Escuchar:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/YJ35B5EF3JEQBJA2RFINJ2R5C4.JPG)
17/5/19. Puerto de Moín, administrado por Japdeva. Foto Jorge Castillo (Jorge Castillo)
Parece que el diálogo y la concertación se agotan. Cada día se evidencia más la confrontación a consecuencia de una preocupante polarización en nuestra sociedad, acrecentada por la pandemia y un Estado con serios problemas estructurales.
El resultado son déficits presupuestarios crecientes, insostenible endeudamiento y baja productividad. La falta de acción pasa la factura. La pobreza llegó al 30 % (1,5 millones de personas), el desempleo al 20 %, la informalidad al 40 %.
Los números reflejan una grave situación social que exige actuar pensando en el bien común y no en los privilegios de cada grupo social.
Los problemas de vivienda, salud, educación, conectividad, infraestructura, honestidad, transparencia y gobernanza se agudizan. Las brechas sociales se ensanchan a pesar de la millonaria inversión hecha durante décadas en programas de asistencia social y educación.
Debe buscarse la fórmula para vencer la pobreza, la desigualdad, la ira, la desconfianza, la fatiga y la falta de ilusiones por un mejor futuro, que se traduce en disgusto social.
El gobierno debe acelerar la vacunación y fortalecer los controles para evitar desperdicio o la aplicación a personas que no pertenecen a los grupos más vulnerables.
La juventud no tiene apego a los partidos políticos y percibe que su futuro será más complejo que el de sus padres. Hemos sacrificado su futuro a punta de deudas para sostener el gasto corriente, principalmente.
Tenemos que buscar soluciones para salir de esta grave situación y explorar mecanismos de participación y diálogo para evitar brotes de descontento. Debemos fortalecer la democracia para operar un cambio ordenado y evitar el surgimiento de políticos populistas.
La tensión social está al límite. No podemos seguir como vamos. Nuestro actual Estado está secuestrado por instituciones obsoletas o que han crecido en tamaño y son improductivas.
LEA MÁS: Estudiantes pobres volverán a clases sin pronta solución para acceder a Internet
Conectividad. La calidad de la educación preescolar, primaria y secundaria sigue en grave deterioro. La mitad de los hogares costarricenses no cuentan con una computadora ni Internet de banda ancha.
Esa fisura digital se ha convertido en analfabetismo y falta de oportunidades para la nueva sociedad del conocimiento y la información. Uno de cada cuatro hogares del primer quintil, que son los más pobres, tienen una computadora, mientras el 85 % de los más ricos cuentan con Internet de alta velocidad y computadoras.
La conectividad es un derecho humano y debe ser prioridad. La productividad de los recursos humanos de un país está muy ligada a las destrezas, habilidades y capacidades de incorporarse a la nueva era digital.
Los hogares y los centros educativos conectados son fundamentales para competir. El nuevo convenio entre el Ministerio de Educación (MEP) y la Fundación Omar Dengo y Fonatel conectaría 4.400 centros educativos con banda ancha y llevaría Internet a unos 500.000 estudiantes.
Es un proyecto que debe ejecutarse a corto plazo para no afectar a los estudiantes, que reciben las clases combinando presencia y virtualidad, y que en el 2018, por la huelga de educadores, perdieron un año lectivo y en el 2020 resultaron seriamente afectados por la pandemia, la falta de herramientas digitales y la carencia de recursos humanos calificados.
La educación de óptima calidad debe ser el eje principal del cambio. El reparto de computadoras y la conectividad son pasos cruciales, lo que falta es capacitar a los educadores y a los padres de familia.
El MEP tiene ¢42.000 millones para preparar y poner en ejecución el programa de alfabetización. Es un ministerio obligado a una total transformación de la educación. Esperemos que estos proyectos se concreten y que no tengamos otro año perdido, porque significará más desigualdad y pobreza.
Reestructurar. Nadie quiere efectuar las reformas estructurales urgentes para salir de la crisis. Siempre ha costado hacer cambios. La discusión de una transformación toma años, y a veces décadas. Las reformas financieras tardaron demasiado tiempo y todavía no concluyen. Los márgenes de intermediación son muy altos y eso afecta los costos internos y la competitividad.
LEA MÁS: Grúas de Japdeva dejan pérdidas de ¢910 millones al año
Es preciso crecer al 7 % para acabar con el triste cuadro de pobreza y desempleo nacional. Ningún partido político se cuestiona la necesidad de cerrar y fusionar.
El país posee dos bancos estatales a un alto costo social y económico, y todo sigue igual. El costo del cierre del Anglo ascendió a ¢35.000 millones, más los costos sociales y económicos indirectos.
Del cierre técnico del Banco Crédito Agrícola de Cartago no se extrajo ninguna lección, a pesar de que el Ministerio de Hacienda se vio obligado a inyectarle ¢118.000 millones y traspasarle parte de la cartera al Banco de Costa Rica.
Recientemente, el Congreso condonó ¢800 millones a 128 productores agrícolas que debían al Sistema de Banca para el Desarrollo, y que estaban en mora antes de la pandemia.
Del caso del cemento chino se desconocen los costos reales para el sistema financiero y cuáles son las enseñanzas a fin de evitar que vuelva a repetirse. Fue un escándalo que sacudió el Poder Judicial y el sistema financiero, pero la Fiscalía, después de varios años de investigación, no ha identificado ni sancionado a los directores intelectuales.
LEA MÁS: Editorial: Punto final en Japdeva
Reformas. Las reformas siempre han sido erráticas e incompletas. Se planeó reestructurar y modernizar la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), para lo cual se le transfirieron ¢15.000 millones de Hacienda, con un destino específico, cual era reducir los costos operativos de personal, pero la jerarca de entonces decidió comprar dos grúas pórticas, que son un fiasco, pues originan mayores pérdidas.
En el 2019 se decidió trasladarle ¢10.000 millones adicionales por medio de un préstamo de diferentes instituciones para seguir el proceso de reingeniería, centrado en redimensionar la planilla, traslados horizontales, incentivos en prestaciones, prejubilaciones y otras medidas de apoyo para los trabajadores. No obstante, no se cumplió la meta de pasar de 1.186 a 400 trabajadores, que habría sido el punto de equilibrio financiero institucional.
Tampoco fue posible diversificar las actividades con un parque industrial, una terminal de cruceros, una marina y una terminal intermodal de carga mediante alianzas público-privadas. La planilla solo se redujo un 43 % y los números siguieron en rojo, lo que requirió una nueva inyección de ¢16.237 millones. La presidencia de Japdeva pide más oxígeno dada la eminente insolvencia.
El capítulo de las reestructuraciones es de nunca terminar debido a las presiones sindicales y la complacencia de los políticos de turno. Para revertir los malos indicadores sociales y económicos, el Congreso debe poner orden a las convenciones, los salarios y las pensiones crecientes. La ley de empleo público es una oportunidad de oro para enderezar la ruta.
Mal harían los diputados si continúan dando concesiones a grupos de presión. Todos los empleados del sector público deben estar cobijados por una ley marco que ponga ordenen en el Estado.
El autor es ingeniero.
