Jorge Woodbridge. Hace 5 días

El gobierno planteó la apertura progresiva y controlada. Dependiendo del acatamiento de las normas sanitarias, las actividades económicas podrían reanudarse en agosto.

Al ampliar los horarios de trabajo en centros comerciales, tiendas y restaurantes, y reabrir hoteles y regresar a clases, el riesgo de contagio aumentará, por tanto, es preciso tener disciplina o volveremos al confinamiento, con el consecuente elevado costo social y económico.

Ya no queda espacio para financiar gastos con base en endeudamiento externo con eurobonos. Está claro que, sin orden, no habrá reactivación sostenible.

La crisis necesita una ruta clara sobre cuáles medidas tomar a corto plazo para estabilizar el país y volver a crecer.

Bien hace el gobierno al apoyar a los costarricenses afectados por la pandemia, pero, en paralelo, debe crear un programa de salvamento para el sector productivo con el fin de rescatar el empleo y los ingresos del sector público. De no hacerlo, los programas sociales son insostenibles.

El sector privado carga su cuota de sacrificio, pero, si no se actúa rápido, las empresas no volverán a levantarse.

El país no debe seguir manteniendo 374 instituciones. Urge revisar y cuestionar el costo-beneficio de cada programa.

Al caer la producción y entrar en una recesión, será imposible sostener un sector público que demanda un 76 % del PIB y en solo cuatro años consumió ¢700.000 millones de recursos adicionales en remuneraciones.

No parece ni justo ni razonable que, mientras hay cientos de miles de afectados económicamente por la pandemia, en el sector público se vaya a pagar el bono escolar iniciando el 2021.

El gobierno debe demostrar con hechos su capacidad y compromiso con el manejo responsable del dinero público.

Demandas. La administración necesita ¢4,4 billones para gastos y pagos a corto plazo, para lo cual solicitó al Congreso la aprobación de ¢2,5 billones en préstamos concedidos por organismos financieros internacionales y la colocación de ¢1,9 billones en bonos de deuda pública interna.

El hueco fiscal tiene su origen en la caída de ingresos por ¢1 billón debido a la contracción económica, la moratoria para el pago de impuestos y un aumento en los gastos para atender la pandemia.

Este año se vencen ¢2,8 billones de la deuda pública, lo que compromete la liquidez y el déficit fiscal.

En los últimos cinco años, la deuda se duplicó y es posible que al finalizar el 2020 llegue a representar entre el 64 % y el 66 % del PIB debido a un déficit fiscal que superaría el 9 % del PIB y una contracción de la producción superior al 4 %.

En los mercados financieros, la credibilidad ha desmejorado desde el 2014 por el mal manejo fiscal. Las calificadoras de riesgo Fitch Rating y Standard & Poor’s bajaron la nota al país, paulatinamente, desde el 2017.

Lo anterior significa que no es posible salir a vender eurobonos al mercado internacional, salvo que se paguen elevadas tasas de interés.

Ordenar el gasto y los ingresos es imperativo para salir de la crisis. La regla fiscal debe cumplirla todo el sector público. Hoy, la Tesorería depende de los préstamos multilaterales y el mercado interno. Ya no queda espacio para financiar gastos con base en endeudamiento externo con eurobonos. Está claro que, sin orden, no habrá reactivación sostenible.

Salvamento a empresas. El Estado instó a los Bancos Nacional y de Costa Rica, a la Banca para el Desarrollo y al Popular a apoyar con capital de trabajo, avales, capital de riesgo, mercadeo, innovación y capacitación a las pymes y al sector empresarial afectados por la contracción de la demanda interna y externa causada por la pandemia.

No se trata de una inyección de recursos frescos; son los mismos que tienen los bancos disponibles en su programa crediticio y están sujetos a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

El problema de este programa es la agilidad y la cantidad de requisitos. Las empresas están carentes de liquidez. El apoyo debe incluir a todos los segmentos empresariales, no solo a los clientes de los bancos.

Bien haría el gobierno si tomara parte de los recursos externos otorgados por las entidades financieras internacionales para financiar un programa de salvamento para los sectores productivos y no solo con el fin de cerrar una brecha fiscal, producida por los excesivos gastos del aparato estatal.

Costa Rica exporta cientos de productos agrícolas, pecuarios e industriales a decenas de destinos. En total, vende en mercados extranjeros $13.000 millones al año, por lo cual tiene que concentrar esfuerzos para darle sostenibilidad a este negocio.

En industrialización de bienes de alto contenido tecnológico, el país es uno de los líderes en América Latina y las multinacionales más importantes están aquí. Unas 1.000 empresas exportan aproximadamente $3.200 millones. La demanda de mano de obra calificada está concentrada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por lo que es necesario un gran esfuerzo para mejorar significativamente el sistema educativo con el objetivo de seguir creciendo en este mercado.

En solo tres años, el 40 % de las nuevas oportunidades estarán en áreas como computación en la nube, ciberseguridad, mercadeo, inteligencia artificial y otras disciplinas que exigirán reconversión y actualización.

La industria turística necesita actuar con rapidez mediante readecuación de deudas, construcción de infraestructura, abaratamiento de tarifas eléctricas, flexibilización de horarios laborables, creación de incentivos nuevos y fortalecimiento del mercadeo y la capacitación.

Los turistas generan el 8,2 % del PIB y 600.000 empleos directos e indirectos. Es una actividad con un gran beneficio social, pues a ella se dedican cerca de 3.800 pequeños empresarios y produce unos $4.000 millones. Solo la caída este año significará una disminución del 2 %. La pérdida de cuando menos 1,5 millones de visitantes por vía aérea es una contracción del 64 %.

No menos valiosas son las 21.000 pymes dedicadas al comercio (56 %), la industria (19 %) y servicios (14 %). Pymes que componen nuestro tejido empresarial, responsable del 34,5 % del empleo.

Aprovechemos esta crisis para ordenar la casa y apoyar a los más afectados.

El autor es ingeniero.