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Página quince: Qué tiene que hacer el gobierno a corto plazo

El ambiente externo es complejo y la reactivación económica requiere cambios en los tiempos para abrir empresas y crear empleo

La inyección de liquidez de $1,9 billones en Estados Unidos implicará un aumento de precios, alza en las tasas de interés que pagan los bonos del Tesoro a 10 años y un costo mayor para el financiamiento de empresas y Gobierno. Tendrá un efecto en la región porque, por ejemplo, Costa Rica deberá lidiar con el deterioro en el intercambio, mayor inflación externa, encarecimiento de las importaciones, presiones sobre los intereses, depreciación de otras monedas y subida en los precios de las materias primas.

Debido a la situación externa, la política expansiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) deberá ser más conservadora para evitar un alza en la inflación más allá de lo previsto.

Con un mercado externo en recuperación, crecerá la demanda de más productos y eso obliga al país a hacer ajustes internos, balancear bien la fluctuación del tipo de cambio, prevenir el engolosinamiento con los capitales golondrina o la contracción de más deudas.

Debe evitarse revaluar nuestra moneda, pues somos un país donde el costo de vida es elevado. El pago de intereses por la deuda aumentará y afectará más la deteriorada cuenta fiscal. La inversión extranjera buscará más rentabilidad y menos riesgo, lo que conlleva mejorar las condiciones. Los bancos internacionales y los inversionistas encarecerán el costo de sus préstamos.

Para aumentar el empleo y reactivar la economía, la estrategia debería ser concentrarse en reducir el gasto público, racionalizar las cargas sociales de las empresas y las cargas parafiscales de los bancos estatales, exigir competitividad a los monopolios públicos y privados, aprobar sin exclusiones la ley de empleo público, renegociar la deuda pública, cerrar las instituciones que no aportan valor a nuestro desarrollo y aumentar la competitividad.

Hacer negocios. Poco se avanzará en productividad si no se simplifica la vida a las empresas. Hay que acabar con los miles de trámites que todos los días inventan las autoridades públicas.

Establecer un negocio en este país es de valientes, de ahí la creciente informalidad. No debería ser necesario el empleo de un abogado para inscribir una empresa. Tampoco el estar al día con la seguridad social y Tributación para hacer trámites en instituciones públicas.

Para establecer una empresa en Costa Rica, es necesario consultar a unas seis instituciones y eso encarece los costos. La falta de transparencia propicia corrupción. Para combatirla, todos los requisitos deben estar en los sitios web de cada institución, así como los formularios.

No es competitivo invertir 23 días y efectuar 10 diferentes trámites para abrir una simple microempresa. En otros países, no se tarda ni un día. El cierre de una empresa se ha vuelto eterno y es buen negocio para los abogados.

La declaración de insolvencia es uno de los peores trámites calificados por el Doing Business, del Banco Mundial. El lograr cumplir un contrato o una deuda toma años en el Poder Judicial, que está colapsado debido a la falta de sistemas digitales e infraestructura.

El pago de impuestos debería ser un cálculo simple, que no demande más de cinco minutos, si existiera un sistema digital eficiente. Nuestra dirección tributaria está llena de escalas, reglamentos, interpretaciones, resoluciones y diferentes caminos, que exige muchas veces caer en manos de especialistas.

Si fuera digital, con una carga fiscal flat sobre todos los ingresos de un 20 %, sería más simple y habría menos evasión y elusión, pero principalmente más empresas formales, más empleo e inversión. Hay que acabar con la doble imposición ligada al reparto de dividendos.

Otro factor que nos quita competitividad es el comercio transfronterizo, porque requiere 80 horas, aproximadamente, cuando debería tardar 15 como máximo. Los largos tiempos son originados por la falta de servicios digitales, infraestructura, equipos y personal calificado.

Si bien ha habido avances en la entrega de permisos de construcción, de nada sirve el famoso silencio administrativo, pues conduce a un juicio administrativo en caso de que sea negativo.

El gobierno se comprometió con la mejora regulatoria, pero a junio del 2020 había incumplido las metas de simplificación el 70 % de las instituciones y la situación no cambiará mientras no le pongan «dientes» al silencio administrativo y no guillotinen el montón de nuevas regulaciones innecesarias.

A setiembre del 2020, cuando menos, 56 trámites burocráticos no se habían podido simplificar con una declaración jurada, como opera en los países de la OCDE, donde se preocupan por la transparencia y luego se fiscaliza el cumplimiento y se imponen estrictas sanciones.

La cantidad de instituciones que llevan a cabo revisiones previas y no fiscalizan a posteriori con la misma rigidez tiene estancado el país en el subdesarrollado.

Más deuda. El gobierno apuesta por más deuda e impuestos. No hay una propuesta para reactivar la economía. El financiamiento no está llegando a quienes lo necesitan.

Los ¢900.000 millones para el sector productivo y personas físicas echaron moho en los bancos porque el gobierno no midió los riesgos y las restricciones para prestar.

Está por aprobarse un fondo nacional de garantías y avales por $300 millones, recursos que manejará el BCCR, como una línea especial de ¢700.000 millones para que los intermediarios financieros apoyen a personas y empresas afectadas, así se reducen los riesgos de los bancos.

Si bien es cierto que el BCCR y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero redujeron la tasa básica pasiva, la tasa de política monetaria y encajes, y se han flexibilizado los términos de los préstamos, las actividades comerciales, turísticas, de transporte y constructivas siguen ayunas de medidas puntuales de salvamento.

Existe una oportunidad para aprovechar el crecimiento de la economía mundial, pero hay que profundizar en los cambios estructurales, si existiera voluntad para reactivar la economía.

La firma con el Fondo Monetario Internacional es un paso para dar confianza a los bancos e inversionistas, pero es solo un parche a una situación compleja y sin solución a largo plazo.

jorgewgm@gmail.com

El autor es ingeniero.