Escuchar¿Cómo enfrentar la inminente quiebra del régimen de pensiones de la CCSS sin incurrir en recortes de beneficios y aumentos descomunales en las cuotas obrero-patronales? Es cuestión de seguir el ejemplo de Chile y su reforma previsional de 1981, la cual se basó en cuatro pilares.
El primero es la capitalización individual. Las cotizaciones obligatorias que cada trabajador hace al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) pasarían al sistema de cuentas individuales en el que ya operan las pensiones complementarias. Estas cuotas y las rentas que generen constituirían la futura pensión.
El segundo es la administración privada de este ahorro. Para ello no se requieren mayores cambios legales: desde hace más de diez años existe todo un marco regulatorio, supervisado por la Supén, bajo el cual funcionan las operadoras de pensiones complementarias.
El tercero es la libertad de los trabajadores de escoger cuál operadora administra su cuenta de ahorro previsional, tal como ya ocurre con las pensiones complementarias.
Finalmente, el Estado garantizaría una jubilación mínima a aquellas personas que, habiendo trabajado el tiempo requerido, no lograron acumular los recursos que les permitan tener una pensión básica.
La transición debe regirse por tres reglas: a) El Estado se compromete con los actuales jubilados a que sus pensiones no se verían afectadas por la reforma. b) A todos aquellos menores de 55 años en la fuerza laboral se les daría la opción de quedarse en el IVM o moverse al sistema privado. Quienes decidan cambiarse recibirían un reembolso de sus contribuciones históricas al IVM más un interés razonable. Los mayores de 55 años se pensionarían bajo el régimen de la CCSS y se les reconocería su pensión íntegra. c) Todos los nuevos trabajadores entrarían directamente al sistema privado.
La transición no implica costos adicionales y más bien tiene la ventaja de reconocer explícitamente las obligaciones en promesas de pensiones en las que el Estado ya incurrió (y que a valor presente equivalen al 102% del PIB).
De tal forma, para hacer frente al problema de flujo de caja que conllevaría para el fisco el pago de pensiones y de los reembolsos durante la transición, habría que contemplar la venta de activos estatales.
No hay necesidad de inventar el agua tibia. Costa Rica ya cuenta con un régimen de pensiones privado complementario que funciona satisfactoriamente. Transitemos el IVM a ese sistema antes de que sea muy tarde.
(*) Juan Carlos Hidalgo es analista sobre América Latina en el Cato Institute con sede en Washington. Cuenta con un BA en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y una maestría en Comercio y Política Pública Internacional del George Mason University.
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