Rubén Hernández Valle. 7 agosto

Nuestra sociedad, a diferencia de la griega, que se basó en el principio del mesotés (el justo medio), es de extremos. El mejor ejemplo de esa impronta cultural la tenemos en materia de privilegios.

La profundización del Estado social y democrático de derecho, que evolucionó paulatinamente a partir de la promulgación de las garantías sociales en la década de los cuarenta del siglo XX, nos ha dejado como herencia un Estado altamente comprometido constitucional y legalmente con el otorgamiento de ventajas económicas y sociales para determinados estratos de la sociedad, cuya incipiente economía no soporta.

La política de salarios crecientes, que en su momento desempeñó un papel decisivo en el robustecimiento y consolidación de la entonces naciente clase media, es hoy completamente insostenible, pues ha disparado el gasto público de manera exponencial e incontrolada. Por ello, los pluses salariales deben ser eliminados de raíz y precisa establecer un salario único en el ámbito del empleo público, el cual solo se aumentaría de acuerdo con el costo de vida.

Algunos beneficios, como los bonos de vivienda, deben racionalizarse, pues el Estado no está en capacidad de regalar dinero a manos llenas, a pesar de que con su entrega se persiga un fin tan noble como dotar de casa digna a las clases más necesitadas. Desgraciadamente, la praxis nos enseña que no todos los beneficiarios de los bonos son las personas que más los requieren.

Ni que decir de las pensiones. Una solución compatible con la Constitución, la razón y la justicia sería eliminar todos los regímenes de pensiones especiales, de manera que todo trabajador cotice para el administrado por la CCSS.

Responsabilidad. Todos esos privilegios son consecuencia directa del cabildeo y la influencia, directa o indirecta, de poderosos grupos de presión y sindicatos del sector público sobre los órganos decisivos del Estado a lo largo de muchos años. Los políticos populistas también tienen una cuota importante de responsabilidad en este desangrado permanente de fondos públicos.

Cada grupo de presión ha obtenido, a través de leyes específicas o de convenciones colectivas, un sinnúmero de gollerías a costa del erario. Y, desde luego, ahora no quieren perderlas, por lo tanto, usarán todos los instrumentos políticos, jurídicos y extrajurídicos existentes para mantenerlas.

Ahora bien, ¿quién es y quién ha sido el pato de la fiesta?, pues evidentemente los recursos para mantener esos privilegios a lo largo de tantos años debieron salir y siguen saliendo de alguna parte.

El Estado nunca ha creado riqueza, pues en Costa Rica, inclusive, sus empresas insignes, como Recope, ICE, CNFL, etc., son deficitarias.

Entonces, ¿quién ha mantenido y mantiene tales privilegios desde hace más de 60 años? La respuesta es muy simple: los pequeños y medianos empresarios que tienen que competir en mercados internacionales a pesar de las desventajas internas de pagar electricidad y combustibles muy caros, lidiar cotidianamente con un aparato estatal ineficiente, atenerse a una seguridad social en franco deterioro, en fin, depender de un Estado fallido.

El sostén. Los pequeños y medianos empresarios, los cuales están en medio de los dos grupos citados, que han creado y siguen creando riqueza con su emprendimiento, a pesar de los obstáculos del aparato estatal, son quienes en realidad sostienen tanto a los de arriba (clase media alta, de donde provienen los pensionados de lujo) como a los de abajo (clases populares).

En otras palabras, los estratos medios, constituidos por pequeños y medianos empresarios y profesionales liberales, han mantenido las pensiones de lujo y las prestaciones en favor de los estratos bajos de la sociedad desde al menos hace 60 años.

Si queremos evitar que el país se hunda económica, social y políticamente a corto plazo, tenemos que incentivar de verdad, no con palabrería hueca y sin contenido, al pequeño y al mediano empresario.

Paralelamente, deben eliminarse los privilegios de la clase media alta y racionalizar las prestaciones económicas y sociales de las clases más bajas, no porque estas últimas no lo merezcan, sino porque la cobija de nuestra economía, especialmente la de fondos públicos, no alcanza para tanto. No es posible seguir viviendo más allá de nuestras posibilidades económicas y fiscales.

Si una potencia mundial como Alemania tuvo que replantear su Estado de derecho cuando se reunificó en 1989, con mayor razón Costa Rica debe asumir el reto sin más postergaciones. Por ello, tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa deben mirar hacia el futuro, pues si las leyes de racionalización del gasto público no se aprueban y no se aplica a rajatabla la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vamos directamente al despeñadero.

Las municipalidades, las universidades y la CCSS deben poner sus barbas en remojo y darse cuenta de que no son mónadas independientes que pueden determinar, sin sujeción a sanos criterios fiscales, sus gastos.

De no tomarse las medidas adecuadas en este momento, en el futuro cercano tendremos jubilados sin recibir ni un céntimo de pensión, pues no habrá fondos para pagarles. Habría que cerrar comedores escolares o restringir su funcionamiento, eliminar los bonos de la vivienda y otras prestaciones económicas y sociales que durante muchos años han paliado la situación de las clases populares porque no habría fondos públicos suficientes para financiarlas.

En suma, debemos hacer realidad el principio del mesotés griego para que sobreviva nuestra democracia a corto y largo plazo.

El autor es abogado.