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Qué rescato del caso Cochinilla

Ojalá avancemos por el camino correcto para fijar culpas y efectuar enmiendas

Que la megarred de corrupción destapada por el OIJ existiera desde la apertura del Conavi, en 1999, sugiere que fue importada del MOPT. De ser así, su existencia supera por mucho los 20 años, razón de más para el enojo ciudadano. ¿Cómo no fue descubierta durante tanto tiempo, a pesar de los abultados controles que plagan nuestra Administración Pública? La pregunta es legal e institucional. De su buena respuesta, y de la voluntad política, dependerán las transformaciones que eviten futuras metástasis y nos conduzcan, ojalá, a lo mejor: cero impunidad, agilidad, transparencia, competencia y honestidad en la adjudicación, supervisión y gestión de obra pública.

Pero hay otra pregunta esencial: ¿Por qué fue descubierta ahora? Al responderla, aunque sea parcialmente, rescato cuatro factores que generan optimismo, y hasta confianza: los empleados públicos honestos, el buen uso de una ley moderna, la competencia del OIJ y la discreción de sus investigadores.

Fueron empleados del Conavi quienes, a raíz de la auditoría generada por el escándalo de la «pifia» —en realidad, conspiración— en el mal diseño del acceso vial al puerto de Moín, brindaron los primeros datos que permitieron desvelar la magnitud de la trama. Gracias a la riqueza de la información obtenida, el OIJ pudo enmarcar la investigación como un caso de delincuencia organizada y logró que un juez le autorizara a usar el robusto instrumental investigativo que brinda la ley sobre el tema, vigente desde el 2009.

Desentrañar la naturaleza del complejo engranaje, centrado en el Conavi, impulsado por empresas constructoras y supervisoras, y aceitado por intermediarios multifuncionales, llevó casi tres años. Su reconstrucción minuciosa habla muy bien de la capacidad de los investigadores; la ausencia de filtraciones que frustraran su tarea no solo es muestra de profesionalismo, sino también de que el refrán «en Costa Rica todo se sabe» no siempre implica revelación prematura.

Este minucioso trabajo será sometido ahora a los estándares de los tribunales, como debe ser en un Estado de derecho; también, a una comisión legislativa, que augura ruidos y distorsiones. Solo espero que, incluso dentro de ella, rescatemos lo más importante del caso y avancemos por el camino correcto para fijar culpas y efectuar enmiendas.

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