Jorge Woodbridge. 2 enero

No es justo heredar a nuestros hijos y nietos una Costa Rica endeudada y en graves problemas ambientales y sociales.

Hemos creado un Estado rígido, lo cual le impide ser competitivo en un mundo dinámico y regido por nuevas reglas.

Nada logrará el gobierno para generar crecimiento y empleo si no reduce los gastos y aumenta la inversión.

Que las cuentas por pagar del gobierno asciendan a $38.000 millones significa que en este 2020 deberá destinar ¢335.000 millones al mes para el servicio de la deuda y seguirá creciendo, pues los gastos estatales se pagarán con un 48 % de deuda. Los intereses proyectados llegan a ¢1,9 billones, para un crecimiento del 36 %, que representan el 56 % del déficit fiscal. En el 2020, se proyecta un déficit de 7,8 % del PIB y un déficit primario del 2,3 % del PIB.

Recurrir al crédito dependerá de cuán austero y eficiente en el manejo de los recursos públicos sea el gobierno. De seguir el actual irrespeto a las leyes de austeridad, lo poco que se ha logrado se perderá.

Una política firme de ahorro obliga a acabar con los odiosos privilegios aprobados en el pasado cuarto de siglo. Este año, el endeudamiento superará el 60 % del PIB y activará medidas extraordinarias en el 2021, de acuerdo con la regla fiscal de la Ley 9635.

Pensiones, créditos para financiar más gasto público, incrementos salariales, rescates financieros y subsidios no son viables.

Está claro que en el 2021 el gobierno deberá entrar en un riguroso programa de gastos, pues no será hasta el 2023 cuando el crecimiento de la deuda se estabilice. Para entonces, alcanzará un 73 % del PIB. Según Hacienda, el ahorro proyectado es el 2,3 % del PIB e ingresos adicionales equivalentes al 1,61 % del PIB.

Privilegios. La Sala Constitucional cometió un error al avalar el privilegio salarial a 46 jerarcas del Poder Judicial. Un aumento salarial que oscila entre el 26 % y el 96 % para la cúpula administrativa y los 22 magistrados.

Es injusto que las universidades se aferren a una mal entendida autonomía para incumplir la ley fiscal. Las universidades públicas deben aprobar un alza máxima del 4,6 % y dar un ejemplo al país de responsabilidad y eficiencia en el manejo de sus recursos.

Hace bien la Contraloría General de la República al exigir a las universidades públicas la certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y el cumplimiento de la Ley 9635.

El FEES creció de ¢478.000 millones en el 2017 a ¢511.000 millones en el 2019, lo que significó ¢33.000 millones adicionales. Las pensiones del magisterio se incrementaron en los últimos dos años de ¢520.000 millones a ¢597.000 millones, es decir, ¢77.000 millones más.

En contraste, los recursos del Consejo Nacional de Vialidad pasaron de ¢226.000 millones en el 2017 a ¢183.000 millones en el 2019. Cabe destacar que las transferencias corrientes del Gobierno Central en el 2019 fueron ¢2,9 billones y las de capital, ¢417.000 millones. ¿Cómo mejorar en competitividad si la planilla absorbe la mayor parte de los recursos? ¿Cómo reducir la deuda estatal si por mandato constitucional y destinos legales hay que traspasarles al Poder Judicial, a la educación superior y a otras instituciones el 83 % de los ingresos corrientes?

Hay que reformar la Constitución y ciertas leyes para que el Ejecutivo distribuya los limitados ingresos según las prioridades de un Estado moderno. Los “reinados” que pretenden gozar de autonomía deben desaparecer por el bien de la sociedad porque hoy trabajan para el bienestar de sus funcionarios.

Otro ejemplo de indisciplina es la monarquía de Recope, que va a incumplir las medidas de ahorro de la nueva ley tributaria alegando falta de cambios tecnológicos, que, desde diciembre del 2018, debió haber efectuado.

Recope es una de las empresas que deben ser estudiadas seriamente, pues tiene una planilla cuyo costo es ¢50.000 millones, factor determinante del alto precio de los combustibles.

Dicha nómina es susceptible de reducción por lo menos en un 40 % sin perder eficiencia. En el 2011, Recope cerró la refinería por sus elevados costos y, sin embargo, nunca redujo la cantidad de personal como era lógico cuando se administra bien.

Insostenible. En el 2014, el gasto en remuneraciones del Gobierno Central ascendía a ¢1,9 billones, y cinco años después creció a ¢2,6 billones. Nada logrará el gobierno para generar crecimiento y empleo si no reduce los gastos y aumenta la inversión.

Este año, los gastos corrientes son el 92 % de los egresos. Todo se debe al pago hasta de 30 días de vacaciones, cesantía de 12 años o sin tope dependiendo de la institución, pago de cesantía en caso de renuncia, goce de siete días por muerte de un familiar cercano, un 50 % para gastos funerarios, día libre por el cumpleaños, 25 % sobre el salario adicional para quienes laboren en cómputo, 30 % por arraigo laboral para profesionales, días libres para exámenes universitarios y otros beneficios.

En cinco instituciones, los funcionarios reciben una pensión adicional, además de la pagada por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS y el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

El derroche de dinero ha sido irresponsable. La Ley 9635 plantea recortes en pluses como el de confidencialidad, cesantía, dedicación exclusiva, carrera profesional y modalidad de pago, pero nada es suficiente si no todas las instituciones cumplen.

Hay que fusionar los diferentes subregímenes de contrataciones que existen en 265 entidades públicas. En este 2020, 39 instituciones deberán revisar convenciones. Es una oportunidad para ver la voluntad del gobierno.

Muchas de las medidas contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas afectarán solo a los nuevos empleados, mientras el desempleo aumentó a un 11,4 % en el tercer trimestre del 2019.

Es preocupante que 20.000 costarricenses compitan por 167 puestos de oficiales de tránsito. Necesitamos crear más puestos de trabajo en el sector productivo y reducir el desempleo que afecta a 294.000 personas, lo cual nos obliga a hacer cambios radicales para el fomento de pymes e infraestructura, para bajar costos de intermediación financiera, eliminar trámites, mejorar la educación, aprobar la flexibilidad laboral y otras medidas en el sector público, pues es evidente que está desconectado de la realidad económica nacional y mundial.

El autor es ingeniero.