Jorge Woodbridge. Hace 2 días

Tenemos que revisar cuidadosamente la estrategia que hemos desarrollado para reducir la pobreza en Costa Rica. Existen serias dudas sobre la articulación de diferentes actores y la efectividad en las últimas dos décadas. La cantidad de programas, la amplitud, la diversidad, la duplicidad, la rigidez, la falta de sinergias y la ausencia de visión a largo plazo han generado resultados frustrantes.

Después de más de 20 años de poner en marcha diversos programas de asistencia y promoción social, con una robusta plataforma económica y social, no hemos logrado corregir las graves desigualdades y los persistentes problemas laborales. Según la encuesta de hogares de julio del 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), tenemos 1.178.000 costarricenses en condición de pobreza, con fuertes carencias para adquirir una canasta básica de servicios y productos para vivir con dignidad.

Nuestros programas han sido diseñados para contener, mas no para reducir la pobreza. No hemos llegado, con un apoyo integral y oportuno, a quienes son los más vulnerables ante una deficiente alimentación, falta de servicios, carencia de vivienda digna, conectividad, seguro de salud, empleo informal, rezago educativo e infancia sin cuido. No hemos llegado a madres jefas de hogar, adultos mayores sin pensión y discapacitados. La pobreza afecta con mayor dureza a las regiones Chorotega, Pacífico Central, Brunca y Huetar. Es en la pobreza donde hay 312.387 hogares en el primer quintil con ingresos de ¢58.527 per cápita, en una situación de extrema carencia.

En los últimos 20 años, no hemos avanzado en su reducción, a pesar de la millonaria inversión que hacemos año tras año. Entre el 2010 y el 2018, la pobreza extrema pasó del 5,8 % a 6,3 %. Es preocupante cómo la deserción en la educación formal no desciende, a pesar de que aumentamos los ingresos y disminuye la matrícula, lo cual causa un serio rezago educativo y un bajo desarrollo de capital humano.

Programas sociales. El país cuenta con 34 programas para reducir la pobreza, en los cuales participan 22 instituciones diferentes. Lo preocupante de esta maraña institucional es la duplicidad de esfuerzos, la falta de focalización, el alto costo operativo y la falta de medición. Carecemos de una estrategia integral que coordine esfuerzos. Se ha buscado crear una base de datos confiable, como el Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO), pero los resultados no parecen variar, debido a nuestra compleja realidad social y burocrática.

Un estudio realizado en el 2016, por Juan Diego Castro, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE), muestra que no pertenecen al sector pobre el 59 % de los beneficiarios de los comedores escolares, el 43 % de los que reciben alimentos en el programa de los CEN-Cinai, el 50 % de quienes obtienen las ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el 66 % de los beneficiarios de bonos de vivienda, el 48 % de los beneficiarios de becas y el 33 % de las pensiones del sistema no contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Inversiones sociales. En el 2018, se invirtieron 83.000 millones para atender el régimen no contributivo de la Caja, que beneficia a 114.000 costarricenses y el IMAS presupuestó 217.929 millones para combatir la pobreza.

En el 2018, los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) a los programas sociales fueron de 610.196 millones, de los cuales el sector privado aportó como contribución patronal sobre la nómina 311.000 millones.

A los ingresos provenientes del 5 % del recargo sobre planillas públicas y privadas, hay que sumarles las transferencias corrientes del Gobierno Central provenientes del impuesto de ventas. El Fodesaf financia programas al IMAS, Patronato Nacional de la Infancia (PANI), comedores escolares, Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), indígenas, Hospital Nacional de Niños, vivienda, becas, red de cuido, deporte, CEN-Cinai, desarrollo rural y otros.

El PANI tiene una asignación de un 7 % del impuesto sobre la renta y su labor central es atender a las personas menores de edad. En el 2018, recibió una transferencia de 49.000 millones del Gobierno por pago de una deuda atrasada, que aumentó dramáticamente sus ingresos a 79.171, sin que la institución contara con la capacidad de ejecución por falta de un plan estratégico. Como se puede apreciar, las cifras que el Estado dedica a la lucha contra la pobreza— aparte de los recursos invertidos en educación— son enormes y los resultados son muy cuestionables.

Situación actual. Estamos viviendo una preocupante desaceleración de la economía con un crecimiento en el desempleo y la pobreza. Vivimos tiempos complejos que afectan la generación de nuevas oportunidades. La baja capacidad de consumo está estrujando la economía. Los costarricenses consumen menos y, paralelamente, las empresas venden menos. El alto endeudamiento de los hogares está afectando el consumo. En el 2018, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas logramos evitar una fuerte crisis económica y caer en la insolvencia. Las coaliciones políticas operaron y hemos logrado aprobar leyes muy importantes. Entre 1918 y 1919, se agudizó la vulnerabilidad de grupos sociales excluidos, lo que ha incidido en las fragilidades estructurales, como la pobreza y la desigualdad.

Hoy el desempleo golpea a 280.000 costarricenses y las pymes, que son las más dinámicas en creación de empleo, nacen, pero mueren al poco tiempo. El parque industrial está seriamente afectado por la demanda interna, los altos impuestos, la maraña de trámites y los altos costos de los servicios públicos. La inversión social pública que viene de las planillas y el impuesto de ventas se están desacelerando. La red de cuido y decenas de programas sociales tienen problemas para asegurar su sostenibilidad financiera. De ahí la importancia de buscar cómo logramos revertir esta tendencia y volver a crecer. El endeudamiento público nos está absorbiendo todos los recursos, por lo que debemos ser más cuidadosos que nunca en el gasto, para lograr que en esta difícil coyuntura sean realmente los más vulnerables quienes reciben los recursos de los programas sociales. No puede ser que los colegios técnicos, las universidades públicas y privadas estén desvinculados de la demanda. Los sectores más dinámicos no ofrecen muchas oportunidades a la oferta. El sector exportador está también afectado por la demanda, por lo que requerimos acciones muy concretas del Gobierno para salir adelante.

Más que nunca, tenemos que amarrarnos la faja en el gasto privado y público y ser solidarios con los más vulnerables. Tenemos que focalizarnos en esos 312.287 hogares para apoyarlos, darles las herramientas y el soporte para que salgan adelante. Solo si generamos más empleos en el sector privado saldremos de este difícil momento.

Mejoremos la educación y enfoquémonos en apoyar a los que más lo necesitan. No podemos seguir canalizando recursos para reducir la pobreza a quienes no los necesitan. Solo así cerraremos las brechas sociales que hemos creado por una política social ineficiente. Es claro el estudio del IICE en concluir que los recursos para luchar contra la pobreza son suficientes para cubrir las necesidades de los costarricenses más frágiles. No podemos aceptar mayor ineficiencia y falta de focalización en los programas sociales. Hay que mejorar la información, coordinación, medición, fusionar instituciones y programas para lograr economías de escala.

El autor es ingeniero.