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Página quince: Sanciones y recompensas

‘Se busca’ dio resultado en el Viejo Oeste y acabaron con una plaga, y funciona hoy contra los nuevos delincuentes

FIRMAS PRESS. Me parece el camino correcto. El 8 de octubre Mike Pompeo anunció el nombre de otro sancionado. Se trata de José López Bello. Otro de los venezolanos encartados.

Pompeo es el secretario de Estado de Estados Unidos. Antes estuvo al frente de la CIA. El departamento que hoy dirige Pompeo ofrece $5 millones como recompensa a la persona o grupo que coloque a López Bello en el banquillo de los acusados ante la justicia estadounidense.

En el Oeste, donde merodeaban los bandidos y los cazarrecompensas, dio resultado y acabaron con esa plaga. En esos tiempos eran operaciones más crudas: “Se busca vivo o muerto”.

De que el asunto va en serio puede dar fe el presunto ladrón colombovenezolano Alexis Saab. Está detenido en Cabo Verde a la espera de la extradición a Nueva York o a Miami para ser juzgado.

Le imputan haberse robado, en contubernio con las autoridades de Venezuela, cientos de millones de dólares relacionados con la comida que importa la dictadura para el "pueblo”.

En definitiva, lo acusan de formar parte de la trama internacional del crimen organizado que se ha cebado en Venezuela. Donde están, “todos revolcados”, Irán, las FARC, el ELN y otros impresentables delincuentes.

Eslabón del crimen. La percepción de que Venezuela es una pocilga infectada, cuyo gobierno forma parte del crimen organizado transnacional, es muy importante.

Recientemente, esto se hizo patente en la ONU. Se sacó a votación si durante dos años más permanecía una comisión que velara por el respeto de los derechos humanos en Venezuela. La misma comisión, presidida por Michelle Bachelet, que había publicado un penetrante análisis de los crímenes cometidos por los esbirros de Maduro.

Cuba y Venezuela, como es lógico, batallaron entre bastidores para que no se aprobara.

¿Resultado? Veintidós países votaron a favor de que se mantuviera esa espada de Damocles sobre el cuello de Maduro, veintidós se abstuvieron (que era una forma vergonzante de aprobar la resolución) y solo tres naciones se atrevieron a votar a favor de Caracas.

¿Qué naciones fueron capaces de respaldar al dictador Maduro? El propio gobierno de Venezuela; Eritrea, que vota lo que le sugiere Cuba; y Filipinas, dirigida por el abogado Rodrigo Duterte, una especie de “vigilante” loco que ha hecho asesinar a miles personas extrajudicialmente, acusadas de consumo o tráfico de drogas.

La composición de los tres grupos es muy interesante. En el que aprobó la resolución abundan las democracias establecidas, incluida Argentina, donde el propio presidente, Alberto Fernández, dio instrucciones a la Cancillería para que se opusiera al régimen de Maduro, contradiciendo las instrucciones de su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

En el que se abstuvo están casi todos los Estados islámicos y algunas satrapías africanas que forman parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

No obstante, comparece el México de López Obrador, personaje pintoresco que tiene graves problemas con las violaciones cometidas en su país a las que no desea enfrentarse. Entre ellos, los atroces 43 asesinatos de los estudiantes de Ayotzinapa.

Como ha subrayado en repetidas ocasiones el politólogo Sánchez Berzaín, la cuestión de los regímenes como Cuba, Venezuela y Nicaragua —Bolivia y Ecuador se han escapado provisionalmente de esa caracterización— no debe verse dentro del esquema ideológico, sino desde la óptica del crimen transnacional organizado para el que existe un antídoto: la Convención de Palermo, organizada con el auspicio de la ONU con el objeto de enfrentarse a las mafias.

Organismos internacionales. Al mismo tiempo, el especialista Sánchez Berzaín ha advertido sobre el inmovilismo de los organismos internacionales. ¿Para qué sirve la condena de la OEA, el Grupo de Lima o la ONU si los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua continúan ejerciendo el poder, aunque violen los derechos humanos y empobrezcan a sus pueblos insensiblemente?

Es cierto, aun cuando por lo menos quedan los castigos con nombre y apellidos. El programa de las sanciones y recompensas no comenzó con el presidente Trump, sino en 1986, con Ronald Reagan, pero ha sido enriquecido y utilizado por las administraciones demócratas de Clinton y Obama, de manera que es ridículo esperar que quien ocupe la Casa Blanca lo liquide.

A lo largo de los años el Departamento de Estado ha repartido $130 millones y continuará “honrando sus compromisos”.

Hasta ahora 75 importantes delincuentes han acabado tras la reja. Eso seguirá, no importa lo que suceda en las elecciones del 3 de noviembre. Seguro.

El autor es periodista y escritor.