos.

Cuando se alteran las interpretaciones de lo que dicen las estadísticas, se impide hurgar en las razones que en su momento ayudaron a conseguir una sensible mejora de la seguridad y, como consecuencia de ello, se dejan de introducir los correctivos necesarios que en un momento como este demanda el país.

tasa homicidios
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Lo que dicen las estadísticas criminales de Centroamérica: el segundo aspecto que me preocupa es la insistencia de algunos de literalmente “echarle los muertos” al crimen organizado y al narcotráfico.

No podemos ignorar el impacto de ambos fenómenos, pero ni son nuevos —nuestro país ha estado sometido al acoso de tales grupos mafiosos desde hace casi 20 años—, ni tienen por qué resultar tan devastadores.

Reconozco que la geopolítica de las drogas ilícitas en nuestra región lejos de simplificarse se complica año con año; sin embargo, mientras aquí los homicidios suben, en la mayoría de los países del Istmo están disminuyendo.

El segundo gráfico muestra las tasas de crecimiento de los homicidios en los países de Centroamérica para el período 2013-2016, las cuales disminuyeron en Guatemala (-19,7), Honduras (-23,7), Nicaragua (-15,5) y Panamá (-40,4); solo subieron en Costa Rica (35,6) y en El Salvador (104,5).

Siendo vecinos del mismo barrio, estos datos lo único que confirman es que mientras otros están haciendo su tarea, en Costa Rica dejamos de hacerla. De nuevo, machacar en el narcotráfico como la causa explicativa del deterioro de la seguridad, lo único que consigue es ocultar otro conjunto de razones detrás de la crisis que vive el país.

Por ejemplo, si al análisis de los homicidios resultantes de ajustes de cuentas entre bandas criminales sumamos otras manifestaciones, confirmaremos que también aumentan los homicidios no asociados al crimen organizado, el robo de vehículos, las extorsiones y otros tantos delitos de especial gravedad.

Finalmente, considero que aún estamos a tiempo de evitar que este problema alcance los niveles de otros países. Si durante mi gobierno logramos mejorar la seguridad, lo mismo se puede volver a intentar.

A continuación puntualizo algunos errores cometidos durante esta administración y las enmiendas que deben efectuarse para disminuir el crimen violento.

1. Fue derogada la Política de Seguridad y Paz Social que en el 2011 sentó las bases para una acción integral —prevención, control y sanción— y una gestión de Estado –Legislativo, Ejecutivo y Judicial—. Se deberá retomar una política nacional que garantice la participación concertada de diversos actores institucionales y sociales.

2. Fue debilitado el Consejo Nacional de Seguridad como instancia coordinadora y de monitoreo de las políticas. Deberá reactivarse presidido por una autoridad del máximo nivel político que evite la dispersión de esfuerzos y las contradicciones que hemos visto entre los ministerios de Seguridad y Justicia.

3. Fue eliminada la estructura operativa al interior del Ministerio de Seguridad Pública que garantizaba una más clara asignación de responsabilidades: por un lado un Viceministerio a cargo de la coordinación de unidades especiales — PCD, Guardacostas, Sección Aérea— y que hacía de contraparte funcional con entidades como la DIS y el OIJ, para la atención del crimen organizado; y por otro, un Viceministerio con rectoría sobre la policía uniformada a cargo de las tareas operativas cotidianas de la Fuerza Pública. Debe revisarse si la actual concentración de funciones en un solo jerarca ha restado eficacia a la gestión de las políticas de seguridad.

4. Fue suspendida la entrada en vigor de la Jurisdicción Especial contra el Crimen Organizado, aduciendo falta de recursos. En un momento cuando el resto de los países del área avanzan en la materia, este anuncio fue una invitación a los criminales a moverse hacia Costa Rica. Debe activarse dicha jurisdicción con la brevedad posible y, a la vez, aprobar las reformas que complementen la actual legislación contra el crimen organizado como la extinción de dominio —con los ajustes que se han planteado—.

5. Se le restaron recursos al Ministerio de Seguridad y se debilitó la planilla policial al inicio de la administración. Aunque se han revertido estas tendencias, quedó un vacío temporal que puede explicar la toma del control territorial por bandas criminales dedicadas a extorsionar. Debe fortalecerse la presencia policial disuasiva y retomar los programas de intervención preventiva de las comunidades en riesgo social.

Costa Rica puede superar la crisis en la que se encuentra en materia de seguridad, siempre y cuando empecemos por ser rigurosos en el análisis del problema y tengamos la humildad de admitir que ha habido respuestas en el pasado que nos dan pistas de por donde transitar hacia el futuro.

Laura Chinchilla fue presidenta de Costa Rica.