Página quince: Una elección crucial para América Latina

Para no debilitar la defensa de derechos humanos y el aislamiento de los regímenes autoritarios, es fundamental la reelección de Luis Almagro en la OEA.

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CIUDAD DE MÉXICO– El 20 de marzo, la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará una Asamblea General especial para designar secretario general.

Aunque compiten tres candidatos, solamente dos tienen posibilidades reales: el uruguayo Luis Almagro, actual ocupante del cargo, y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es una de las elecciones históricas en los 72 años de existencia de la OEA.

Durante ese período, la OEA llegó a cumplir un papel fundamental en América Latina, que incluyó el seguimiento de elecciones, la defensa de los derechos humanos y el aislamiento de regímenes autoritarios.

Por ejemplo, los observadores del organismo cuestionaron desde el primer momento la validez de la elección presidencial del año pasado en Bolivia, y el grupo auditor internacional que encabezaban determinó finalmente que el proceso había sido muy manipulado.

Este hallazgo fue en gran medida lo que llevó a la salida del poder del presidente Evo Morales. La OEA supo manejar bien esta complicada situación, y supervisará una nueva elección presidencial en mayo.

Además, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA investiga abusos, dicta medidas cautelares y condena a los Estados miembros responsables de violaciones.

De hecho, la permanente crítica de la organización es una de las razones del creciente aislamiento de la dictadura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La OEA tuvo un papel similar en la denuncia de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, y en el caso de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, México, en el 2014.

El secretario general, Luis Almagro, cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de las democracias de la región. Aunque fue ministro de Asuntos Exteriores en la coalición izquierdista del Frente Amplio que gobernó Uruguay durante quince años, obtuvo el apoyo de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay (a los que se suma la mayoría de los países centroamericanos).

Sus defensores coinciden en mencionar su crucial actuación en lo referido a aislar al régimen venezolano, defender el sistema interamericano de derechos humanos y resistir intentos actuales de captura de la institución por parte de otros países.

Espinosa tiene el apoyo de México y de un pequeño grupo de países caribeños (sobre todo San Vicente y las Granadinas, y Antigua y Barbuda) que reciben ayuda financiera de Venezuela y tienen afinidad con Cuba.

En cuanto al nuevo gobierno de izquierda en Argentina, encabezado por el presidente Alberto Fernández, su primera intención era respaldar decididamente a Espinosa, pero luego desistió de hacerlo, tal vez debido a presiones de Estados Unidos.

A esto se suma que Espinosa no tiene apoyo de su propio gobierno en Quito. La razón es obvia: si bien cumplió funciones en el actual mandato del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, su principal actuación antes de eso fue como ministra de Defensa y Asuntos Exteriores del exautócrata Rafael Correa.

Por supuesto que Espinosa tiene el apoyo de Cuba, pero ese país no es miembro de la OEA. Además, la representación de Venezuela dentro de la organización no la tiene el gobierno de Maduro, sino el internacionalmente reconocido presidente interino, Juan Guaidó, quien no apoya a Espinosa. Incluso, está en duda el voto de Nicaragua, pese a los estrechos lazos de su gobierno con Cuba y Venezuela. Y los otros Estados que eran de izquierda o “bolivarianos” (Bolivia, Uruguay y El Salvador) viraron a la derecha el año pasado.

En vista de sus vínculos con Correa y el apoyo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no es desacertado ver en Espinosa a la candidata de la izquierda bolivariana y castrista de América Latina.

En varias entrevistas, se negó claramente a decir que el régimen de Maduro es una dictadura, y no se ve muy entusiasmada por seguir denunciando la represión estatal en Nicaragua o los intentos de actores extranjeros de interferir en la inminente elección en Bolivia.

Si Estados Unidos y otros miembros de la OEA con ideas similares hacen los deberes y convencen a tres o cuatro países caribeños para que voten por Almagro, la facción bolivariana perderá.

Almagro tiene comprometidos públicamente 17 de los 18 votos necesarios. Pero en la OEA es tradición que en la votación, que es secreta, los embajadores in situ actúen por cuenta propia, en particular porque muchos de ellos tienen poca comunicación con sus respectivas capitales insulares.

Además, existe la posibilidad de que en el último momento Cuba ejerza influencia en forma encubierta, apelando al significativo papel de su personal médico y de inteligencia en muchas de las islas.

Asimismo, Venezuela lleva más de diez años proveyendo a esas islas petróleo a precios subsidiados. Y, como parte de su activa promoción de la candidatura de Espinosa, México está tratando de que el Caribe vote en bloque, como si fuera un grupo separado dentro de la OEA.

Pero, a diferencia de ocasiones anteriores, el gobierno de Estados Unidos parece estar más atento a la OEA. Designó a Carlos Trujillo, su representante permanente ante la organización, como enviado especial del presidente, Donald Trump, para la inminente elección.

Trujillo está visitando las capitales del hemisferio con la esperanza de conseguir votos suficientes para Almagro, especialmente en el Caribe.

En circunstancias normales, este esfuerzo, sumado al creciente aislamiento de las fuerzas bolivarianas de la región, debería bastar. Pero en América Latina nunca hay que cantar victoria antes de tiempo.

Existe un riesgo real de que los partidarios de Almagro estén demasiado confiados o de que subestimen la habilidad de Cuba para orientar a sus aliados en la dirección “correcta”.

Es necesario reducir al mínimo ese riesgo. Estos años la OEA ha sido una fuerza crítica muy activa y eficiente en el combate contra los gobiernos autoritarios y las violaciones de los derechos humanos en América Latina, y es vital mantener esa postura. Pero solo será posible si el 20 de marzo el organismo reelige a Almagro.

Jorge G. Castañeda: exministro de Asuntos Exteriores de México, es profesor de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos y del Caribe en la Universidad de Nueva York.

© Project Syndicate 1995–2020