Jorge Woodbridge. 24 octubre, 2019

La competitividad está sujeta a la solidez de las instituciones, contar con infraestructura de buena calidad, tecnología de punta, comunicaciones, estabilidad financiera, dinamismo empresarial, innovación, alfabetización digital, creatividad, cultura de cambio y riesgo, inclusión social, transparencia y seguridad jurídica y ética.

En el reciente Informe de Competitividad Global 2019, Costa Rica ocupa la posición 62 entre 141 países, 7 posiciones menos con respecto al 2018.

La carreta lleva dos bueyes y será difícil que nos enfrentemos a la cuarta revolución industrial si tanto el sector público como el privado están en desventaja competitiva.

En el primer puesto, está Singapur por sus grandes avances en sostenibilidad ambiental, tecnología, innovación, educación, infraestructura, gobernabilidad, transparencia, responsabilidad social y ética.

El informe señala nuestra limitada cobertura de Internet con fibra óptica y banda ancha, el escaso registro de patentes, la actitud conservadora frente al riesgo, el raquítico gasto en investigación y desarrollo (I+D) y el mucho tiempo y elevado costo para iniciar un negocio.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) no cuenta con los recursos financieros, políticos y legales para crear un programa integral en ciencia, innovación y tecnología con las universidades públicas, el sector privado, el Ministerio de Educación, el Instituto Costarricense de Electricidad y otras instituciones que deben alinearse en un esfuerzo nacional.

Tampoco existe un fondo para aportar capital semilla y de riesgo con el fin de crear pymes. Nuestros bancos estatales y el Sistema de Banca para el Desarrollo se limitan al esquema de préstamos para pymes basado en garantías reales.

Por otra parte, el mercado de capitales está concentrado en el desarrollo inmobiliario y bonos del Estado. De seguir así, la mortalidad de las pymes seguirá en crecimiento.

Universidades. Las universidades públicas deben participar activamente con infraestructura, laboratorios y recursos humanos en el desarrollo de parques tecnológicos e incubadoras de pymes.

No podemos seguir trasladando más de ¢500.000 millones a instituciones que no identifican las necesidades actuales y futuras de los profesionales necesarios para llenar la demanda del mercado. Tampoco es sostenible el crecimiento de pluses para el cuerpo administrativo y profesorado.

Las universidades no deben seguir estáticas ante la necesidad de cambio, calidad e innovación. No existe ningún apoyo de estas a la creación de parques tecnológicos exigidos por el nuevo modelo de desarrollo.

El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) debe repartirse según la oferta de profesionales del sector productivo, no por una asignación histórica rígida y desarticulada de la demanda. Las universidades deben ser transparentes, eficientes y rendir cuentas de sus programas, acreditaciones, costos y resultados.

Cuarta revolución. Es un hecho que la cuarta revolución industrial cambió nuestra forma de trabajar y vivir. El modelo productivo se basa en tecnologías digitales y ya afecta las disciplinas industriales y económicas; impone una visión diferente sobre la fabricación con los procesos interconectados por Internet.

La cuarta revolución requiere un gobierno ágil, que estimule la innovación, la gobernanza corporativa, el encadenamiento, la conexión a Internet, la responsabilidad social y ambiental, la seguridad, la ética y la formación de nuevas capacidades.

La industria 4.0 exige la formación de jóvenes con amplia capacidad para el uso de tecnología y el desarrollo de habilidades blandas.

La nueva revolución industrial significa el uso de inteligencia artificial, diferentes modelos de urbanizar las ciudades, desarrollo de nuevas energías, cambios migratorios, protección del agua, adoptar tecnología en la medicina y otros factores que, ante todo, urgen un cambio estructural del gigantesco y complejo aparato estatal.

Estado. El Estado ha venido creciendo en tamaño y complejidad. Los empleados públicos significan el 15 % de la fuerza laboral; no obstante, el Gobierno Central demanda el 27,7 % del producto interno bruto (PIB) y, si incluimos las empresas públicas, el 77 %. Las cargas tributarias, incluida la seguridad social, representan un 23 %, de acuerdo con la metodología de la OCDE, y los impuestos, más del 50 % de las utilidades.

En Costa Rica, se cobran más de 105 impuestos, los cuales afectan el ahorro, la propiedad, la transferencia de bienes, el traspaso de vehículos, el consumo, las ventas, el cemento, la vida silvestre, los ingresos de los puertos, el valor aduanero y la salida del país, entre otros. Las múltiples exoneraciones deben ser revisadas para continuar el ordenamiento fiscal. Vivimos en un país caro. Se pagan cuantiosas tarifas por servicios públicos, vivienda, salud y educación.

El acceso al crédito se vuelve más difícil para la producción, no así para el consumo debido a las tarjetas de crédito y a líneas creadas para ese fin. La burocracia inventa requisitos y no se ha establecido una verdadera simplificación que agilice la creación de emprendimientos.

El Estado monopoliza prácticamente la generación de energía, el 85 % de los seguros, el 50 % de las telecomunicaciones, el 45 % del crédito entre los bancos estatales y el Banco Popular. Nuestra educación viene perdiendo competitividad por la falta de pruebas severas de certificación, calidad, selección y pertinencia.

Vivimos en una economía en la cual las áreas claves para el desarrollo están concentradas en el Estado y ningún cuerpo técnico apolítico mide la productividad. Un Estado secuestrado por una serie de gollerías concedidas a los sindicatos sin exigir productividad. Nadie se atreve a cuestionar la sostenibilidad de instituciones que ya no son estratégicas en la nueva realidad tecnológica y económica.

Evaluación. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fue creada para regular energía, transporte y agua. Su labor se centra en la construcción de un modelo que incorpora los costos de cada institución sin cuestionarles su competitividad.

No hace un análisis de los planes de inversión y la productividad de cada sector fiscalizado, su campo de acción es revisar los costos reales y dar transparencia sin verificar la eficiencia.

Las tarifas de los servicios se aprueban sin preocuparse si compiten con los países con los cuales comercializamos. El ejemplo de la energía eléctrica es muy representativo de cómo el Grupo ICE cobra a los abonados y nadie puede cuestionarle la productividad. Recientemente, el Grupo Vical anunció el cierre de la planta en Cartago por los elevados impuestos y costos energéticos y portuarios.

La Aresep puede excluir de las tarifas gastos no justificados de conformidad con la normativa y las disposiciones regulatorias, pero no tiene acción sobre inversiones, endeudamiento y estructura operativa. Algo es incorrecto en la estructura de nuestro Estado cuando una institución técnica, como la Aresep, no cuenta en su legislación con facultades para medir parámetros de competitividad a las instituciones supervisadas. Cómo mejoraremos nuestra competitividad si no bajamos los costos de los servicios públicos.

El mundo está cambiando aceleradamente, y hoy, más que nunca, necesitamos medir la competitividad del sector público. La carreta lleva dos bueyes y será difícil que nos enfrentemos a la cuarta revolución industrial si tanto el sector público como el privado están en desventaja competitiva. Es imposible mejorar lo que no se evalúa.

El autor es ingeniero.