EscucharCitar la Constitución Política y los 51 convenios y más de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscritos por Costa Rica para justificar la actual huelga de educadores, es tautología de bajos vuelos.
Los gobiernos se lo han creído y el perjuicio para los estudiantes es incalculable; para la economía, los expertos lo estiman en miles de millones de colones.
La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y su hermana la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), sin embargo, siguen citándolos y recitándolos con el propósito de asustar al país con su soflama sobre la violación de derechos sindicales; derechos, sin ninguna duda, hipertrofiados.
Quien tenga la curiosidad de echar una mirada a los convenios y los artículos de la carta magna señalados por los gremios se dará cuenta de que no es más que una repetición inútil y viciosa.
“Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción”, se lee en el artículo 3 del Convenio 87 de la OIT, al cual recurre APSE para sostener que recibir notificaciones por correo electrónico “lesiona gravemente la autonomía sindical”. Autonomía era, hasta hace poco, una hermosa palabra. Hoy, está devaluada.
La forma de notificar establecida en el artículo 663 del Código de Trabajo es de la prehistoria y solo sirve para dar trabajo a los notificadores. Ir a dejarles el documento “personalmente” ha facilitado a los sindicalistas ocultarse y, como Fouché, “engañar hasta al más sagaz”.
Según APSE, dicho Convenio y el 98 sustentan también “las huelgas políticas o contra políticas públicas”.
En ninguno de los 21 artículos del Convenio 87 se hace mención de las huelgas y el 98 es para establecerles lineamientos a los países signatarios. Nada de lo consignado insinúa siquiera el derecho a dichas huelgas.
Falta de lectura crítica. ¿Conocen el chiste de la época del estalinismo sobre cuál es la mejor manera de cazar un león? Va así: “Agarras a un conejo y le empiezas a dar bofetadas y a decirle que vas a matar toda su camada… hasta que confiese que en realidad es un león disfrazado de conejo”. Me lo contó el narrador de El hombre que amaba los perros, del escritor cubano Leonardo Padura. Así actúan los sindicatos, torturan las leyes, preceptos y acuerdos para que digan lo que ellos quieren oír.
Y en muchas ocasiones, cuando no encuentran en un convenio de la OIT un apoyo, se basan en criterios del Comité de Libertad Sindical que no son vinculantes.
Con pocas luces, se quejan también de que plantear en la reforma el rebajo de los salarios de forma retroactiva cuando las huelgas sean declaradas ilegales, desde el momento de la presentación de la solicitud de declaratoria de ilegalidad por el patrono, contraviene la jurisprudencia de los Tribunales de Trabajo, “que considera que los efectos de la declaratoria de ilegalidad son de aplicación posterior a que se dicte sentencia en firme”. De esta forma —manifiestan los sindicalistas— “se busca intimidar a los trabajadores para que no se sumen a la huelga, así como castigarlos económicamente por haberse manifestado”.
Más bien esa es la más ingenua de las pretensiones de la ley para regular las huelgas. Para detener el debilitado discurso de la violación de la Constitución y las decenas de convenios de la OIT, debe incluirse en el texto la suspensión del pago del salario desde el inicio de la huelga, como en España, Italia, Francia, el Reino Unido, Alemania, Irlanda, los Países Bajos, Bélgica, Noruega, México, el resto de Centroamérica, Panamá, República Dominicana, Colombia y Chile, entre otras naciones.
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Lo ominoso. Fuera de los argumentos hueros, está uno perverso, como es afirmar que “la educación no es un ámbito que atente de forma directa contra la vida, la salud o la seguridad de las personas” o que “un niño no va a morir por no recibir educación”.
Desafortunadamente, los diputados Carlos Ricardo Benavides y Yorleny León concuerdan con los presidentes de APSE y ANDE, y procedieron a eliminar del expediente 21049 la calificación de servicio esencial a la educación, pese a que la muy llevada y traída OIT ha dicho que depende de cada país definir cuál, en su contexto, es un servicio esencial.
José Martí les habría explicado: “Educar es poner coraza contra los males de la vida. El crimen, y el deseo, que lleva a él, muerden fácilmente en los ignorantes, o en los que por no tener la mente acostumbrada a pensar, ni afición a los goces que provienen de ejercitar el pensamiento, emplean en la mera bestial satisfacción de sus instintos todas las fuerzas activas de su naturaleza”.
Por eso las cárceles no están colmadas de intelectuales (aunque los hay), ni los narcotraficantes, hasta donde sabemos, se graduaron en Harvard. A que los niños caigan en sus manos, sí debemos temerle.
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Guiselly Mora es editora de Opinión de La Nación.
