Al iniciarse el 2021, unas 8.000 empresas reportaban suspensión de labores y 6.000, la reducción de jornada. La crisis económica afecta el tejido empresarial; caen las ventas, los ingresos y se cancelan los contratos.
El sector turístico perdió $2.500 millones en ventas y 100.000 empleos, aproximadamente, el año pasado. Se calcula que tendrá una recuperación del 30 % este año, pero no será hasta el 2024 cuando volverá a las cifras del 2019.
Es imperativo salir de la crisis cuanto antes mediante el control de la pandemia, la vacunación masiva y estrictas medidas de prevención.
La apertura económica e innovadores incentivos son clave para generar confianza y reconstruir los sectores productivos más afectados. Estos requieren financiamiento e incentivos para mejorar el cuadro económico. No es época de aumentar la carga fiscal al sector productivo ni de seguir expandiendo el gasto corriente.
Urge la liberación de recursos y la eliminación de trabas a quienes producen; además, el gobierno debe amarrarse la faja en el gasto y medir fríamente la productividad en cada una de las instituciones del Estado.
Cierre del 2020. El déficit financiero del 2020 fue un 8,3 % del PIB, el más alto de los últimos 20 años. El gasto adicional debido a la pandemia en el 2020 significó ¢294.000 millones, lo que obligó también a disminuir las trasferencias en ¢198.000 millones.
El ahorro se concentró en una reducción pequeña del gasto corriente, por el cumpliendo de la reforma fiscal y la contracción de un 38,2 % de los gastos de capital, con el consiguiente perjuicio en infraestructura y el futuro mejoramiento de la competitividad.
Las remuneraciones prácticamente no crecieron, después de un promedio del 4 % en los últimos 4 años. El Banco Central hizo un nuevo cálculo de la producción nacional y la aumentó un 3,5 %, lo que incide en el denominador y disminuye el déficit fiscal del 8,3 % del PIB al 8,1 % y la deuda pasó del 69,7 % al 67,5 %.
La economía cayó un 3,6 % en el 2020 y para el 2021 se prevé un crecimiento del 2 %. Para rescatar la producción del 2019, con un 2 % de crecimiento, vamos a tener que esperar cinco años; un lujo imposible para el país. Es preciso hacer un esfuerzo adicional para recuperar crecimientos superiores al 5 % anuales.
Este año. El presupuesto del gobierno asciende en este 2021 a $19.200 millones (un 32 % del PIB) y los ingresos, a $8.600 millones (un 14,3 %). Los ingresos ordinarios solo cubrirán el 44,8 % de los gastos, el resto deberá financiarlo con más deuda. El déficit fiscal proyectado alcanza el 9,3 % del PIB ($5.580 millones) y el primario, un 3,95 % ($2.370 millones).
Las necesidades de caja, para cubrir los $5.580 millones y amortizaciones por $4.400 millones, será de $9.980 millones.
Entre la amortización y los intereses se comen el 42 % del presupuesto. Las pensiones con cargo al presupuesto requieren $2.200 millones.
El gobierno deberá conseguir $10.400 millones para amortizar la deuda por $4.400 millones, más intereses por $3.600 millones, y cubrir el déficit primario de $2.400 millones. Es posible que la deuda del Gobierno Central llegue al 80 % del PIB.
FMI. El gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cumplir antes de junio:
1. La aplicación de la regla fiscal (Ley 9635) en todo el sector público, que limita a un 65 % el incremento de los gastos e inversiones, del promedio de crecimiento del PIB de los últimos tres años, mientras la deuda supere el 60 % del PIB.
Esta ley exige austeridad y pone en cintura a la Administración Pública. Para ver frutos, no deben permitirse excepciones, como actualmente sucede con las universidades, municipalidades y el Poder Judicial.
Es inconcebible que en un país con elevadas cifras de desempleo y problemas sociales, 119 entidades públicas se nieguen a cumplir la Ley 9635.
2. El congelamiento de las pensiones con cargo al presupuesto, superiores a ¢462.000, y las plazas vacantes y a regulaciones de productividad hasta que se reduzca la deuda al 60 %.
3. La aprobación de la ley de empleo público para instituir las mejores prácticas internacionales y regular las convenciones colectivas, la rectoría y la gradualidad de los aumentos a quienes tienen las mismas calificaciones y obligaciones con salarios inferiores.
4. Inspección rigurosa de las importaciones en las aduanas mediante el uso de tecnología de punta y con transparencia.
5. Venta de la cartera de Conape, siempre que no se afecte el financiamiento de los alumnos de las universidades privadas, que son el 65 % de los graduados.
6. Aporte durante cuatro años de un 30 % de las utilidades de 14 empresas estatales, sin que este impuesto sea transferido a los consumidores.
7. Cobro de un impuesto del 0,5 % a las propiedades cuyo valor sobrepase los ¢150 millones.
8. Reducción de exoneraciones de los salarios escolares superiores a ¢840.000.
9. Renta global para quienes tengan ingresos por más de ¢8,2 millones anuales.
10. Un 25 % de impuesto a los premios superiores a ¢225.000.
11. Restricciones presupuestarias para hallar un balance del 60 % en el gasto y un 40 % de nuevos ingresos. De acuerdo con los cálculos hechos por Hacienda, la reforma generaría una reducción en gastos en el 2021 equivalente al 0,77 % del PIB; en el 2022, un 1,49 %; y en el 2023, un 2,24 %. Los nuevos ingresos ascenderían en el 2021 al 0,29 %; en el 2022, al 0,70 %; y en el 2023, al 1,17 %.
Decisiones esenciales. Esta negociación requerirá excelente comunicación, confianza, reglas claras, el involucramiento del presidente, solidaridad, estabilidad de precios, madurez política y visión clara de lo mejor para el país.
Estamos en el año del bicentenario y, más que nunca, la unidad será necesaria para salir adelante y apoyar a los más vulnerables.
Todos debemos aprovechar la crisis y verla como una oportunidad para, a partir del acuerdo con el FMI, diseñar una agenda paralela con miras a una mejor gobernabilidad, acabar con la rigidez presupuestaria, modernizar la gestión de la deuda, simplificar el régimen laboral, impulsar la productividad, reforzar la competencia, mejorar las leyes que afectan las obras públicas, simplificar los trámites, invertir en la estructura tributaria, tomar medidas de rescate financiero para las pymes y establecer mediciones de productividad en todo el sector público.
Terrible error sería mantener el rumbo actual. Hay que hacer un alto y reflexionar. Este año debe ser de unión y austeridad. Parar la fiesta.
La pobreza no disminuye a pesar de una inversión del 40 % del presupuesto. Establezcamos medidas de productividad y no continuemos otorgando prebendas.
Entre el 2014 y el 2019 las remuneraciones del sector público crecieron en términos reales ¢1 millón de millones (un 3,2 % del PIB). Es hora de cambios para vencer la desocupación, la desigualad, la pobreza y la violencia.
El autor es ingeniero.