Jorge Woodbridge. 9 junio

El envejecimiento de nuestra población es un problema que debe llamarnos a reflexionar y tomar medidas sociales, culturales, políticas y económicas para afrontarlo con anticipación.

Vivimos un cambio demográfico con consecuencias considerables en los servicios públicos de salud, educación y pensiones.

El 8,2 % de la población tiene más de 65 años hoy y en el 2030 será el 13 %. En los últimos 7 años se han cerrado más de 60 centros educativos y la matrícula en escuelas públicas disminuyó en 100.000 niños aproximadamente. En el 2018, los menores de 18 años eran el 26,8 % de la población y en el 2030 serán el 23,2 %. El gasto en salud aumentará en menos de 15 años un 90 % y en pensiones, un 263 %.

Costa Rica está envejeciendo inmersa en una economía estancada y endeudada. La combinación de esos dos factores es preocupante.

Desde 1980, el país contaba con un bono demográfico favorable, al tener una cantidad de ciudadanos dependientes (menores de 15 años y mayores de 65) que disminuía y en edad productiva (entre 15 y 64 años) en aumento, pero la tendencia se revirtió en el 2016: la dependencia era el 43 % y se proyecta que para el 2050 será el 57,4 %.

Pensiones. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha incrementado la cobertura de pensiones para adultos mayores dentro del Régimen No Contributivo para combatir la pobreza de aquellos que, por condiciones sociales y económicas, no contribuyeron al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Pero ese programa social no es sostenible si no logramos enderezar la economía.

El crecimiento de la población adulta ha sido exponencial. Tenemos más 410.000 adultos mayores, suma que se duplicará en menos de 30 años. ¿Cómo hará frente el gobierno a esa realidad? ¿Acaso no es preocupante que tengamos una desocupación que supera el 12 %? ¿Qué pasará con el millón de empleados informales quienes, en su mayoría, no contribuyen al IVM ni al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM)? ¿Qué pasará en el futuro con los adultos mayores que no tienen seguro de salud ni pensión? ¿Cómo explicar a los políticos que gran parte de la informalidad de nuestra fuerza laboral se debe a las altas cargas sociales a la planilla y la tramitomanía?

¿Acaso no sería mejor financiar con presupuesto nacional las Asignaciones Familiares, el IMAS, el INA y otras cargas sociales que encarecen el empleo? ¿Hasta cuándo va a requerir el Banco Popular más apoyo?

Las únicas cargas que deben tener los patronos deben ser para el IVM, el SEM, el Fondo de Capitalización Laboral, el Fondo de Pensiones Complementarias y el INS. Así, el patrono pagaría el 18,83 % en lugar del 26,33 % y los trabajadores, el 9,34 % en lugar del 10,34 %.

Hay que fortalecer los ingresos de la CCSS, tanto en enfermedad como en pensiones. Tenemos que unificar el régimen de pensiones y acabar con los privilegios. Solo si un trabajador contribuye al IVM y al SEM tiene asegurados una pensión que le permita vivir dignamente y acceso a servicios de salud durante toda su vida.

Con un hueco financiero de más de ¢700.000 millones, creado por el Estado y menores cotizantes, está claro que la sostenibilidad financiera de la CCSS está en peligro. Esa es la razón por la cual es urgente buscar soluciones diferentes para aumentar la cantidad de afiliados y la eficiencia institucional, así como para acabar con las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional.

Todos los trabajadores deben estar en un solo régimen de pensiones administrado por la CCSS, con montos máximos y supervisados por la Superintendencia de Pensiones. Quienes quieran una pensión mayor deben ahorrar en un fondo de retiro individual. Los trabajadores cuyas jubilaciones excedan el monto fijado por la CCSS deben aportar a un fondo especial, redistributivo y solidario del 30 % al 80 % del límite. No podemos exigir sacrificios a los costarricenses para seguir dando pensiones a costarricenses que jamás hicieron el ahorro para disfrutarlas. El acabar con los privilegios ayudaría al fisco a cubrir esas cargas fiscales que asfixian el empleo y la formalidad.

Salud. El seguro de salud corre el riesgo de insolvencia en el 2030, pues los aportes de patrones, trabajadores y Estado no alcanzarán para cubrir los costos crecientes por el envejecimiento de la población y los gastos, cada día más caros, de la atención médica. En el 2030 se presupuesta un déficit de ¢900.000 millones, si no se consigue elevar la productividad.

Más de 1,7 millones de trabajadores y 86.000 patronos contribuyen a la CCSS. El crecimiento de los gastos administrativos, médicos y en medicamentos están creciendo más que los ingresos. En el 2027, se llegará al punto de equilibrio, y a partir de esta fecha el régimen estará en rojo.

La CCSS pasó de un gasto en remuneraciones de ¢1 billón en el 2014 a ¢1,3 billones en el 2018 debido a sus 55.000 trabajadores, lo cual significó el alza de un 25 % en tan solo 4 años. Remuneraciones que significan un 55 % de los ingresos y que exigen austeridad y productividad.

De los egresos de la CCSS, el 14,5 % es para cubrir a los no asegurados y el 9,1 % son trabajadores independientes que cotizan un menor monto.

Conforme el envejecimiento de los asegurados avance, demandarán más días de hospitalización y más servicios. La obesidad, la hipertensión, la diabetes y otros padecimientos requerirán de más atención médica especializada, medicamentos más caros y tecnología más costosa. La atención de la salud pasará de representar el 75 % de los ingresos en el 2016 al 80 % en el 2030, con servicios administrativos crecientes que consumen el 13 % del gasto.

No nos hemos preparado, hace tiempo debimos transformar los centros hospitalarios y entrenar personal para educación sanitaria, nutricional, física y emocional especializada porque en el 2040 el país tendrá más del doble de adultos mayores y estos requerirán calidad de vida y centros educativos con programas especiales.

Por otra parte, la agresión a adultos mayores va en aumento. El maltrato, menosprecio e irrespeto no están ausentes en nuestra sociedad. Los adultos precisan de paciencia, respeto y amabilidad. Reflexionemos porque, irreversiblemente, todos llegaremos a esa etapa de la vida. No podemos mantener la misma infraestructura y cultura, hay que hacer cambios significativos para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Tenemos que erradicar todas las formas de violencia y discriminación. Ellos tienen los mismos derechos de gozar de una vida digna. Si va a ser larga, que sea feliz.

El autor es ingeniero.