Carlos Tiffer. 13 abril

Costa Rica es un país de prestigio internacional por el respeto a los derechos humanos. Tal reconocimiento lo ha convertido no solo en una relevante voz y líder en el acatamiento y promoción de los derechos fundamentales, sino también en referente de buenas prácticas.

Por lo anterior, llama poderosamente la atención, en especial a los estudiosos del tema, la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario que vive nuestro país desde hace muchos años.

Recientemente, mi tutor o, como llaman en Alemania, mi doktorvater, Dr. Frieder Dünkel, a raíz de una conferencia internacional a la que iba a asistir en Chile, me consultó lo siguiente: ¿Qué pasó en Costa Rica? ¿Cómo llegaron a ser el segundo país de América Latina con más presos? Además, me envió el cuadro estadístico, que publico junto con este artículo, para confirmar los datos; no lo podía creer, tenía dudas de que los números fueran ciertos para una nación como la nuestra.

Tal vez si fueran de Venezuela, Honduras o El Salvador, era lo esperable, pero de Costa Rica, para un estudioso del derecho penal, costaba creerlo. Les resumo la explicación que le envié a mi profesor de cómo llegamos a esos datos, los cuales tuve de inmediato que informar de que eran, lamentablemente, correctos, y somos, junto con Panamá, el país de América Latina con más personas presas por cada 100.000 habitantes, medición que se hace de acuerdo con los estándares recomendados por las Naciones Unidas para establecer la población penal.

Causas. Los responsables de este serio problema de sobrepoblación y hacinamiento penitenciario son cuatro factores.

En primer lugar, los políticos. La seguridad ciudadana se ha convertido en materia electoral. Los candidatos muestran posturas duras y ven en el delito una oportunidad de presentarse frente a los electores como líderes rigurosos y severos, lo que ha generado una tendencia a una política criminal populista.

Muy vinculado a la realidad política se encuentra el factor legislativo. Desde el 2007, se vienen aprobando reformas legales que han aumentado las penas en diferentes delitos, hasta llegar a la máxima actual de 50 años de prisión. Han sido tipificados nuevos delitos y se han aprobado leyes como la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo, la ley de tránsito, entre otras. Asimismo, se han creado procedimientos expeditos o sumarios en casos de flagrancia que, prácticamente, significan una condena segura.

Otros factores ajenos al quehacer político que han influido en la sobrepoblación y hacinamiento carcelario son los judiciales. Existe un mayor número de penas privativas de libertad y menos utilización de medidas alternativas al juicio. También, un uso excesivo de la prisión preventiva, una más larga duración de los procesos penales y una fuerte política de persecución del Ministerio Público, incluso en casos de insignificancia que podrían resolverse a través de otros mecanismos más eficientes y menos gravosos para los derechos fundamentales.

Otro factor es el aumento real de la criminalidad. La estadística demuestra que ha habido un incremento en el número de delitos, especialmente, los que conllevan penas privativas de libertad, como por ejemplo contra la vida; los relacionados con drogas, sobre todo, venta y tráfico internacional; contra la propiedad, particularmente vinculados a la violencia y al uso de armas de fuego.

No se trata de una simple percepción o suposición; el país afronta una actividad delictiva mayor y formas de ejecución graves y violentas en las cuales el uso de las armas de fuego desempeñan un papel fundamental tanto en la realidad delictiva como en la reacción estatal ante el delito.

Oír a los expertos. La respuesta de mi profesor se centró en que urgía que las autoridades escucharan a los expertos para encauzar la política penal de nuestro país. Le respondí que, lamentablemente, nuestros políticos no siempre escuchan criterios técnicos u objetivos para la toma de decisiones cruciales como la política penitenciaria.

Por lo anterior, no es de extrañar la visita a Costa Rica de expertos de las Naciones Unidas para la prevención de la tortura, quienes estuvieron en 23 centros penales y de detención.

Concluyeron que es vital diseñar políticas públicas destinadas a reducir el hacinamiento, y no solo concentrarse en la construcción de nuevos espacios. Por más cárceles y más espacios que tenga el país, tarde o temprano se llenarán, si no existe una vigorosa política para reducir el encarcelamiento.

No existe una fórmula única ni mágica en ninguna parte para eliminar el delito y las conductas violentas; por lo cual, la privación de la libertad, desafortunadamente, tampoco podemos eliminarla. El abolicionismo del sistema penal no pasa de ser una hermosa utopía muy alejada de la realidad humana. Pero sí es muy urgente reducir el delito y, especialmente, las formas violentas de comisión para llegar a cuotas razonables, con un uso moderado, y como último recurso, de la pena privativa de libertad.

Esto se logra a través de una política criminal bien pensada y que no solo esté concebida o focalizada en la represión del delito, sino más bien en otros factores como las oportunidades, la educación, la salud, la vivienda y todas las posibilidades que deben presentárseles a los ciudadanos para un desarrollo sano.

Un buen ejemplo son las respuestas que se originan en la comunidad, como la recuperación de espacios públicos por parte de 20 municipalidades costarricenses, modelo de seguridad creado en Medellín, Colombia, y que inspira esfuerzos en el país, según lo documenta el reportaje publicado en La Nación el 8 de abril. Este formidable esfuerzo camina en la dirección correcta.

El autor es abogado.