Jorge Woodbridge. 22 agosto

En la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica fueron incorporados instrumentos modernos para promover la existencia de un gran número de empresas que ofrezcan similares productos o servicios.

También se otorgó más músculo a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

La nueva legislación establece sanciones, plazos para los procedimientos, medidas cautelares, nombramiento de comisionados a tiempo completo y autonomía administrativa y presupuestaria.

De esta manera se ayuda al empresariado y al consumidor, pues se desenvolverán en un mercado más transparente y competitivo, donde monopolios y oligopolios públicos o privados serán muy supervisados para reducir barreras y para incentivar una competencia basada en precios, diseño, servicio, innovación, tecnología y calidad.

La falta de rivalidad afecta a los empresarios porque los priva de la posibilidad de combatir en un mercado internacional debido a elevados costos financieros, energéticos, de transporte y portuarios. A lo anterior debe agregarse el trabamiento burocrático y falta de infraestructura.

Con la inserción de Costa Rica en la economía internacional y la eliminación del proteccionismo arancelario, lo relevante es eliminar las distorsiones en los precios de los servicios y todo tipo de malas prácticas internas, que afectan la competitividad. Una serie de aranceles, regulaciones, cuotas y obstáculos ahogan a consumidores y compañías grandes y pequeñas.

Barreras. Solo si eliminamos monopolios, oligopolios, la limitación y coordinación de ofertas en licitaciones y otros carteles públicos y privados mejorará la competitividad.

La distribución de hidrocarburos en manos de un solo proveedor, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), difícilmente contribuye a la competitividad a causa de su onerosa operación y porque la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) no le exige el cumplimiento de las normas internacionales de información financiera (NIIF) ni transparencia ni gobierno corporativo.

La práctica de fijar el valor de los combustibles con base en costo más una rentabilidad aceptable es perjudicial para la sociedad.

Otro caso de análisis es la Fábrica Nacional de Licores (Fanal). El alcohol producido por dicha empresa estatal afecta a muchas pequeñas y medianas empresas.

No menos preocupante es la siembra y comercialización del arroz, concentradas en un grupo de industriales que controlan la competencia externa.

A pesar de los subsidios, los arroceros no han mejorado la productividad nacional debido en parte a condiciones de tecnología, suelos, clima, costos y variedades.

La industria azucarera y la Liga Agrícola Industrial de la Caña merecen escrutinio también, así como debe insistirse en una revisión de las leyes que son necesarias para proteger a los productores nacionales del dumping.

Hay que impulsar la competencia en el transporte marítimo para evitar acuerdos de tarifas y rutas entre los competidores. Los servicios profesionales deben liberalizarse. Los honorarios legales los fija el Colegio de Abogados y son un 50 % más altos que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Situación parecida la hallamos en otros colegios profesionales, como el de médicos y el de arquitectos.

En cuanto a la eficiencia de los servicios de justicia, es increíble lo que dura en resolver un reclamo.

El Poder Judicial está urgido de un cambio estructural, de tecnológica y productividad. No podemos seguir judicializando todo el actuar de la sociedad; estamos atrapados en una maraña de leyes que paraliza el país.

Generación eléctrica. Una institución modelo como fue en sus orígenes el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) perdió su razón de ser por malas inversiones, problemas de gestión, falta de innovación, estructura muy rígida y, ante todo, falta de competencia.

El ICE ha carecido de visión para separar la generación, la distribución y la comercialización.

La Aresep le fija las tarifas fundamentada en costo y no en precios competitivos. Tristemente, muchas inversiones se van de Costa Rica porque no pueden pagar tan alto valor por la electricidad.

Al haber declarado la energía eléctrica servicio público, el Estado sigue estableciendo los parámetros. Actualmente, solo el ICE es el comprador y actor principal.

La generación de energía es uno de los ámbitos estratégicos donde más precisa la competencia para dejar de afectar la competitividad nacional.

Que el ICE sea comprador único limita las inversiones y las áreas donde operar, con ventajas exclusivas y regímenes diferenciados.

Este es el caso más patético de un monopolio público que debe reestructurarse a corto plazo para aumentar la productividad.

Es complejo mantener empresas públicas que no cumplen los objetivos por los cuales fueron creadas y se volvieron obsoletas debido a sus muy caros costos operativos y la carencia de parámetros para medir su competitividad.

Con los acelerados cambios tecnológicos, la innovación, la flexibilidad y la productividad, los monopolios difícilmente podrán sostenerse.

Lo ideal es hacer una separación de cada negocio del ICE e identificar si debe segmentarse y conservar el monopolio por su tamaño y complejidad y en cuáles áreas lo mejor son alianzas con el sector privado, o abrir definitivamente la competencia.

Indicadores. Es fundamental el establecimiento de regulaciones muy estrictas para escoger las directivas de las empresas e instituciones públicas.

Solo si los gobiernos corporativos poseen buenas capacidades lograremos rentabilidad, confianza, control, transparencia, gestión de riesgos y mejores decisiones.

Únicamente con creatividad, ética, autonomía y competitividad las empresas e instituciones serán eficientes.

Todas las entidades deben ser medidas y evaluadas periódicamente para determinar su productividad y viabilidad en un entorno cambiante aceleradamente.

No podemos ni debemos conservar instituciones improductivas. Los empleados de las empresas públicas disfrutan pluses cuantiosos e inamovilidad, lo cual convierte su propio lugar de trabajo en nada competitivo.

Las compras del Estado deben estar en una sola plataforma, como lo es el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Estándares. Para lograr más transparencia, el país debe adherirse a todos los estándares en la información financiera.

Hasta el 2019, del centenar de empresas e instituciones estatales solo cuatro presentaban informes apegados a normas internacionales.

Es impresionante que instituciones como el ICE, Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otras, presenten sus estados financieros auditados sin las normas financieras internacionales.

Tener información financiera clara es esencial para medir riesgos y resultados. Solo si estandarizamos, veremos la competitividad de cada institución.

Estamos haciendo un terrible daño a Costa Rica si no llevamos a cabo un debate profesional y no ideológico sobre la evaluación y viabilidad de todas las instituciones y los mercados, tanto públicos como privados.

Lo que no esté en competencia debe revisarse y adaptarse a los parámetros como los que establece la OCDE.

De hecho, existen precios máximos en el mercado internacional y las instituciones tienen que buscar cómo mejorar su productividad.

Solo si logramos abrir el mercado y establecemos reglas claras será posible mejorar la competitividad nacional en los diferentes campos productivos.

La aprobación de la Ley 7472 y la apertura de la competencia son clave para la productividad.

El autor es ingeniero.