Jorge Woodbridge. 14 junio

Con el confinamiento, los ingresos del gobierno disminuyeron significativamente, las cadenas de valor se rompieron, la producción mermó, el desempleo subió debido a la suspensión de contratos y es previsible un agravamiento a partir de julio.

A lo anterior se suma que la confianza en cambios estructurales para acelerar la recuperación económica no existe, el consumo está contraído y las empresas sufren problemas de liquidez a causa de la caída en las ventas.

Solo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) pueden apoyarnos, y el resultado será más impuestos, un recorte profundo en los gastos corrientes, cierre y fusión de instituciones y ajustes pospuestos a lo largo de tres décadas.

Es una crisis compleja porque no solo la demanda interna menguó, sino también la externa.

El precio de la deuda externa bajó un 30 % a consecuencia de las malas calificaciones. La demanda de crédito se paralizó y los bancos están concentrados en la readecuación de las deudas.

Solamente los supermercados y los servicios de salud se mantienen vigorosos. Sin embargo, hay grandes oportunidades para crear nuevas actividades, traer inversiones y crecer. Todo dependerá de cuán cauto sea el país en la apertura sanitaria.

Desafíos. Una tarea es mejorar la competitividad, controlar los gastos públicos y que toda institución estatal cumpla la regla fiscal. Un mal precedente fue exonerar a las municipalidades.

Un ahorro del gasto del 0,39 % del producto interno bruto (PIB) es ridículo si se toma en cuenta que la caída de ingresos es del 3 %.

Este año el vencimiento de la deuda será de $2.430 millones, y es posible que, al cerrar el 2020, represente el 65 % del PIB.

La brecha fiscal se cerrará con $3.200 millones de los bancos multilaterales y bilaterales y los eurobonos, pero, en el 2021, la situación fiscal pondrá al país cuesta arriba porque las calificadoras de riesgo bajaron la nota a Costa Rica y no podrá salir a vender eurobonos.

Solo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) pueden apoyarnos, y el resultado será más impuestos, un recorte profundo en los gastos corrientes, cierre y fusión de instituciones y ajustes pospuestos a lo largo de tres décadas.

Será muy difícil pagar deuda en el 2021, por lo que el país está urgido de una readecuación de plazos e intereses.

¿Cómo salir adelante? Con apoyo político del gobierno y del Congreso para tomar las decisiones más apremiantes. El despilfarro de recursos públicos tocó techo.

Mala hierba. La pandemia empobreció a la Suiza Centroamericana, pero no solo fue el virus, Costa Rica ha sido víctima de la irresponsabilidad en el manejo del dinero durante medio siglo por lo menos. Nunca ningún gobierno exigió eficiencia ni rendición de cuentas.

Pensiones de lujo, privilegios de todo tipo, aumento en el costo de obras públicas por falta de supervisión, corruptos impunes, instituciones obsoletas ordeñando el presupuesto nacional, derechos adquiridos que no son tales, educadores sin la debida preparación, una institución como Fonatel que no movió un solo dedo por el bien de los estudiantes, universidades dispendiosas y un Poder Judicial en rebeldía son solo parte de la mala hierba que necesita arrancarse.

El gobierno hará bien en aprovechar la pandemia para promover los cambios estructurales pendientes. Después, será muy tarde y el costo será más alto.

Esta crisis nos tomó con un índice de desconfianza del 36 %, un vencimiento de la deuda pública —entre intereses y amortización— de $2.800 millones, con $8.000 millones en reservas internacionales, con un sistema financiero estable gracias a la suficiencia patrimonial y mora y liquidez aceptables.

En cuanto a la producción, la economía apenas se estaba recuperando de una desaceleración iniciada en el 2017, concentrada en la construcción, el comercio y la banca.

La contracción se reflejó en un desempleo creciente que llegó al 12,5 % en marzo, un empleo informal de un millón de costarricenses, un déficit que se inflaba desde el 2009, un mayor endeudamiento y una preocupante apreciación del tipo de cambio en los últimos 12 meses.

Empezar de cero. En febrero del 2020, se cumplieron 13 meses de haber entrado en vigor la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el país experimentaba una recuperación económica, aunque lenta, positiva para las finanzas públicas debido a los nuevos ingresos producidos por el impuesto sobre el valor agregado (IVA).

De acuerdo con las autoridades de Hacienda, la recaudación fue 20 veces más que en el año previo.

Lo preocupante fue que no hubo una reducción de los gastos corrientes como se anunció y, así, el embate de la covid-19 puso al país marcha atrás. Será la razón, no la ideología, la que salvará la economía nacional.

El autor es ingeniero.