Marta Acosta Zúñiga.   26 octubre

Nadie ignora que Costa Rica vive un momento histórico difícil cuyas implicaciones son de carácter estructural, lo cual provoca en la ciudadanía consciente una profunda preocupación.

Las cifras hablan por sí mismas, la situación se ha tornado compleja y la realidad muestra un rostro de severidad que nadie puede soslayar.

Es preocupante ver la forma como naufragan las finanzas públicas y muy doloroso percatarse, al mismo tiempo, del deterioro de las conquistas sociales que por tanto tiempo han sido orgullo de la sociedad costarricense.

Si bien es cierto que la pandemia agravó la problemática, también lo es que el país no ha sabido tomar las decisiones requeridas para evitar llegar al actual estado de cosas. Entonces, la pregunta más importante en estas circunstancias es: ¿Qué estamos haciendo por el país?

Discusiones múltiples. No tiene sentido llorar sobre la leche derramada ni tampoco hacer una evocación sobre tantas advertencias. No obstante, desde la función que ostento y como ciudadana que soy, contemplo un país consumido en discusiones estériles sobre una situación tan delicada; actitudes y comportamientos, como los de quienes opinan sin conocimiento técnico y proponen soluciones inmediatistas sin abordar la raíz de los problemas; y personas intransigentes con respecto a las posiciones de otros cuyos argumentos merecen análisis y consideración.

Algunas personas procuran entorpecer todo intento de construcción y hay sectores que solo velan por lo suyo, sin ningún afán de atender los problemas comunes. Por eso, el doble discurso termina cayendo cuando llega el momento de la verdad.

Al mismo tiempo, están quienes proponen soluciones de manera responsable, pero, aun así, no son escuchados. Y están las personas que muestran una notoria pasividad ante los acontecimientos, como si nada estuviera ocurriendo, por lo que su indiferencia es igualmente pasmosa.

En fin, una gama de actitudes y comportamientos que en poco o nada contribuyen a la urgente atención de los problemas centrales que nos afectan como sociedad.

En lo que respecta en general a los tomadores de decisiones estratégicas, en los poderes formales y en las dirigencias de las organizaciones de la sociedad civil, no parece existir (lo cual juzgo por los resultados hasta ahora) ni la suficiente consciencia ni la premura necesaria ni la coherencia ni la articulación para solventar la gravedad de la situación fiscal que experimenta el país.

Por esta vía se pierde así la oportunidad para atender los asuntos estructurales del Estado, al que definitivamente le ha llegado su hora. Pierde además la Hacienda pública, pierde Costa Rica y, a fin de cuentas, perdemos todos, por cuanto, además, estamos incidiendo, no para bien, en el futuro de los más jóvenes, aunque desde ya lo hacemos golpeando a los sectores más vulnerables de la población.

Tiempo agotado. Lo cierto es que no hay tiempo. Mientras tanto, el descalce de la operación del Gobierno Central a setiembre es una diferencia de ¢2,1 billones entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes, y el déficit financiero alcanza el 6,8 % del PIB; magnitudes insólitas y alarmantes.

El déficit autorizado en la ley de presupuesto del 2020 supera el 11 % del PIB. El Ministerio de Hacienda estima cerrar en un porcentaje relativamente menor con sus acciones de política.

Este reiterado desfase ha llevado la deuda a cantidades insostenibles. El endeudamiento del Gobierno Central pasó de aumentar dos puntos del PIB en el 2009 a más de 5 puntos al año en el 2019. En setiembre del 2020, el saldo alcanzaba el 69,2 % del PIB.

Es decir, en solo nueve meses aumentó en 10,7 puntos del PIB, debido también a la caída en la producción. El espacio fiscal se agota cada vez más temprano en el año, y tenemos únicamente tres meses de sana hacienda, lo cual es una situación completamente inadmisible.

Las proyecciones para el 2021 no generan ninguna esperanza y, mientras tanto, no se vislumbran acciones concretas y eficaces para revertirlas.

Soluciones. Parece haber diferentes vías. Desde la Contraloría y en materia de Hacienda pública, sin entrar en aspectos de organización del Estado ni de política pública, hemos puesto sobre la mesa asuntos profundos que requieren ser revisados, priorizados y modificados gradualmente.

Recordemos que los determinantes de cambio no son únicamente las cuestiones fiscales, es decir, hay una combinación de factores que empujan hacia una ineludible reforma del Estado: cambio demográfico, clima, transformación digital, escasez de recursos, eficiencia de los servicios y entorno disruptivo (pandemia, tecnología), entre otros.

Por ello, a la hora de tomar decisiones es imprescindible tener visión integral a mediano y largo plazo, articulación y coherencia no solo de los actores, sino también de los asuntos por resolver, algunos de los cuales son bastante especializados y demandan, por tanto, personas experimentadas para su atención.

Debemos tener humildad y confiar en quienes pueden realmente contribuir de buena fe a proponer soluciones. Específicamente, sobre lo fiscal: la brecha entre ingresos y gastos que no hemos sido capaces de cerrar con ingresos frescos durante muchos años la hemos cerrado con endeudamiento.

Eso no es nuevo y es precisamente el origen de nuestro grave problema fiscal. Entonces, ¿cómo reducir el gasto y aumentar el ingreso? Hay muchas respuestas. En términos generales, por el lado del ingreso, la CGR planteó como alternativa la revisión de la eficiencia del sistema tributario (cantidad y eficiencia de los tributos), del gasto tributario (plazo, fuente alternativa de ingresos, análisis costo-beneficio de las exoneraciones) y de la evasión y la elusión (planes eficaces, inteligencia tributaria, controles cruzados).

Por el lado del gasto, urge revisar destinos específicos (resultados, propósito, plazo, ajuste en las asignaciones), empleo público (ley general, enfoque integral, salario global, transparencia de normas), transferencias corrientes (propósito, calidad del gasto) y diseño institucional del Estado (competencias, recursos, normas, duplicidades, propósitos).

Otros asuntos que ha planteado la CGR, menos estructurales, pero urgentes para eficientizar el gasto, son, por ejemplo, las adquisiciones públicas únicamente a través del Sicop y el manejo eficiente de la liquidez pública de forma centralizada (generaría ahorros en los costos de administración, así como transparentaría el manejo de los fondos públicos), entre otros.

La eficiencia del gasto depende necesariamente de una integración y simplificación de los procesos de recaudación y transformación de los recursos en servicios para la satisfacción del interés público.

Costa Rica urge una gestión financiera pública integrada, que no opere en silos, como lo hace actualmente. Un sistema en el cual se conecten por medio de una plataforma única o interoperable todos los presupuestos públicos, independientemente del actor que los apruebe y de los sistemas de planificación nacional, de empleo, de recaudación, de pagos, etc.

Sería evolucionar de una visión institucional fragmentada y enfocada en el cumplimiento de la normativa hacia una gestión financiera comprensiva de toda la Hacienda pública, con énfasis en los flujos y los procesos para que por medio de las economías de escala y los procesos estandarizados se logre un uso más eficiente de los recursos públicos.

El Proyecto Hacienda Digital del Bicentenario, que se discute en la Asamblea Legislativa, sentaría algunas bases de esta idea y no se quedaría únicamente aislado en el Ministerio de Hacienda.

El contexto fiscal actual exige, asimismo, la integración de las decisiones a corto, mediano y largo plazo, atendiendo no solo el inmediatismo, sino también la sostenibilidad de la provisión de servicios públicos a partir de la operacionalización del principio de plurianualidad y sostenibilidad establecidos en el artículo 176 de la Constitución Política.

Acuerdos y responsabilidad histórica. Tengo la esperanza de que estas ideas, y otras muy valiosas de diversos actores, servirán como punto de encuentro en las profundas y técnicas discusiones que fructificarán con prontitud en ansiadas soluciones.

El diálogo social ha sido abierto en la sociedad costarricense por diversos sectores y por el gobierno en momentos realmente críticos, oportunidad que debemos aprovechar sin ambages.

Ya no hay tiempo. Los tomadores de decisiones y los grupos de interés deben saber muy bien que este es el momento preciso para alcanzar acuerdos por el bien del país, apelando a que el interés general sea el norte. Para ello, es imprescindible dejar a un lado egos, intereses particulares, así como la desconfianza y esos miedos que causan tanto daño entre los diversos actores sociales.

Es momento de lograr, con sabiduría y valentía, que el país supere esta delicada transición; al igual que lo hicieron los hombres y las mujeres valientes en el pasado. Honremos su memoria con nuestros actos.

Estoy segura, como muchos costarricenses conscientes, de que nadie en su corazón quiere heredar retroceso, desigualdad y pobreza a Costa Rica.

La autora es contralora general de la República.