EscucharWASHINGTON, DC – “Las leyes de derechos de autor y patentes vigentes en la actualidad parecen más un monopolio intelectual que propiedad intelectual”, han escrito Brink Lindsey y Steven Teles en su libro reciente sobre la economía estadounidense. No son nuevas las inquietudes acerca de la sobreprotección de la propiedad intelectual como una barrera a la innovación y su difusión, pero han adquirido mayor prominencia ahora que el conocimiento ha surgido como un factor importante de la actividad económica y las ventajas competitivas.
Las tecnologías digitales han hecho posible el surgimiento de una “economía intangible”, basada en activos suaves, como algoritmos y líneas de código más que en recursos físicos como edificios y maquinaria. En este entorno, las normas de propiedad intelectual pueden hacer o deshacer modelos de negocios y cambiar la forma de sociedades enteras, ya que determinan la distribución de las ganancias económicas.
Sin embargo, los rasgos principales del régimen de propiedad intelectual (PI) actual se crearon para una economía muy diferente. Por ejemplo, las normas de patentes reflejan el supuesto muy arraigado de que una sólida protección es un incentivo esencial para que las empresas busquen innovar. De hecho, los estudios recientes de Petra Moser y Heidi Williams, entre otros, encuentran pocas evidencias de que las patentes fomenten la innovación. Por el contrario, puesto que aseguran las ventajas de las empresas actuales y elevan los costos de las nuevas tecnologías, estas protecciones se asocian con menos innovación nueva o de seguimiento, una difusión más débil y un aumento de la concentración del mercado. Esto ha contribuido a un creciente poder monopólico que ha ralentizado el crecimiento de la productividad y elevado la desigualdad en varias economías en el último par de décadas.
Asimismo, las patentes invitan a niveles considerables de cabildeo y búsqueda de rentas. La mayoría se usan no para generar valor comercial, sino para crear barreras legales defensivas que puedan mantener a raya a los competidores. A medida que el sistema se expande, el troleo y los litigios de patentes aumentan. Las demandas judiciales iniciadas por “troles” de patentes componen más de tres quintos de todas las querellas por violación de PI en los Estados Unidos, y se estima que costaron a la economía unos $500.000 millones entre 1990 y el 2010.
Algunos argumentan que el sistema de patentes se debería desmantelar, sencillamente, pero ese sería un enfoque demasiado radical. Lo que de verdad se precisa es un examen completo del sistema, que esté atento a cambiar protecciones excesivamente amplias o estrictas, alineando las reglas con las realidades actuales y haciendo posible la competencia para impulsar la innovación y la difusión tecnológica.
Un conjunto de reformas a considerar podría centrarse en mejorar los procesos institucionales, asegurándose de que el sistema de litigación no beneficie en exceso a los titulares de patentes. Otras reformas podrían abordar las patentes mismas, incluyendo el acortamiento de sus plazos, la introducción de cláusulas de pérdida en caso de no uso, y criterios más estrictos que limiten las patentes a invenciones realmente significativas.
La clave para el éxito podría ser reemplazar el enfoque “un tamaño lo cubre todo” del actual régimen con una estimación diferenciada que tal vez se adapte mejor a la economía de hoy. Por lo general, las patentes cubren plazos de 20 años (las protecciones para derechos de autor cubren más de 70 años). Pero si bien una patente relativamente larga puede ser adecuada para innovaciones farmacéuticas, que implican ensayos clínicos prolongados y costosos, el caso es menos claro en otros sectores. Por ejemplo, en las tecnologías digitales y el software, los nuevos avances tienen mucho menores tiempos de gestación y suelen basarse en innovaciones previas de manera gradual, lo que significa que tal vez sea mejor aplicarles plazos mucho más breves.
Por supuesto, si las entidades reguladoras deciden adaptar las patentes a los diferentes tipos de innovaciones, deben cuidarse de no complicar en exceso sus regímenes. Para encontrar la combinación adecuada de reformas sería inevitable algún grado de experimentación, así como el monitoreo atento de los resultados, tras lo cual se podrían hacer los ajustes necesarios.
Pero el diseño de las reformas correctas es solo parte del reto: poderosos intereses creados harán la reforma políticamente difícil. Afortunadamente, no podría ser más sólida la oportunidad para la reforma del sistema de patentes con décadas de antigüedad. Si los defensores del sistema realmente buscan promover la innovación, deberían estar abiertos a ellas en sus propios patios traseros.
Sin embargo, las patentes no son el único elemento importante del ecosistema de la innovación. Los gobiernos también promueven la innovación mediante financiación directa de investigación y desarrollo, y a través de incentivos fiscales. Y en este ámbito también se requieren medidas.
El gasto de IyD de los gobiernos se centra en suministrar el bien público que constituye la investigación básica y que a menudo produce derramamientos de conocimientos que benefician a la economía como un todo. Sin embargo, en los Estados Unidos el gasto en IyD estatal ha bajado desde un 1,2 % a principios de los años 80 a la mitad de ese nivel en los últimos años, lo que subraya la necesidad de revitalizar programas de investigación y asegurar un amplio acceso a sus hallazgos.
Es más, los incentivos a la IyD para el sector privado (proporcionados a través de reducciones de impuestos, becas o premios) deben ser accesibles a todas las firmas de manera equitativa. La reforma a las patentes podría complementar estos cambios, por ejemplo, prohibiendo patentes que tengan su origen en respaldadas por el Estado, que debería estar disponible a todos los participantes del mercado.
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La fuente de muchas grandes innovaciones desarrolladas comercialmente por firmas privadas puede trazarse a investigaciones apoyadas por el gobierno. Entre algunos ejemplos recientes se puede mencionar el algoritmo básico de búsqueda de Google, funciones clave de los teléfonos inteligentes de Apple, e incluso la Internet misma. Los gobiernos deberían considerar cómo dar a los contribuyentes una participación en unos resultados tan rentables originados en investigación financiada públicamente, no en menor medida para recuperar los presupuestos de IyD. En este punto, el sistema fiscal tiene un papel importante que desempeñar.
En términos más generales, en una economía que hace un uso cada vez más intenso del conocimiento, las políticas públicas deberían buscar democratizar la innovación, con el fin de impulsar la creación y la diseminación de nuevas ideas y promover una sana competencia. Eso implica hacer ajustes a un sistema de propiedad intelectual que se mueve en la dirección opuesta.
Zia Qureshi, exdirector de economía del desarrollo en el Banco Mundial, es investigador sénior no residente de la Brookings Institution. © Project Syndicate 1995–2018
