Jorge Woodbridge. 28 septiembre

Uno de los primeros pasos que debemos tomar como país es definir claramente qué tipo de Estado queremos para los próximos 25 años.

Es necesario que los costarricenses nos cuestionemos esto, pues el crecimiento estatal de los últimas décadas fue explosivo.

El Estado es gigantesco y excede su razón de existir. Hemos pasado, casi sin darnos cuenta, de un Estado subsidiario a uno intervencionista y paternalista.

En estos momentos, en lugar de incentivar a los individuos para que cumplan su cometido social, los suplanta; tiende a convertirlos en súbditos y dependientes, como si fueran menores de edad o carentes de juicio para elegir lo que quieren.

Algunos se habituaron a recurrir al Estado por cualquier necesidad. Pareciera que no existen límites para la intervención.

¿Puede el país seguir creciendo y dependiendo de ese Estado? ¿Cuál es la definición de las atribuciones de ese Estado? ¿Qué quedará para la libre iniciativa de los particulares? ¿Debe Costa Rica poseer más instituciones y aprobar nuevas regulaciones o mantener gastos superfluos y derrochar sin contar con recursos para ello? ¿Puede seguir desarrollándose el Estado empresario intervencionista?

Todas estas preguntas son vitales, pues continúan creándose instituciones que por su pura gratificación no pueden cumplir los fines para los que fueron creadas. Sin tomar en cuenta el desperdicio de recursos que eso implica.

La cantidad de instituciones descentralizadas ha producido duplicidad y encarecido todos los servicios, con el consecuente deterioro de nuestra estructura social y productiva.

Es tal la intervención estatal en todos los ramos de nuestra vida económica que se han desvirtuado las concepciones tradicionales y hemos caído en una dependencia que está impidiendo el desarrollo del esfuerzo productor y podría terminar por desalentarlo del todo.

El Estado intervencionista está acostumbrado al derroche y es, en la mayoría de los casos, ineficiente. En efecto, va más allá del gasto excesivo y esto produce graves desequilibrios en la vida de todos los ciudadanos.

De seguir las cosas así, en el futuro, los empresarios podrían llegar a retirarse y entrar a formar parte de esa costosa burocracia, pues la voracidad fiscal y la intervención estatal sobrepasan la capacidad productiva.

La presencia estatal en todos los ámbitos de la producción, directa o indirectamente, ocasiona que la empresa privada sienta que peligra su supervivencia.

Partiendo de estas realidades, debemos definir el Estado que Costa Rica necesita, a fin de enfrentar y solucionar el actual deterioro económico y social.

La crisis de la producción, el estancamiento en las exportaciones, la falta de ahorro y por lo tanto de nuevas inversiones son hechos alarmantes.

¿Hasta dónde llegará el tamaño de nuestro Estado? ¿Cuál será el futuro de la empresa privada? ¿Podrá el sector productivo soportar nuevas cargas y competir exitosamente en el mercado internacional?

Una nación sostenible. ¿Queremos un Estado facilitador y subsidiario o un Estado intervencionista y paternalista? Sobre esto debemos meditar y discutir públicamente.

Es imperioso esclarecer de una vez por todas cuál es el tipo de Estado que requerimos y para ello es preciso el concurso de todos.

El Estado debe facilitar las iniciativas privadas que contribuyen al bien común y alentarlas decididamente. Suplir las necesidades sociales cuando la gente no pueda enfrentarlas por sus propios medios. Y ser un elemento armonizador de la vida social, respetando los criterios de las personas y los grupos, y propiciando un entendimiento franco entre dos sectores económicos que conforman el país.

Es necesario el diálogo permanente entre nuestras agrupaciones empresariales, los sindicatos de obreros y el Estado. Este último debe propiciar la conciliación de intereses, la convergencia de esfuerzos y una paz social dinámica, fruto de la justicia y del progreso compartido.

Estamos en la mayor crisis fiscal, social y económica de los últimos 25 años. La informalidad alcanza el 44 % de la fuerza laboral. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto de ¢2,6 billones y cada vez salimos peor en las pruebas PISA.

Las universidades públicas aumentaron las remuneraciones de ¢308.000 millones en el 2014 a ¢430.000 millones en el 2020, y hablan de que no van a cumplir la regla fiscal.

Lo preocupante es que sigan actuando como feudos y nadie parece poder pedirles resultados y productividad.

El Poder Judicial aumentó las remuneraciones de ¢306.000 millones en el 2014 a ¢385.000 millones, y la justicia no es pronta ni cumplida.

El desempleo va en crecimiento y el gobierno solo nos presenta más impuestos y nada de sacrificio.

Las pensiones representan el 22 % del gasto público, equivalente al 4 % del PIB, y no hay un proyecto de ley para terminar de cerrar más portillos.

El Régimen No Contributivo sostiene a 120.000 adultos mayores, viudas y personas con discapacidad, y en el 2021 tendremos que aumentarlo por la situación social tan compleja.

Los bancos estatales siguen teniendo altos costos administrativos y cargas parafiscales. Invertimos ¢4,6 billones (12,2 % del PIB) para combatir la pobreza y las desigualdades empeoran.

Las transferencias del gobierno crecieron de un 4,2 % del PIB en el 2009 a un 6,7 % en el 2019, y los intereses del 2,1 % al 4,2 % en el 2019.

El déficit financiero pasó del 3,3 % en el 2009 al 6,9 % del PIB en el 2019. Para este año, se proyecta un 11,5 %. La deuda cerraría en un 69 % del PIB este año.

Cambio de modelo. Los costarricenses estamos cansados de promesas y más promesas. Requerimos orden en el Estado, porque no tiene límites. Hay que combatir las enormes diferencias económicas.

No podemos aceptar la evasión, el contrabando y la elusión. Hay que acabar con la ineficiencia del Ministerio de Hacienda y mejorar la tecnología.

Tenemos que fusionar y cerrar todas las instituciones que no son competitivas. La reactivación de nuestra economía depende de un gran pacto social, donde se actúe con solidaridad.

No se trata del tamaño del Estado, sino de la productividad. Está claro que tenemos que recortar gastos y duplicidades. Costa Rica exige una economía más libre, solidaria y eficiente.

El autor es ingeniero.