EscucharUna investigación periodística publicada por el medio nicaragüense Confidencial, titulada “Usaron Fiscalía para fabricar casos contra presos políticos”, habría documentado el modus operandi de los juicios políticos y los supuestos responsables intelectuales y ejecutores directos.
De acuerdo con dicha publicación, la cadena de mando empezaría en El Carmen, presuntamente con la pareja presidencial, pasaría por la fiscala general, Ana Julia Guido, y el inspector general del Ministerio Público, Douglas Vargas. Su ejecución, al parecer, sería a través de Javier Morazán, fiscal jefe de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (Uecdo).
A partir de la Uecdo, se habría convocado a un grupo de fiscales orteguistas y estos se habrían reunido con los investigadores de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía para, supuestamente, fabricar los expedientes de los presos políticos. Incluso, habrían alquilado habitaciones y locales en un hotel con gastos pagados de transporte, alojamiento y alimentación para que trabajaran con mayor comodidad en la aparente fabricación de los casos. Esto se cree que ocurrió entre julio y octubre del año pasado.
Según Confidencial, una vez armados los casos y fabricadas las pruebas, el equipo del fiscal Morazán habría sido el encargado de seleccionar y llamar a otros fiscales, quienes solamente debían rubricar el libelo acusatorio y el intercambio de pruebas.
Mientras unos fabricaron los casos, se presume que otros se limitaron a firmar las acusaciones, ya sea por miedo o por cooptación, pero, a fin de cuentas, estos últimos son los que están asumiendo la responsabilidad del delito penal en que han incurrido.
De acuerdo con la publicación nicaragüense, la cocina de juicios políticos no se habría limitado a fabricar casos e imputar delitos inexistentes, sino que, además, se presume que se convirtió en una maquinaria para borrar pruebas y evidencias que, aparentemente, implicarían a los verdaderos perpetradores de la matanza de más de 300 ciudadanos.
Cambio desde la raíz. Ese sería el legado de impunidad que Ortega pretendería imponer a Nicaragua, que se refuerza con el colapso de todas las instituciones democráticas que están controladas por el sistema Estado-partido-familia.
De manera que, cuando venga el cambio político, después de unas elecciones libres, el nuevo gobierno democrático no solamente tendrá que desarmar y desmantelar a los paramilitares y hacer un cambio total de la Policía Nacional, sino también cambiar de raíz el Ministerio Público.
La única manera de llevar a cabo estos cambios y hacer justicia, mientras se sientan las bases para una investigación sobre los crímenes de la dictadura y la corrupción, será con el apoyo de una entidad supranacional, con el respaldo de las Naciones Unidas y la OEA. De lo contrario, aunque pierdan una elección, Ortega y Murillo seguirán “gobernando desde abajo”, haciendo que este país sea ingobernable.
Por eso, ahora que hay un convencimiento profundo sobre la necesidad de crear una gran coalición nacional opositora para ir a elecciones libres, es imperativo empezar a discutir, primero, el programa de gobierno del cambio democrático, que puede unir a todos los nicaragüenses.
Uno de los puntos imprescindibles en ese programa debería ser la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Nicaragua (Cicin), que contribuya a desmantelar las estructuras heredadas por la dictadura.
Los nicaragüenses debemos aprender de las mejores experiencias de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), auspiciada por la ONU, y de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), creada con el apoyo de la OEA.
Analizar el balance de la Cicig y la Maccih, con sus logros y errores, ayudará a diseñar una entidad que responda a las particularidades de la crisis nacional y las tareas monumentales por realizar después de más de una década de dictadura.
Aprender de las mejores prácticas. En un informe preparado por el experto Charles Call, profesor de Pacificación Internacional y Resolución de Conflictos en American University, se resume así el balance de la Cicig y la Maccih: “Ambas misiones han alcanzado históricos logros fiscalizadores y procesales, llevando a funcionarios anteriores y actuales a rendir cuentas como nunca antes, advirtiendo a poderosas élites de que no habrá tolerancia ante la impunidad. Cicig ha desmantelado redes de corrupción, exponiendo su alcance en el Congreso y en el gabinete y procesando a cientos de acusados. Maccih ha respaldado acusaciones contra docenas de legisladores y una ex primera dama. A través de una labor junto con unidades especializadas de fiscales, también han contribuido a desarrollar la capacidad institucional para erradicar la corrupción”.
La transición democrática en la Nicaragua pos-Ortega no puede fundarse en otra amnistía, sino en la justicia sin impunidad. Sin embargo, no es necesario esperar que concluya el largo y complejo proceso de refundación de todas las instituciones democráticas para iniciar el cambio.
Mientras se efectúa una reforma total en la Fiscalía, la Policía, la justicia, el Poder Electoral, la Contraloría y la Administración Pública, será necesario empezar a desmantelar las mafias que están incrustadas en el Estado, con el apoyo de una asistencia internacional extraordinaria y la Cicin.
La coalición nacional opositora requiere ganar la elección presidencial y legislativa con una mayoría abrumadora para obtener un mandato político inequívoco que le facilite hacer un cambio político profundo, incluida una reforma total a la Constitución y convocar ayuda internacional extraordinaria.
A fin de cuentas, la razón de ser de la gran unidad opositora va más allá de ganar una elección: su objetivo consiste en desmantelar las estructuras de la dictadura para que Nicaragua vuelva a ser república.
carlosf.chamorro@confidencial.com.ni
El autor es periodista nicaragüense.
