Jorge Woodbridge. 7 febrero

El gobierno esta obligado a buscar para este año ¢4,66 billones para el servicio de la deuda pública, recursos que representan el 92 % de los ingresos ordinarios proyectados.

La liquidez de la Hacienda pública será muy crítica en este 2019 por un déficit fiscal que llegaría al 7 % del producto interno bruto (PIB), lo cual obligará a solicitar al Congreso autorización para salir al mercado internacional a recaudar $1.500 millones y no presionar el mercado interno.

El endeudamiento obligatoriamente requiere medidas valientes en el recorte del gasto, establecer límites severos para reducir la actual presión en las tasas de interés, disponibilidad de recursos y manejo del tipo de cambio y el equilibrio fiscal.

El sector público tiene que poner orden en sus finanzas si queremos generar más empleo y reducir la pobreza.

La nueva ley aprobada generará en su primer año un 1,10 % del PIB, ingresos frescos mas no suficientes para cubrir un déficit primario proyectado del 3 %.

La situación fiscal y la reactivación siguen siendo las piedras en el zapato para generar confianza, inversión y empleo. Seguir endeudando al país para pagar un gasto público creciente, sacrificando la inversión y la competitividad no es viable. Este año solo de intereses habrá que pagar ¢1,66 billones; el equivalente al 4,5 % del PIB.

Austeridad en remuneraciones. Las remuneraciones del gobierno pasaron de ¢1,97 billones en el 2014 a ¢2,63 billones en el 2018; un aumento del 28,5 % en términos reales. El gobierno paga 127 incentivos salariales diferentes, los cuales disparan sin control los salarios del Gobierno Central, universidades públicas, Poder Judicial y otras instituciones con cargo al presupuesto nacional.

De los ¢2,1 billones en remuneraciones, ¢1 billón corresponde a salarios y otro billón a incentivos. Por antigüedad se presupuestaron ¢288.000 millones, para salario escolar ¢144.000 millones y por dedicación exclusiva ¢138.000 millones. Incentivos que se aplican en forma automática, sin evaluación de resultados, responsabilidades y sostenibilidad.

El incentivo por antigüedad es reconocido al 92 % de los trabajadores, sin evaluar su productividad. Este tipo de pagos ha fomentado conflicto social y desmotivación, al generar disparidad salarial en puestos iguales. No parece lógico tener un oficial de seguridad ganando ¢351.000 mensuales al iniciar y otros, con las mismas responsabilidades y calificaciones, percibiendo ¢980.000. Un médico asistente puede empezar con un salario de ¢1.420.000 mensuales y otro, con las mismas características, gana ¢2.957.000. La situación produce grandes distorsiones en el mercado laboral para los nuevos profesionales e incentiva que la planilla del sector público crezca aceleradamente, independientemente de la competitividad y la sostenibilidad financiera.

En el Ministerio de Educación Pública (MEP) disponen de 88 incentivos, el salario promedio mensual es de ¢1.308.000, los incentivos superan el 35 % para 86.440 funcionarios. Es preocupante cuando se tiene un déficit fiscal creciente la contratación de 25.000 nuevos docentes, si los niños matriculados en los últimos 10 años han disminuido en 70.000.

Por otra parte, la Universidad de Costa Rica (UCR) paga 17 incentivos, los cuales superan el 40,26 % de los salarios base de 9.780 empleados. El salario promedio mensual es de ¢1.495.000.

La UCR y la Caja Costarricense de Seguro Social concentran la mayor cantidad de trabajadores cuyos ingresos superan los ¢4 millones, y ahora sus dirigentes apelan ante los tribunales la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas porque les congela los aumentos por dos años y fija un aumento único por inflación en adelante.

En la UCR, 306 trabajadores perciben salarios entre ¢4 millones y ¢9,4 millones mensuales. El Ejecutivo tiene 122.000 empleados y 100 de ellos ganan más de ¢4 millones al mes, salario muy superior al de los ministros. Como puede apreciarse, las remuneraciones en todo el sector público es un caos total.

Enganches salariales para los médicos, pensiones de privilegio, incentivos crecientes, muchos días de vacaciones y pago del 100 % del salario por incapacidad han producido un crecimiento acelerado del gasto público. En el 2016, en el Estado trabajaban 290.000 funcionarios y solo un 4 % percibía el salario único, en 260 instituciones.

Rigidez en el gasto. Las transferencias corrientes del Gobierno pasarán de ¢2,01 billones en el 2014 a ¢2,97 billones en el 2019; un aumento proyectado de ¢960.000 millones, que equivaldrían a un crecimiento del 40,5 % en términos reales.

El crecimiento es debido a la falta de control y evaluación de la realidad económica. Más del 67 % del presupuesto nacional, eliminando el servicio de la deuda, tiene destinos específicos. Por orden constitucional, la educación, el Poder Judicial y la deuda política cuentan con un presupuesto basado en la producción y los ingresos corrientes, independiente de si hay dinero o no.

Son más de 150 destinos amparados a 39 leyes y decretos establecidos sin señalar de dónde saldrían los recursos, sin mediciones y sin plazo de caducidad. Esos gastos fijos representan el 89 % de los ingresos corrientes y el 12,9 % del PIB. En tiempo de crisis, deben analizarse procurando el principio de equilibrio, el gasto óptimo, la temporalidad y la flexibilidad.

Pensiones. Otro rubro pendiente de revisión es el régimen de pensiones con cargo al presupuesto nacional, pues superará este año los ¢675.000 millones y está compuesto por 14 regímenes diferentes. La mayor tajada se la lleva el magisterio nacional. No será hasta el 2086 cuando se pensionará el último funcionario cubierto por el Estado.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa aprobó el año anterior el tope a las pensiones de lujo, pero quedaron exentas las creadas antes de 1998. Si bien el Estado ha ahorrado en pensiones ¢19.500 millones anuales, más de 1.700 exfuncionarios del magisterio se escaparon del tope de ¢2,7 millones mensuales y reciben jugosas pensiones que superan en algunos casos los ¢10 millones mensuales. Jubilados que en un 86 % están concentrados en las universidades públicas. Entre remuneraciones, transferencias y servicio de la deuda, se va el 90,2 % del presupuesto.

No podemos seguir por el mismo camino de grandes privilegios en el sector público. Los altos intereses, impuestos, trámites, formalización, servicios públicos y cargas sociales están afectando el sector productivo y la generación de empleo formal.

La creciente deuda pública nos está cobrando la factura. Tenemos que racionalizar el gasto y las transferencias, fusionar instituciones y programas, cerrar entes que no operan, simplificar trámites, erradicar las pensiones de lujo y hacer un régimen único de pensiones y remuneraciones para todo el Estado.

El sector público tiene que poner orden en sus finanzas si queremos generar más empleo y reducir la pobreza. Cada vez son miles de microempresas y emprendimientos que desaparecen por los altos costos de formalización y operación. No podemos mejorar la competitividad invirtiendo solo el 1,4 % del PIB y con las altas cargas fiscales y parafiscales. El desempleo ya está en un 12 %, y lo importante es estimular al sector productivo privado y acabar con los privilegios y gastos crecientes de la Administración Pública.

El autor es ingeniero.