EscucharCuando se afronta una grave crisis fiscal, el Estado debe racionalizar sus gastos, reducir su tamaño, incrementar la productividad y buscar soluciones para los problemas sociales.
La salida fácil es endeudarse para pagar salarios, pensiones de lujo y pluses insostenibles en una sociedad aquejada por grandes brechas sociales. Tampoco es sano seguir subsidiando instituciones que no aportan ningún valor al desarrollo.
La falta de acción para resolver los problemas estructurales es preocupante. Las soluciones trascendentales se posponen por cálculo político, aunque no quede mucho tiempo y se sepa de antemano que la inercia se traducirá en medidas dolorosas más adelante, que afectarán especialmente a las poblaciones más vulnerables.
El país no saldrá a flote mientras mantenga instituciones que ya no tienen viabilidad en una nueva economía, que exige mayor productividad.
Hace muchos años el Consejo Nacional de Producción (CNP) dejó de ser pieza clave para el desarrollo de pequeños y medianos productores agropecuarios. Tampoco se necesita para promover las actividades pesqueras, agroindustriales y acuícolas.
La Contraloría General de la República ha señalado en infinidad de informes que el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) carece de planificación, información, transparencia y sistemas informáticos.
Es ilógico que por directrices del gobierno los Ministerios de Educación (MEP), Justicia y Seguridad Pública (MSP) estén obligados a comprar al CNP alimentos cuyos precios se encarecen a causa del costo de la logística. Pero eso no es todo, son productos de mala calidad y la entidad incumple los tiempos de entrega.
No parece razonable que con una planilla anual de ¢11.000 millones el CNP y el PAI no den un servicio de buena calidad, lo cual perjudica a unos 800.000 niños.
La situación obligó a la Contraloría a autorizar al MEP un presupuesto extraordinario de ¢10.000 millones para que compre, directamente, los alimentos y pueda abastecer a 2.000 centros educativos durante la pandemia.
El gobierno, irresponsablemente, rompió la regla fiscal para beneficiar al CNP mediante la «cláusula de escape», que le permite aumentar los gastos en ¢42.800 millones, que serán destinados a la compra de más alcohol y alimentos.
El CNP cerrará el año con un aumento del 43 % en su presupuesto, lo que significa 10 veces más de lo permitido por la regla fiscal. Para colmo de males, arrastra deudas por ¢9.000 millones.
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La Fábrica Nacional de Licores (Fanal), por su parte, debió triplicar la producción de alcohol por el aumento de la demanda originada por la pandemia. Pasó de producir 3,5 millones de litros de alcohol etílico a 10,5 millones anuales.
Para ello, necesita, a corto plazo, una cuantiosa inyección de capital para invertir en equipo moderno, mejorar las instalaciones, adquirir nuevas tecnologías y aumentar inventarios.
La Fanal está adscrita al CNP, por lo que sus finanzas están íntimamente ligadas. Pero no hay claridad financiera en los libros contables por omisiones y desorden. Se estima que las deudas con Hacienda, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) superan los ¢60.000 millones, es decir, la institución se encuentra en serios problemas de solvencia, liquidez y capacidad para subir su productividad.
Recientemente, la industria nacional denunció la falta de alcohol para sus procesos productivos, situación que obliga al gobierno a darle recursos y avales para comprar a la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) materia prima con el fin de suplir la demanda del mercado. En síntesis, la realidad financiera y operativa de la Fanal es insostenible.
Así las cosas, nos hallamos ante dos instituciones que están urgidas de una intervención para conocer su realidad financiera, industrial y productiva. El CNP debe convertirse en un centro de innovación, proveedor de servicios con alto valor agregado, basado en un nuevo perfil de profesionales y una gobernanza similar a la de la Promotora de Comercio Exterior. El PAI debería ser absorbido por las propias instituciones o establecer alianzas publico-privadas en forma transparente y fomentar la competencia.
En vista de los serios problemas de la Fanal, lo oportuno es vender un 49 % de su capital a Laica y a fondos de inversión o pensiones, pero antes debe encargarse la evaluación de activos a una firma consultora reconocida, que analice la ventaja competitiva en el mercado de su producto líder, guaro Cacique, y la fortaleza como proveedora de alcohol al sector público.
También se debe considerar el establecimiento de un arancel que la proteja de la importación de alcoholes, medidas «antidumping» y abrir el mercado a la industria de rones y otra variedad de licores.
El país no debe posponer la capitalización, modernización y la incorporación de un gobierno corporativo que promueva la productividad y menos injerencia política.
No menos importante es evaluar si la Fanal se da en concesión a un plazo definido y que Laica tenga prioridad en el negocio.
El autor es ingeniero.
