Iván Molina Jiménez.   5 septiembre

En días pasados, La Nación publicó una información que, en otros países más civilizados que Costa Rica, tendría todas las características de ser una noticia falsa: que el Ministerio de Hacienda propone reformar el Reglamento del Impuesto sobre la Renta para que las personas que alquilan bienes inmuebles, aun si los tienen desocupados, presenten la declaración jurada de ingresos.

De esta manera, al costo de no tener alquilados esos bienes, sus propietarios deberían sumar el costo administrativo de tener que presentar una declaración mensual para reportar cero ingresos. Si no lo hacen, se les multaría con una suma de medio salario base (¢223.100).

Desde hace mucho tiempo, la cultura institucional imperante en el Ministerio de Hacienda es inquisitorial, confiscatoria, desconectada de la realidad social y cultural, y proclive al absurdo.

Para las corporaciones dueñas de centros comerciales, edificios y otros inmuebles de esta índole, una reforma como la propuesta tiene un impacto muy limitado, ya que el costo administrativo de la declaración se diluye al sumarse a las responsabilidades de los contadores de la empresa.

Costo. Muy distinto es el caso de los pequeños propietarios de casas y locales comerciales, muchos de los cuales tendrían que asumir el costo de contratar un contador para que, mes tras mes, presente una declaración por cero ingresos.

De hecho, algunos de esos propietarios tendrían que invertir en el pago del contador una suma igual, o superior, a lo que pagarían de impuesto sobre la renta, si sus casas o locales estuvieran alquilados.

Una situación de este tipo la experimentan ya los escritores, puesto que la reforma fiscal aprobada el año pasado los ha obligado a presentar todos los meses la declaración del IVA, aun cuando no reciban ingresos, con el costo que implica pagar al contador.

Aunque rara vez se comenta públicamente, lo cierto es que el Ministerio de Hacienda es altamente ineficiente, y ha procurado compensar esa ineficiencia mediante una burocratización creciente y desproporcionada, que impone costos indebidos e innecesarios a los contribuyentes y a los consumidores.

Pesadilla. Para los contribuyentes, el solo hecho de ingresar digitalmente al Ministerio de Hacienda resulta una pesadilla, ya que todo el sistema parece haber sido expresamente diseñado para no ser amigable con las personas que pagan impuestos, ya que en vez de hacer simple lo complejo, hace exactamente lo contrario.

En el caso de los consumidores, ocurre algo similar, ya que si todos los costarricenses exigieran la factura electrónica cada vez que realizan una transacción, pasarían la mitad de sus vidas (si es que no un poco más), haciendo fila a la espera de llegar a la caja.

Si bien una y otra vez los gobernantes de turno se ufanan de que luchan a brazo partido en contra del exceso de trámites y de la burocratización desaforada, sus esfuerzos han dejado de lado, sistemáticamente, el Ministerio de Hacienda, una entidad en la que urge una reforma estructural para que aliente la actividad económica, en vez de robarle aire (particularmente a los pequeños y medianos emprendimientos).

Burbuja. Actualmente, en los centros de las ciudades principales del país, hay miles de pequeñas casas vacías y de modestos locales comerciales desocupados, y cada día que pasa ese número inexorablemente aumenta.

Evidentemente, antes de impulsar una reforma como la propuesta, habría sido oportuno que quienes mandan en el Ministerio de Hacienda hubieran salido de la burbuja en la que viven, hubieran recorrido esos cascos urbanos y se hubieran dado a la tarea de conversar con los propietarios de dichos inmuebles.

Sin embargo, algo así nunca va a ocurrir. Desde hace mucho tiempo, la cultura institucional imperante en el Ministerio de Hacienda es inquisitorial, confiscatoria, desconectada de la realidad social y cultural, y proclive al absurdo.

Además, opera completamente de espaldas a los contribuyentes (a los que parece considerar solo como recursos exprimibles y no como personas) y no rinde cuentas a nadie, por lo que su extendida ineficiencia está exenta de controles externos.

De todas las instituciones que conforman el sector público, Hacienda es la única a la que, en las últimas décadas, nadie se ha atrevido a ponerle un dedo encima, pese a que es en la que más urge hacerlo (y no un dedo, sino todo el cuerpo).

El autor es historiador.