En nuestra democracia la rendición de cuentas y el apego estricto de los funcionarios al principio de legalidad representan una vertiente significativa de su legitimidad.
La transparencia, la honestidad y la voluntad de dar explicaciones son la base de nuestro sistema político, y requisitos inexorables que nuestra cultura política reclama de todo liderazgo, especialmente de quienes ejercen la representación del pueblo.
En vista de los cuestionamientos en torno a la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el presidente de la República expresó desde el principio su plena voluntad de rendir cuentas y dar explicaciones al país, en general, y a la Asamblea Legislativa, en particular, en el entendido de que es un asunto de gran importancia para la tranquilidad de los hombres y las mujeres costarricenses.
Sin embargo, la voluntad democrática de rendir cuentas debe darse de conformidad con las previsiones constitucionales y la institucionalidad para no correr el riesgo de vulnerar las garantías que asisten a quien ocupe la silla presidencial y su investidura.
Toda decisión que lleve a someter a quien ejerce la presidencia de la República a un cuestionamiento en el plenario legislativo constituiría una práctica sin precedentes en nuestra historia, que excedería las funciones constitucionales del Congreso.
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Reglamento legislativo. En sencillo, de concretarse la pretensión, estarían cambiando las reglas establecidas en el reglamento legislativo, aplicables a una comisión especial y, para todos los efectos, transformando una audiencia ordinaria en una interpelación frente al pleno, mecanismo de control previsto hoy en el artículo 121 de la Constitución Política para los ministros y las ministras, mas no para el mandatario, cuya rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa es anual, cada mayo, según el artículo 139 de la carta magna.
El cambio de recinto y las condiciones que se proponen para esta sesión no solo son extraordinarias, sino que también podrían considerarse un abuso de los procedimientos instituidos en la propia Constitución Política.
En este sentido, la preocupación que surge es que un sano ejercicio de rendición de cuentas acabe comprometiendo la independencia de la presidencia de la República y los principios que inspiran la separación de poderes en el país.
Lo anterior motiva el planteamiento de algunas interrogantes: ¿Estaría la Asamblea Legislativa arrogando una facultad al presidente que no prevé el ordenamiento jurídico o estaría ella misma atribuyéndose una prerrogativa que no contempla la Constitución Política?
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En la Casa Presidencial. Doy fe del interés genuino y de la buena disposición del presidente, Carlos Alvarado Quesada, de despejar las dudas que el pueblo tenga sobre este caso, según dictan la costumbre parlamentaria y el texto constitucional en el artículo 121, inciso 23.
Esa es la razón por la cual se ha puesto a disposición de la Asamblea Legislativa todas las condiciones y garantías necesarias para que la rendición de cuentas del presidente a la ciudadanía, desde la Casa Presidencial, cumpla con los principios de transparencia y publicidad a través de todos los medios de comunicación.
No es la primera vez que un mandatario en ejercicio es llamado a rendir cuentas, y siempre prevaleció la cortesía parlamentaria y el reconocimiento de las limitaciones constitucionales, aspecto que incluso ya fue aclarado por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa con anterioridad.
Obrar de forma distinta podría sentar un precedente cuyas consecuencias puntuales no estamos en este momento en capacidad de señalar, pero que evidentemente nos colocaría en la senda del debilitamiento del sistema democrático y sería un irrespeto a la Constitución Política.
El desafío principal de las democracias contemporáneas está en afianzar la confianza en sus liderazgos e instituciones como forma de preservar el bienestar y la estabilidad de amplias mayorías.
No se cuestiona ni por un segundo que el presidente rinda cuentas; sin embargo, su devolución a la ciudadanía debe darse dentro de las normas.
Confío en que este capítulo de nuestra vida nacional sirva para reafirmar el talante democrático y republicano de sus líderes —hombres y mujeres— y para enaltecer el aprecio y el respeto histórico de este país por nuestro Estado de derecho.
La autora es ministra de la Presidencia.