Los importadores de aguacates, quienes interpusieron un caso contra el Estado y el Servicio Fitosanitario por prohibirles desde el 2015 traer al país aguacates mexicanos, se han apuntado una victoria que marca un antes y un después en la utilización de supuestas medidas técnicas contra el comercio que disfrazan medidas proteccionistas.
El Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial concluyó el 5 de febrero que la disposición se tomó sin que fueran acreditados los fundamentos científicos necesarios para justificarla. Determinó que fue un acto administrativo carente de suficientes motivos y fundamentos, y desprovisto de razonabilidad y proporcionalidad.
Con conocimiento. El Servicio Fitosanitario del Estado, formado por funcionarios competentes, pero obedientes a las instancias superiores en el Ministerio de Agricultura y en la Casa Presidencial, sabían que durante unos 20 años se había importado de México más de medio millón de aguacates y nunca se encontró en el país ni un solo árbol contagiado del viroide motivo de las medidas restrictivas de emergencia.
Sabían, también, que el aguacate importado para el consumo humano no es la causa del contagio, sino los esquejes para almácigas, los cuales no se importaban de México. Pero aun así impusieron extremas medidas restrictivas del comercio contra la compra de aguacate mexicano.
¿Por qué impusieron medidas innecesarias contra la importación de aguacates? Para favorecer la producción no competitiva de la fruta costarricense. Para favorecer a unos cuantos productores carentes de ventajas competitivas en el comercio internacional, en detrimento de cinco millones de ciudadanos con derecho a decidir si consumen aguacates nacionales o importados. Esto sucede cuando jerarcas con una cartilla ideológica sobre el escritorio limitan la libertad de todos.
Resulta grave que el propio gobierno viole las reglas del Estado de derecho. El Estado utilizó medidas fitosanitarias engañosas con el fin de definir política comercial desde el Ministerio de Agricultura, el cual no tiene competencia para ello.
Es el Ministerio de Comercio Exterior el facultado para determinar la política comercial y expresó, en el 2015, dudas sobre la legalidad de las medidas en cuestión. La situación no ha cambiado mucho desde entonces porque, aun cuando las políticas supuestamente variaron para ser menos restrictivas en el 2017 y el 2018, han sido mantenidas por la actual administración.
No fue casualidad que el actual jerarca de Agricultura anunciara en su primer día a la cabeza de la cartera que su misión sería imponer políticas proteccionistas. Ni siquiera la demanda de México ante el Mecanismo de Solución de Controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha persuadido al gobierno para eliminar las medidas restrictivas del comercio de aguacate.
Desenlace. ¿Qué impacto tendría el fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo en el litigio de México contra Costa Rica en la OMC? El resultado del tribunal del 5 de febrero es la víspera que nos permite sacar el día.
Ese resultado nos adelanta que el país perdería el caso. Aunque Costa Rica haya hecho modificaciones al régimen de importación de aguacate en el 2017 y 2018 a algunas de las medidas iniciales, los fundamentos técnicos que nuestro país usa como base del actual régimen, y que se están cuestionando en la OMC, son los mismos que el Servicio Fitosanitario consideró para imponer las medidas restrictivas en el 2015 y que han sido condenados. Fundamentos técnicos equivocados antes y ahora:
1. El gobierno continúa defendiendo que la lucha de Costa Rica es contra el viroide mancha de sol, aun cuando, después de 20 años de comercio y más de medio millón de aguacates importados, no existe prueba de la existencia de la enfermedad en suelo nacional.
2. El aguacate proveniente de México es fresco para consumo humano, su semilla y desechos no han producido contagios en todo ese tiempo.
3. Consecuentemente, el riesgo asociado por el gobierno al viroide sigue siendo desproporcionado frente a las medidas extremas adoptadas contra las importaciones provenientes de México.
Un buen acuerdo y lecciones. Ante la inminente derrota en la OMC, el gobierno debería considerar dejar de gastar millones de colones en abogados internacionales y proponer una “solución mutuamente acordada”, según establece el Entendimiento de Solución de Diferencias de la OMC, según la cual Costa Rica se compromete a eliminar las medidas restrictivas del comercio y el caso se archiva.
Por otra parte, el gobierno debería reconsiderar el Plan Nacional de Aguacate anunciado el año pasado, pues la premisa de que podrá desarrollarlo teniendo el mercado cerrado para la producción nacional no va a suceder.
Convendría que hacia el futuro se analicen con detenimiento y pensamiento lógico, y no ideológico, las desventajas de destinar recursos del Estado a promover el aumento de la superficie sembrada con respecto a productos que no tienen ventajas competitivas en el mercado internacional.
El fallo que condena las medidas fitosanitarias engañosas debe enseñarnos a todos los costarricenses que cuando el gobierno viola el Estado de derecho para limitar nuestras libertades, ya sea para proteger el aguacate, a los taxistas u otros grupos, debemos preocuparnos y defendernos.
Este caso debe abrir las puertas a otras luchas de los consumidores que no están perdidas. Todavía quedan la esperanza y las vías legales para que los ciudadanos sean quienes decidan con libertad lo que quieren consumir en vez de ver pasivamente a las autoridades decidir sobre medidas restrictivas al comercio de tantos productos, incluidos los de la canasta básica.
ronald.saborio@ulead.ac.cr
El autor es exembajador ante la OMC y expresidente del Órgano de Solución de Controversias de la OMC.